Lima — La Comisión de Trabajo del Congreso de Perú aprobó este martes un proyecto que plantea reconocer los beneficios laborales para los repartidores que ejercen servicios de mensajería y movilidad a través de plataformas digitales, entre las que destacan aplicativos como Rappi, PedidosYa y Jokr, abordando así una medida que también debaten otras economías de América Latina.
Aunque no cuenta con amplia mayoría de respaldo, la iniciativa peruana vuelve a abrir la discusión sobre las relaciones de trabajo entre personas y apps en un ecosistema de economía digital que trasciende al territorio nacional. El predictamen fue aprobado con 10 votos a favor, nueve en contra y una abstención, con el voto dirimente de la presidenta de la Comisión de Trabajo, Sigrid Bazán (congresista de Juntos por el Perú).
En concreto, Bazán explicó que el proyecto aprobado (que deberá pasar aún por el Pleno del Congreso) busca que los repartidores de estas apps pasen a un régimen laboral regulado, similar al que se establece bajo el decreto legislativo 728, con el objetivo de que gocen de beneficios como vacaciones, pensiones, compensación por tiempo de servicios (CTS), seguro de salud, entre otros aspectos.
“Esperamos que ese dictamen llegue pronto al Pleno y sea aprobado y convertido en Ley”, destacó Bazán desde su cuenta personal de Twiter tras la aprobación del proyecto.
La aprobación de este predictamen se da semanas después de que diversos ‘motorizados’ de Rappi-nombre bajo el que se conoce popularmente a los repartidores- realizaron movilizaciones en contra del app en Lima y otras grandes ciudades peruanas, denunciando recortes de pago por parte de la plataforma y exigiendo, en algunos casos, que se formalice su labor y se les otorgue beneficios como trabajadores.
La alternativa de ‘envíos económicos’ de Rappi fue la que encendió la chispa para que inicien los reclamos a mediados del mes de mayo, y en esa misma línea resurgió la discusión sobre las regulaciones laborales que ya se buscaban establecer para los servicios que operan dentro de la economía digital.
EL DEBATE: LA RELACIÓN ENTRE APPS DE DELIVERY Y MOTORIZADOS
Como todo econsistema disruptivo, la operatividad en los aplicativos que surgen a través de la economía digital ha generado polémica y discusión en varios países del mundo a lo largo de los años. Ha sido el caso de plataformas de movilidad como Uber, prohibida en algunos países, mientras que las apps que proveen servicios de intermediación entre negocios y clientes mediante motorizados son cuestionadas por la ausencia de legislaciones que supervisen dicha labor y las relaciones entre personas y empresas.
Durante el breve debate de la iniciativa aprobada en Perú, la congresista Susel Paredes consideró que hay un “estado de desamparo” en el que se encuentran los motorizados de aplicativos digitales en la actualidad. “La actividad del delivery ha venido para quedarse para siempre. (...) Estas personas, en mi perspectiva, son trabajadores, porque la relación laboral tiene tres elementos que se cumplen en este dictamen: prestación personal; un pago; y una relación de subordinación”, consideró la legisladora.
Sin embargo, la iniciativa recibió una serie de críticas y observaciones de entidades competentes que son claves para analizar la problemática. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) señaló, por ejemplo, que el predictamen desconoce la naturaleza de la economía digital y el funcionamiento de los aplicativos, y teme que ello impacte la actual labor de 47 mil socios conductores, 13 mil repartidores y 886 mil usuarios de las plataformas de intermediación digital que operan en el país.
La Sociedad de Derecho y Empresas Digitales, por su parte, detalló que la iniciativa legal no considera que la retribución económica a favor de los repartidores no se percibe de parte de la plataforma digital, sino desde el pago del consumidor o cliente. Ambos análisis advierten sobre los descincentivos que se generarían para la continuidad y expansión de negocios como Rappi, PedidosYa, Jokr, entre otros.
