Presidente de Panamá anunció que no aprobarán nuevas concesiones mineras

En el quinto día de protestas en rechazo a la ley de First Quantum Minerals, el Ejecutivo hizo otro anuncio en ánimos de que la calma vuelva al país

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27 de octubre, 2023 | 06:37 PM

Ciudad de Panamá — Mientras que Panamá enfrenta su quinto día de marchas en las diferentes vías del país por ciudadanos que exigen la derogación de la ley minera que ampara la operación de cobre de First Quantum Minerals, el presidente Laurentino Cortizo anuncio que no se otorgarán nuevas concesiones mineras metálicas.

En el mensaje, en vivo y por cadena nacional, Cortizo firmó un decreto para establecer la moratoria a la minería metálica que alcanza inclusive a las concesiones en trámite, una solicitud de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá en aras de que la paz vuelva a las calles del otrora pujante y estable país canalero.

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“Como panameño comprendo las preocupaciones ambientales respecto a la minería metálica. Sin embargo, me tocó enfrentar un problema que venía de hace 26 años y me tocaba poner en cintura a la minera”, expresó el gobernante que dejará su puesto en julio de 2024.

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Decreto Ejecutivo

Mientras el mandatario daba su mensajes, en las calles diversos ciudadanos coreaban al unísono “¡derogación, derogación!” de la ley 406 que le permite la continuidad de la explotación de cobre de First Quantum Minerals LTD., a través de su subsidiaria Minera Panamá, por 40 años en el Caribe panameño.

En el escueto mensaje, Cortizo hizo un llamado a la tolerancia y aseveró que siempre estaba dispuesto a dialogar, no obstante ayer se efectuaron dos marchas con destino a la Presidencia de la República y los quejosos no fueron atendidos.

Organizaciones de manifestantes como el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción advirtieron que las protestas continuarán hasta que se derogue el contrato ley minero.

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La nueva ley 406 sancionada el pasado viernes reemplaza la ley 9 de 1997, o ley original, que ampara la mencionada explotación y fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2017 por considerarse leonina a los intereses de Panamá.

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En sus razones se alega la contratación directa con la empresa, lo que al momento no ha sido subsanado.

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