Lima — El expresidente peruano Alejandro Toledo debe entregarse a la justicia de Estados Unidos en la corte federal de San José, en California, este viernes 21 de abril para que se concrete su pronta extradición al Perú después de que su defensa no consiguiera dilatar el proceso por segunda vez. Aunque tenía hasta las 9 de la mañana (11 a. m. hora peruana) para acercarse a una de las sedes en dicha localidad donde diversos medios de prensa lo aguardaban, eligió entregarse en una sede distinta para evitar las cámaras y llevar un proceso más discreto.
Toledo es acusado por la Fiscalía peruana de haber negociado US$35 millones en sobornos con la constructora brasileña Odebrecht S.A. a cambio de contratos públicos, como parte de un amplio escándalo de corrupción que se extendió por gran parte de América Latina en el caso conocido como Lava Jato.
“Yo me voy a entregar”, dijo Toledo en una entrevista con la agencia EFE la noche del jueves. “Le pido a la justicia peruana que no me mate en la cárcel, déjenme luchar con argumentos”, agregó.
Alejandro Toledo aseguró en dicha entrevista que se encuentra mal de salud y que sufre los remanentes de un cáncer que ya habría sido tratado. Señaló no haber recibido “ni un solo dólar malhabido” de parte de Odebrecht; y también se comparó con el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, quien estuvo 580 días en prisión por una condena posteriormente anulada.
Unas semanas atrás el juez estadounidense Thomas S. Hixson autorizó su extradición y ordenó que se entregara a la justicia de Estados Unidos para permanecer bajo su custodia, con el objetivo de ser extraditado hacia Perú lo más pronto posible.
Alejandro Toledo Manrique fue presidente de Perú entre el 2001 y 2006, luego de que el país andino pasara por un período de transición tras recuperar la democracia. Perú salía de una dictadura tras el autogolpe de Alberto Fujimori Fujimori, expresidente que también se encuentra en prisión cumpliendo una condena de 25 años por delitos contra los derechos humanos.
El gobierno de Toledo destacó por ser un período en el que se continuó con reformas económicas y se mantuvo un rápido crecimiento económico que alcanzó mayores tasas durante el gobierno del expresidente Alan García, quien vivió una época de bonanza por los altos precios de metales a nivel global. Toledo también fue reconocido por ser uno de los presidentes que consolidó el retorno de la democracia en Perú tras la destitución de Fujimori.
Al igual que Toledo y Fujimori, otros expresidentes de Perú han sido o son perseguidos por la justicia a raíz del caso Lava Jato y los lazos con Odebrecht durante sus gobiernos. Fue el caso de Alan García Pérez, quien se suicidó en abril del 2019 antes de ser detenido por las investigaciones en su contra. Asimismo, se encuentran investigados Ollanta Humala Tasso, expresidente durante el 2011 y 2016, quien estuvo en prisión preventiva; y Pedro Pablo Kuczynski, expresidente durante julio del 2016 y marzo del 2018, quien también estuvo detenido de forma preventiva en su domicilio por presuntos actos de corrupción en la construcción de la Carretera Interoceánica y el Proyecto Olmos.
De cumplirse la extradición al Perú y el procesamiento de Alejandro Toledo, el expresidente peruano se uniría a otros dos exmandatarios que hoy se encuentran encarcelados en el país andino: Alberto Fujimori y Pedro Castillo Terrones. Este último se encuentra bajo prisión preventiva y espera una condena por el presunto delito de rebelión y conspiración tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
Bloomberg resaltó que el caso contra Toledo será “un reto clave para los fiscales peruanos” debido a que a la fecha ningún otro expresidente además de Alberto Fujimori cumple una condena efectiva por los delitos cometidos durante su gobierno. Desde el 2017, la mayoría de exmandatarios detenidos han cumplido prisión preventiva pero la justicia peruana no ha logrado concretar sentencias condenatorias.
Cabe precisar que Toledo continúa negando las acusaciones de haber recibido US$35 millones de Odebrecht en sobornos durante su gobierno y ha luchado contra su extradición en parte con un defensor público, tras asegurar que no tenía fondos para pagar su defensa.
