Ciudad de Panamá — Tras más de 48 horas de protestas en el país canalero en exigencia a la derogación de la nueva ley que permite la explotación del yacimiento de cobre por First Quantum Minerals LTD (FQM), el presidente Laurentino Cortizo Cohen apareció en un mensaje televisado para hacer un recuento de los hechos y motivos para sancionar la nueva legislación.
Esta nueva ley ampara el contrato y operación de una mina de cobre a 120 kilómetros de la ciudad de Panamá, en una concesión de unas 12 mil hectáreas, y cuyo contrato original había sido declarado inconstitucional y leonino por la Corte Suprema de Justicia, una medida oficializada en 2021.
Ante las protestas en diversos puntos del país que han generado cierre de vías y pérdidas diarias hasta por $90 millones, según la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, el gobernante recordó que la democracia permite expresar diferencias de criterio dentro de un marco de respeto.
“Como presidente hago un llamado a la cordura, a respetar las leyes e instituciones; la propiedad privada y pública y el libre tránsito. No toleraré vandalismo ni llamados a la anarquía, ni comisión de delito alguno, estos actos serán judicializados. Como he reiterado en varias ocasiones, nadie está por encima de la ley”, recalcó Cortizo Cohen.
El gobernante expuso que ante el fallo de inconstitucionalidad que declaró leonino el contrato original que amparaba la explotación de First Quantum solo tenía tres opciones y que su gobierno tomó la decisión “correcta” aunque no fuera la más fácil.
Una de las alternativas era el cierre de la operación minera vulnerando la estabilidad laboral y seguridad jurídica con efectos negativos para la economía nacional.
Otra vía era “no hacer nada y presentar ante la Asamblea Nacional el mismo contrato ley suscrito con la empresa en 1997, tal como hizo el gobierno anterior; y la tercera opción, enfrentar una negociación con la empresa minera”.
Fue una negociación “difícil y complicada” por más de 2 años, recordó Cortizo, y este contrato suscrito en 2023 entre la subsdiaria de FQM, Minera Panamá, S.A., y el Estado panameño garantiza “muchos mejores términos y condiciones para el país”.
El contrato ley aprobado tiene entre sus “beneficios, salvaguardar los 9,387 puestos de trabajo directos de la mina con una planilla anual de $357 millones que se traduce en un aporte a la Caja de Seguro Social de $161 millones cada año”, añadió el mandatario.
También garantiza el pago mínimo anual pactado de US$ 375 millones y que ningún jubilado o pensionado reciba un monto menor a US$350 al mes, pago que se hará efectivo a partir del próximo 20 de noviembre para 120,315 personas.
De los ingresos de la minera se destinan US $190 millones anuales por los próximos 20 años para el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS), acotó Cortizo.
En tanto, en las calles del país se mantienen las protestas, hay estaciones del tren “Metro de Panamá” cerradas por motivos de seguridad e incluso se observa en ciudad capital a agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), la polícia especializada que se dedica a proteger las zonas fronterizas limítrofes con Colombia y Costa Rica.
Abogados conocedores de la materia, como Roberto Ruiz Díaz, manifestaron que Cortizo Cohen está errado en su interpretación toda vez que los fallos del máximo tribunal panameño son de obligatoria e inmediata ejecución.
“Los fallos de la CSJ no dan la oportunidad de aplicarlos o no, se tenía que ejecutar el fallo, no tenía opción de decir que no queremos afectar a los trabajadores [...] por ende el mandatario caería en un delito. [El nuevo contrato] es un contrato que al igual que el anterior es inconstitucional y en algún momento vendrá otro presidente que sí ejecutará el fallo”, expuso el jurista Ruiz Diaz.
La mina de cobre inició su fase de construcción desde 2011 y exportación en 2019, desde sus inicios reportes del Ministerio de Ambiente han detallado incumplimientos a compromisos ambientales, según documentos oficiales.
La zona en la que se extrae el mineral rojo es un bosque protegido tropical lluvioso y parte del Corredor Biológico Mesoamericano, donde la empresa afirma que su inversión supera los US$10 mil millones.
