Bloomberg — Un atentado con dinamita contra una fiscalía está poniendo de relieve el creciente poder del crimen organizado en Perú y las divisiones entre los investigadores y el gobierno sobre qué hacer al respecto.
Durante las primeras horas del 20 de enero, unos sospechosos desconocidos hicieron estallar los explosivos frente al edificio de la fiscalía peruana en la ciudad norteña de Trujillo. Al menos dos personas resultaron heridas y la fachada del edificio quedó dañada, en una ciudad conocida por sus vínculos económicos con el crimen organizado y la minería ilegal de oro.
Trujillo lleva ya meses bajo estado de emergencia debido a los altos niveles de actividad delictiva.
Las bandas del crimen organizado de Perú están sacando provecho de un auge de la minería ilegal apoyado por los altos precios del oro, mientras que los conductores de autobús, los propietarios de tiendas y los fabricantes de textiles han protestado en los últimos meses contra lo que dicen que es un aumento de las demandas de extorsión.
La fiscal general Delia Espinoza aprovechó el ataque para criticar a la presidenta Dina Boluarte por vetar una ley que habría facilitado la detención de presuntos delincuentes. Según las leyes vigentes en Perú, los sospechosos solo pueden ser detenidos fácilmente si se les encuentra a las pocas horas de haber cometido un delito. De lo contrario, tienen que pasar por un largo proceso ante un juez.
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"Estas situaciones demuestran claramente la urgente necesidad de restablecer la detención preliminar", dijo Espinoza a la radio RPP, refiriéndose al ataque.
Dijo que el ataque está siendo investigado como una amenaza contra un fiscal a cargo de un caso no identificado de crimen organizado.
“La información que estamos recabando es que la dinamita provendría de la minería ilegal”, dijo.
El gobierno peruano dijo que la policía y el ejército tomarían el control de Trujillo, tras el ataque.
El gobierno ha dicho que vetó la ley de detención preliminar tal como fue aprobada por el congreso por preocupaciones sobre la protección del debido proceso. El Congreso aún podría votar para anular el veto, manteniendo la ley tal como está o introduciendo algunos cambios.
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