Por el contrario, el Ministerio de Trabajo expresó que el predictamen es viable con ciertas observaciones. Entre estas, detalló que es posible que la labor de reparto o transporte de personas mediante apps tenga varias aristas, como los casos en los que ciertas relaciones no califiquen como laborales “al tratarse de una auténtica prestación de servicios independientes o autónomos”. “La iniciativa legislativa podría enfocarse en establecer criterios que permitan definir (...) la existencia o no de una relación laboral en los servicios de reparto (...) por medio de plataformas digitales”, expresó la cartera laboral.
¿QUÉ PASA EN OTROS PAÍSES LATINOAMERICANOS?
Son numerosas las iniciativas de otros países que también buscan establecer vínculos laborales y marcos legales para las operaciones en los aplicativos digitales. Chile, por ejemplo, aprobó un proyecto de formalización laboral entre socios y plataformas digitales de transprote y delivery, con detalles como protección del empleador, jornada de trabajo regulada y mecanismos de cálculo de la remuneración, entre otros puntos.
La medida chilena empezó a regir en agosto del 2022, pero estableció tres años desde su publicación -en marzo- para que las compañías como Uber, DiDi, Rappi, entre otras, cumplan con las obligaciones que estipuló el Código de Trabajo. Esta propuesta brinda también el derecho de desconexión para trabajadores dependientes como independientes, haciendo la distinción entre las distintas relaciones laborales que se perciben en dicho ecosistema.
Luego, entre otras propuestas más avanzadas se encuentra un proyecto impulsado en Argentina por legisladores cercanos al Gobierno para regular a las apps de delivery como Rappi y PedidosYa, que plantea crear un registro obligatorio para “trabajadores de las aplicaciones” y otorgar un “certificado habilitante” que fijaría condiciones y requisitos para que los motorizados se inscriban y para que se establezcan derechos de desconexión y aseguramiento de riesgo de trabajo.
La oposición al gobierno argentino ha señalado que el registro de trabajadores puede derivar en relaciones de dependencia laboral de más de 25 mil personas que realizan dichas labores de forma independiente, poniendo en riesgo el negocio vigente de los aplicativos. Aunque se frenó la iniciativa aprobada por el Senado en el despacho de Diputados, algunas autoridades buscan insistir con la discusión de la norma.
En México el gobierno dijo en setiembre del 2022 que enviaría una reforma para dar seguridad social a los socios de aplicativos como Uber, Rappi, DiDi, Beat, entre otras apps, bajo la premisa de que se les reconozca como trabajadores y se les de de alta obligatoria al seguro social mexicano.
En ese momento, Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo de México, comentó a Bloomberg Línea que se trabajaba una propuesta de reforma de consenso entre el Estado, empresas y trabajadores, con el objetivo de que un nuevo marco legal de la materia sea realidad en el país norteamericano en el 2023. Pero a la fecha no hay mayores novedades.
Asimismo, en Uruguay existe un proyecto de ley desde octubre del 2022 que fue elaborado por el gobierno para dar mayores garantías de protección y tutela a quienes desarrollan actividades de trabajo mediante plataformas digitales. El objetivo de esta iniciativa es otorgar “beneficios mínimos” a quienes son considerados trabajadores. A la fecha, esta propuesta aún no ha avanzado.
En Colombia también existe una propuesta en el Congreso para que las apps paguen la seguridad social de sus socios, pero el debate sigue sin avanzar y la oposición sería mayoritaria. El gobierno colombiano, por su parte, considera que sí existe una relación de subordinación laboral dentro de las plataformas digitales. Es así que el proyecto de reforma laboral del gobierno colombiano busca que las plataformas de reparto sean responsables de la seguridad de sus socios, garantizando que estén afiliados a los subsistemas de seguridad social, salud, pensiones y riesgos laborales y cumplan con sus obligaciones de pago de impuestos, o asuman directamente el pago del 100% de los aportes como empleadores.
En otros países las discusiones son prematuras o existen pocos avances específicos. Es el caso de Brasil, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva formó un grupo de trabajo para elaborar una reglamentación del ecosistema de plataformas digitales, con la propuesta aun en proceso. Otros países como Ecuador y Venezuela tienen intenciones de impulsar regulaciones del ecosistema digital, pero no presentan avances concretos.
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