CIADI falla a favor de Enagás y ordena a Perú pagarle US$194 millones

La disputa se originó en 2017 cuando el Estado peruano suspendió el contrato del consorcio integrado por Enagás, Graña y Montero (hoy Aenza) y Odebrecht para la construcción del Gasoducto Sur Peruano (GSP).

Bloomberg Línea — El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dio este viernes la razón a Enagás y condenó a Perú a pagar a la compañía US$194 millones en el procedimiento arbitral relativo a su inversión en el Gasoducto del Sur Peruano (GSP). La decisión se produce tras seis años de debates y alegatos entre las partes.

Horas antes, Silvana Carrión, procuradora ad hoc del caso Lava Jato, confirmó a Bloomberg Línea que el proceso estaba en su etapa final.

El laudo (la resolución) estima que Perú ha incumplido sus obligaciones bajo los artículos 4.1 y 5 del APPRI Perú-España, y por ende condena a Perú a pagar US$194 millones, así como el 75 % de los costos procesales.

Asesores legales de Enagás se encuentran analizando el laudo y la empresa ha señalado que se reserva el derecho a solicitar una rectificación o aclaración de la cuantificación del importe reconocido. Cabe recordar que Enagás ha manifestado ya a las autoridades peruanas su disposición para alcanzar un acuerdo amistoso.

La disputa se originó en 2017 cuando el Estado peruano suspendió el contrato del consorcio integrado por Enagás, Graña y Montero (hoy Aenza) y Odebrecht para la construcción del Gasoducto Sur Peruano (GSP), tras destaparse los casos de corrupción del Lava Jato, que implicaban a la constructora brasileña. Enagás decidió llevar a Perú ante el CIADI en 2018, al no alcanzar un acuerdo compensatorio.

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Impacto económico del fallo adverso para el Perú

Este viernes, Carlos Tapia Benavente, socio de STC Abogados y especialista en Derecho de la Construcción y Arbitraje, aseguró que un resultado del arbitraje contrario al Perú generaría un impacto negativo en la caja fiscal, pues el país estaría pagando por un proyecto inconcluso y cuya proyección de repago de la inversión era durante toda la vida de la concesión.

“En vez de pagar en cuotas, se tendría que pagar al contado. Además, es un antecedente que podría ser utilizado en perspectiva de todas las otras controversias vigentes entre el Perú y Odebrecht, así como con sus empresas vinculadas o socios en empresas concesionarias”, declaró a Bloomberg Línea.

Bajo esa premisa, señaló que es primordial el cierre de brechas en infraestructura del Perú. “Tener que destinar recursos para el pago de un resultado en contra reducirá las posibilidades de inversión en otros frentes, así como la propia conclusión del proyecto GSP”, agregó.