Ciudad de Panamá — A partir del año entrante todas las actividades económicas que se realicen en el territorio panameño deberán utilizar la factura electrónica, cuyo uso ha pasado de un 60% a un 90%, mientras que los equipos fiscales solo se utilizarán en ocasiones especiales, sostuvo Publio De Gracia, director general de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.
De Gracia indicó que la medida alcanza a todos los contribuyentes que tienen obligación de facturar, entre los que citó a las empresas pequeñas, grandes y a profesionales como médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, “ya sea en su modalidad gratuita o a través de los proveedores autorizados y calificados”.
Para estar en sintonía con la medida y evitar posibles inconvenientes la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas adelanta un programa de modernización, enfocado principalmente en una nueva plataforma tecnológica, registro único de contribuyentes y encuestas de atención al contribuyente, según manifestó el funcionario durante el Congreso Internacional de la Facultad de Negocios de la Universidad Latina, denominado Panamá: Hub financiero y logístico para las América.
“Vamos a aumentar el facturador gratuito pronto a 500 facturas. Unas actividades tendrán una parte especial donde pueden utilizar la factura electrónica a través del facturador gratuito. Tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como la Dirección General de Ingresos han podido lograr una nueva plataforma para poder recibir la información y que no colapse”, dijo De Gracia en declaraciones posteriores a los medios de comunicación.
En Panamá la Ley 256 del 26 de noviembre de 2021 establece que es obligatoria la expedición de factura o documento equivalente para acreditar toda operación relativa a transferencia, venta de bienes y prestación de servicios, así como documentar las devoluciones, descuentos y en general, todo tipo de operaciones realizadas en el territorio panameño.
Lo anterior, de acuerdo con la legislación vigente, se ejecutará sin perjuicio de la forma en que se perfeccione la transferencia, la forma de pago y la nacionalidad de las partes.
De igual manera, la norma es clara al establecer que las sanciones aplicables a quienes incumplan la obligación de emitir esta factura están en el rango de los US$ 500 hasta US$ 25,000.00, dependiendo de la falta que se cometa o de la reincidencia.
Las sanciones también alcanzarán a los compradores de bienes y servicios que a la salida de los locales comerciales no hayan solicitado la factura, ya sea en formato físico o digital, quienes de igual manera serán sancionados con una multa de US$ 1.00 o el 7% del valor del bien o servicio no facturado.
Por otro lado, en medio de cuestionamientos de diversos sectores de la sociedad sobre las finanzas de la economía panameña, De Gracia sostuvo que esta ha mejorado en los ingresos corrientes, señalando que para septiembre de este año registraron US$ 1,199.3 millones, cifra que afirmó es superior a lo presupuestado para dicho periodo en US$ 364.9 millones, o sea, 43.7%.
Estadísticas oficiales señalan que de enero a septiembre los ingresos corrientes crecieron 11.3%, al totalizar US$ 5,530.2 millones, cantidad que representa un aumento de US$ 563.2 millones sobre el monto recaudado en el mismo periodo del año pasado.
