Lima — La crisis que dejó a casi 70 personas fallecidas en Perú sigue planteando dudas a nivel local e internacional. Esta vez un nuevo reporte pone en la mira las acciones del Estado peruano y acusa al las fuerzas de seguridad, lideradas por el gobierno de Dina Boluarte, de cometer abusos brutales durante las manifestaciones, advirtiendo que se debe investigar a mandos y altos funcionarios para concretar una rendición de cuentas y resultados efectivos que brinden respuestas ante los hechos transcurridos.
El reporte “Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”, publicado por Human Rights Watch (HRW) denuncia, en principio, que los abusos de las fuerzas de seguridad identificados en Perú se produjeron “en un contexto de deterioro de las instituciones democráticas, corrupción, impunidad por abusos cometidos en el pasado y desigualdad persistente”.
Tras entrevistar a más de 140 personas y verificar casi 40 horas de video, más de 600 fotografías, autopsias y otros informes, el informe concluye que tanto la policía como el ejército peruano son responsables de muertes de manifestantes durante las protestas que se llevaron a cabo entre diciembre de 2022 y febrero de este 2023 en el país andino, las cuales podrían constituir “ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias” aún pendientes de ser investigadas.
“Cuando se habla de una ejecución extrajudicial o un homicidio arbitrario, se refieren a la desproporcionalidad de la acción de las fuerzas de seguridad. El nivel de la desproporcionalidad de la fuerza usada por los militares en ese caso por ejemplo hace que nosotros pidamos que se examinen estas muertes como posible ejecución extrajudicial”, detalla a Bloomberg Línea César Muñoz, director asociado para las Américas de HRW y principal encargado del informe.
La organización no solo apunta el abuso contra civiles, sino también contra las propias fuerzas del orden en diversos puntos del país. Según pudo documentar HRW, algunos manifestantes lanzaron piedras contra las fuerzas de seguridad y en algunos lugares lanzaron artefactos caseros que, según la policía, combinaban explosivos con fuegos artificiales. “Cientos de policías resultaron heridos; la mayoría, contusionados por las piedras que les lanzaron los manifestantes, y unos pocos con lesiones graves, como daños en los órganos”, explica la entidad.
Muñoz explica que durante el levantamiento de información la organización encontró evidencia de policías con heridas graves y hechos de violencia de algunos manifestantes. Sin embargo, aclara que ello “no justifica la respuesta que vimos” contra quienes se manifestaban. “La respuesta fue brutal, indiscriminada y desproporcionada a la amenaza”, apunta.
“De 49 personas que murieron en el contexto de protestas, por lo menos 39 murieron por heridas de balas causadas por rifles de asalto y pistolas. Hay mucha evidencia que muestra la responsabilidad de las fuerzas de seguridad”, menciona Muñoz. Según el especialista, HRW pudo identificar a partir de entrevistas con miembros de la Policía Nacional de Perú que durante las manifestaciones no se llegó a decomisar ningún arma en las manos de un manifestante, y la entidad tampoco pudo encontrar imágenes de civiles con armas durante los enfrentamientos con las fuerzas del orden.
“Revisamos más de 27 horas de videos y más de 600 fotografías y la balística muestra que las balas encontradas en el cuerpo son las que pueden ser disparadas por las armas que llevaban esos días las fuerzas del Estado”, anota Muñoz sobre la investigación que llevó a cabo la organización los últimos meses.
En el extenso reporte de más de 100 páginas se documenta, además de las muertes y los resultados del análisis de material y de entrevistas in situ, casos de abusos contra detenidos que no fueron debidamente controlados por la Fiscalía peruana. De acuerdo a Muñoz, HRW identificó el uso indebido del control de identidad por parte de la policía para intimidar a manifestantes, sacarlos de las calles y detenerlos por cierto tiempo sin mayor justificación. “No hay datos de cuántas personas están siendo sometidas a esta situación”, precisa, evidenciando la nula presencia de la Fiscalía de la Nación en las diligencias.
“Las investigaciones sobre estos hechos dejan mucho a desear”, dice Muñoz, esta vez apuntando a la Fiscalía de la Nación liderada por Patricia Benavides. “Hemos visto fallas en la recogida de pruebas en el momento inicial y es un momento clave. Lugares de los hechos que no han sido preservados; casquillos de armas que no fueron recogidos por las autoridades sino por personas que estaban ahí, pero eso rompe la cadena de custodia; vimos casos en los que se enterraron cuerpos sin hacer la autopsia. La Fiscalía no determinó hacer pruebas de absorción atómica que son las pruebas que se hacen en las manos para ver si la persona disparó. No las hicieron a militares y policías. Si no las haces al principio se acabó porque esa evidencia se va a perder”, critica el especialista.
Otro elemento que critica HRW es el proceso de Fiscalía para decomisar armas de las fuerzas del ordenc uando era necesario, pues ello no ocurrió de forma inmediata. “La policía en Arequipa fue quien decidió qué armas dar y eso es una cosa que no tiene ningún sentido. Si alguien tiene una intenció malévola, es muy fácil evitar la fiscalización”, anota Muñoz.
Además de las 69 muertes entre civiles, un policía y otras personas que se vieron impactadas por el bloqueo de carreteras en diversos puntos del país, la Defensoría del Pueblo registró 1.327 protestas entre el 7 de diciembre y el 20 de febrero de 2023. En total, unas 1.300 personas -entre ellas al menos 39 niños- fueron atendidas en centros de salud públicos y privados por lesiones recibidas durante las protestas entre diciembre y el 2 de marzo. De ellas, 380 eran policías.
