Bloomberg Línea — Un tribunal de arbitraje de Miami reconoció al Grupo Unidos por el Canal (GUPCSA) el derecho a recibir US$ 35 millones adicionales de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) por las reclamaciones laborales a lo ya otorgado anteriormente por la resolución de Junta de Resolución de Disputas.
No obstante, rechazó todos los reclamos relacionados con la construcción de las compuertas y los reclamos de los accionistas sobre el retorno de inversión y desestimó que la ACP pague US$ 671 millones.
El caso está relacionado al proyecto de construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, cuyo contrato se adjudicaron en 2009 entre GUPCSA, formado por Sacyr (que posee el 41,6% del proyecto), WeBuild (antes la italiana Impregilo), la belga Jan de Nul y la panameña CUSA (que no es parte de la demanda).
Según informó Sacyr, el tribunal de arbitraje ICC emitió un laudo referido al arbitraje sobre “Compuertas y costes laborales, que GUPCSA interpuso a raíz del conflicto con la ACP por los sobrecostes de la obra del proyecto de ampliación que está operativo desde 2016.
La ACP informó que los demandantes han interpuesto en su contra cinco arbitrajes bajo el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en Miami, Estados Unidos.
Tres de esos cinco arbitrajes concluyeron con laudos arbitrales a favor de la ACP. Uno se trata del laudo de la Ataguía temporal del Pacífico, mediante el cual se le negó a GUPCSA el monto de US$ 194 millones y 247 días de extensión que solicitaban.
Otro, es el laudo de los anticipos, mediante el cual el Tribunal confirmó que el consorcio tenía que repagar de inmediato los adelantos vencidos que el Canal de Panamá le había otorgado para la ejecución del tercer juego de esclusas por US$ 847 millones más US$ 13 millones en concepto de intereses.
Y el tercer laudo de concreto, agregados, laboratorios y fallas, en el cual el Tribunal ordenó a GUPC el pago a la ACP de US$ 271,8 millones, precisó la administración del Canal de Panamá.
En la resolución de esta semana, el tribunal de arbitraje ordenó a los demandantes pagar a la ACP un monto neto de US$ 20.6 millones en concepto de costos y gastos legales.
