Ciudad de Panamá — En un mensaje de menos de cuatro minutos el presidente panameño Laurentino Cortizo informó al país en cadena nacional que había recibido US$562,840,543.59 como pago hecho por Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum Minerals (FQM), en medio del estallido social que desde hace cuatro semanas azota al país, cantidad que quedará “restringida en una cuenta del Banco Nacional”.
Se trata del pago correspondiente al período entre diciembre de 2021 y octubre de 2023, según detalló la minera, de acuerdo a lo establecido en el contrato ley 406 promulgado el mes pasado que ampara la explotación minera por 40 años y que se ubica a 120 kilómetros en el distrito de Donoso, en la caribeña provincia de Colón
Esta legislación reemplaza el contrato original con la que FQM se amparaba para exportar cobre desde 2019 y que había sido declarado inconstitucional por el máximo tribunal judicial, la Corte Suprema de Justicia, desde 2017.
La nueva norma, producto de la negociación entre el Ejecutivo y la empresa trasnacional, ha generado protestas diarias que han paralizado el repunte económico que venía experimentado el país luego de la pandemia.
Una gran parte de la población rechaza la actividad extractiva y la operación a cielo abierto en los bosques protegidos del caribe panameño, al tiempo que ante la Corte Suprema de Justicia se han presentado nueve demandas contra el citado contrato ley, legando que es inconstitucional, mientras que grupos de manifestantes exigen su derogación.
“Dado que se está a la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia he impartido instrucciones precisas al Ministerio de Economía y Finanzas para que estas sumas de dinero recibidas a la fecha no puedan ser utilizadas”, dijo Cortizo.
El Ministerio de Economía y Finanzas confirmó que la suma asciende a US$562,840,543.59 y adicionalmente, el Ministerio de Ambiente y los municipios de Donoso y Omar Torrijos Herrera -donde se ubica la operación a tajo abierto- recibieron US$4,284,512 correspondientes al pago de uso de agua, canon superficial y derechos de uso y servidumbre.
Durante su intervención en cadena nacional, el mandatario también comunicó que había consultado al Procurador de la Administración respecto a la posible derogación de la norma 406, tal y como lo pide una parte de la población.
“Reitero, acataré el fallo que emita la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley 406 del contrato minero. En la medida en que hoy respetemos nuestra institucionalidad y el debido proceso tendremos los argumentos necesarios para proteger y defender el país que pertenece a esta y futuras generaciones”, sostuvo.
Advirtió que el Ministerio Público y la Fuerza Pública trabajan coordinadamente para cumplir las órdenes de aprehensión y conducción de quienes atenten contra la privación de la libertad individual, contra la personalidad jurídica del Estado, apología del delito, daños a la propiedad pública y privada y cualquier otro delito relacionado con estas acciones ilegales.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia informó que estarán resolviendo de la forma más rápida posible las acciones legales interpuestas y que para ello el 24 de noviembre sostendrán una reunión plenaria en sesión permanente para emitir su decisión.
De igual manera, el Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración, Javier Caraballo y Rigoberto González, respectivamente, han indicado que la nueva ley que ampara la explotación en unas 12 mil hectáreas de bosque es inconstitucional.
Panamá cumple este viernes 26 días de protestas contra la ley minera, inestabilidad que ha generado pérdidas económicas estimadas en US $1,700 millones, según el sector empresarial.