PEDRO CASTILLO Y DINA BOLUARTE: EL INICIO DE UNA CRISIS
El informe de HRW hace hincapié en que el entonces presidente de Perú Pedro Castillo,fue quien desencadenó la actual crisis que inició el 7 de diciembre del 2022, cuando el exmandatario trató de disolver el Congreso e intervenir el Poder Judicial; un intento que, remarca Muñoz, no funcionó “Fue un golpe fallido. Las instituciones democráticas peruanas funcionaron rápidamente. Fue destituido y la presidenta Dina Boluarte asumió el cargo con toda la legalidad”, dice el especialista.
Muñoz resalta que en Perú la sucesión de Boluarte se concretó siguiendo lo establecido por la Constitución peruana, contrario a la posición que adoptaron algunos países como México o Colombia sobre una destitución ilegal contra Castillo tras el intento de golpe estatal. En el informe de HRW Muñoz detalló que muchos países se han pronunciado de forma selectiva sobre la crisis en el Perú “en lugar de reconocer que la defensa de las instituciones democráticas y del Estado de derecho en el país va de la mano de la protección de los derechos humanos”. Fue el caso de Argentina, Bolivia, Colombia, Honduras y México que a la fecha defienden al expresidente Castillo, o otros países como Estados Unidos y Canadá que no han condenado las muertes y abusos graves a la fecha.
Muñoz recuerda que durante su gobierno, Pedro Castillo usó las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública “sin una justificación suficiente y suspendió derechos básicos de la población peruana muchas veces con estados de emergencia”. De hecho, en muchas oportunidades HRW denunció un abuso de los estados de emergencia en diversas zonas del país que fueron empleados durante la presidencia del exmandatario, quien hoy se encuentra bajo prisión preventiva.
“Durante el gobierno de Pedro Castillo él no hizo nada por reformar a la policía. Los problemas de la policía eran sabidos, nosotros hicimos un informe apuntando a problemas que habían de protocolos, rendición de cuentas. El gobierno de transición de Francisco Sagasti intentó hacer pasos de reformas, pero era un momento muy difícil porque era un gobierno de transición. Es muy difícil hacer reformas así. Eso debió hacerlo el gobierno elegido y no lo hizo Pedro Castillo. Hay una responsabilidad ahí”, agrega Muñoz.
No obstante ello, el especialista es claro al remarcar que a Castillo no se le puede adjudicar la responsabilidad de los abusos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la actualidad; y sobre todo el escaso interés que ha demostrado el gobierno liderado por Dina Boluarte -de acuerdo a la entidad- en esclarecer lo ocurrido durante las manifestaciones.
“Es sorprendente que el gobierno de Perú no haya querido investigar internamente lo que ocurrió. Tienes responsabilidad sobre la Policía y las Fuerzas Armadas. Si eres director de una empresa y hay alegaciones gravísimas de abusos en tu empresa no vas a querer imitar lo que ocurrió. No tiene sentido. El gobierno tiene que hacer esas investigaciones internas y publicarlas, y decir lo que ocurrió a la población”, precisa Muñoz.
En el informe se detalla, por ejemplo, cuando el presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola declaró a los fiscales que la presidenta Dina Boluarte afirmó en un mensaje de WhatsApp que el uso de la fuerza debía ajustarse a la ley y que la vida de los ciudadanos era la prioridad, y dijo que él, a su vez, transmitió el mensaje a la cúpula de las fuerzas armadas. “Los fiscales deben verificar esta afirmación, pero incluso aceptándola como cierta, HRW no ha visto ninguna prueba de acciones por parte de la presidenta Boluarte o de sus ministros para garantizar que se siguiera esa directiva, a pesar de los repetidos casos en los que estaba claro que las fuerzas de seguridad estaban violando la ley y poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos”, remarcó Human Rights Watch en su reporte.
Entre las principales recomendaciones para abordar lo que ha dejado la crisis actual Muñoz destaca que deben darse investigaciones adecuadas de los hechos que incluya no solo a personas que dispararon sino a sus superiores y a autoridades civiles con responsabilidad de seguridad pública u otras. “Hay una cadena de mando aquí que tiene que ser investigada”, añade. También se sugiere activar una comisión de expertos que no sean del país para colaborar con las investigaciones de forma independiente; y a su vez, reactivar la ansiada reforma policial que el país requiere hace varios años.
Muñoz recordó que después de lo que ocurrió en Lima en las protestas de noviembre del 2020 que dejaron a dos jóvenes muertos el Ministerio del Interior hizo dos investigaciones: una sobre los altos mandos de la policía de aquella época y otra sobre la conducta de la policía en general. “En contraste el gobierno actual no ha hecho nada. No hay ninguna investigación que nosotros sepamos sobre los hechos. Nos reunimos con el ministro y le preguntamos. Las declaraciones del gobierno han sido en el sentido de minimizar los abusos, acusar a otros, desviar la atención, decir que las armas llegaron de Bolivia, que son armas hechizas, y hemos encontrado cero evidencia de eso. No hay ni una imagen de armas hechizas que puedan disparar una bala”, puntualiza.
LA LABOR POSITIVA DE DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Para Muñoz, la Defensoría ha tenido un rol fundamental en la defensa de derechos humanos y tuvo un rol muy positivo durante la crisis en Perú que lo ha desmarcado de otras instituciones peruanas. “Han comentado y documentado la situación de una forma bastante imparcial; tanto muertes vinculadas a bloqueos como los choques con las fuerzas de seguridad”, precisa.
En esa línea, Muñoz mostró su preocupación por los intentos por parte del Congreso peruano de tomar decisiones sobre el futuro de quién va a dirigir esta institución basándose en intereses políticos. “Quien lidere la Defensoría del Pueblo debe ser elegido por sus méritos, trayectoria en defensa de los derechos humanos y por su imparcialidad. No son los criterios que están siendo tratados en el Congreso”, puntualiza el especialista.
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