Ciudad de Panamá — En la segunda evaluación anual que realiza sobre los lineamientos contra la evasión y elusión fiscal, la Unión Europea (UE) decidió este martes dejar a Panamá como una nación no cooperadora a nivel fiscal.
Mejor suerte tuvo la vecina Costa Rica, al igual que Islas Vírgenes Británicas y las Islas Marshall , quienes hasta ayer junto a Panamá formaban parte de los 16 incluidos en la también llamada “lista negra”.
Al estar calificada como una nación no cooperadora a nivel fiscal, el país canalero podría sufrir los efectos de medidas de defensa eficaces y proporcionadas, ajenas al ámbito fiscal o dentro del mismo, por parte de los estados miembros de la UE.
En busca de la posición de Panamá ante el reporte de la UE, Bloomberg Línea se comunicó con el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, pero se informó que por el momento no se daría ningún pronunciamiento.
La “lista negra” de paraísos fiscales fue creada el 5 de diciembre de 2017 cuando, reunidos en Bruselas, Bélgica, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión incluyeron a 16 naciones, entre ellas Panamá, como jurisdicciones no cooperantes.
En opinión del expresidente del Colegio de Economistas de Panamá, Raúl Moreira esta lista “ignora por completo la larga lista de acciones fiscales y contables que el país ha tomado desde cuando se le incluyó por primera vez en listas discriminatorias como la de la UE”.
Por ejemplo, indicó el economista y docente, Panamá ha implementado, últimamente, una larga lista de 15 puntos para salir de la lista del Grupo de Acción Financiera (GAFI), ”¿Cómo se puede ignorar todo esto? El problema es que se pretende hacer cumplir a países no miembros de la UE los criterios de convergencia que se les exigen a sus países miembros”.
El país centroamericano no estará dispuesto a que se viole su soberanía fiscal para cumplir con el requisito fundamental de la UE, que consiste en eliminar según ellos, el “pernicioso” sistema por el que no se cobra impuesto a la renta que los panameños devengan en el extranjero, añadió el experto.
Entre las consecuencias de esta lista, y pactadas desde diciembre de 2017, los Estados miembros UE acordaron que como mínimo se tendría una supervisión reforzada de las transacciones, e igualmente se aumentarán las auditorías de riesgo para los contribuyentes que se beneficien de los regímenes de la lista.
Este martes, el reporte de la UE señala que esta es la estrategia exterior de sus miembros en materia de fiscalidad, la cual que busca fomentar la buena gobernanza en el ámbito fiscal en todo el mundo.
Añade que en la lista figuran los países y territorios que no han entablado un diálogo constructivo con las naciones europeas sobre gobernanza fiscal o no han cumplido su compromiso de poner en práctica las reformas necesarias.
Las reformas deben tener como objetivo respetar una serie de criterios objetivos de buena gobernanza fiscal, relacionadas con la transparencia y equidad fiscal, y la aplicación de las normas internacionales concebidas para prevenir la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.
Desde 2020 el Consejo actualiza la lista dos veces al año, por lo que la próxima revisión se prevé para febrero de 2024 por el Grupo «Código de Conducta», ente que también supervisa las medidas fiscales en los Estados miembros de la Unión Europea.
“La idea es que los criterios evolucionen con el tiempo, de modo que estén en consonancia con las normas internacionales de buena gobernanza fiscal, desarrolladas en particular en foros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, el Foro sobre Prácticas Fiscales Perjudiciales y el Marco Inclusivo sobre la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios”, detalla el reporte.
Lista negra de la UE
- Samoa Americana
- Antigua y Barbuda
- Anguila
- Bahamas
- Belice
- Fiyi
- Guam
- Palaos
- Panamá
- Rusia
- Samoa
- Seychelles
- Trinidad y Tobago
- Islas Turcas y Caicos
- Islas Vírgenes de los Estados Unidos
- Vanuatu
En esta actualización el Consejo añadió a Antigua y Barbuda, Belice y Seychelles al constatarse que incumplían el criterio relativo al intercambio de información fiscal previa petición.
