Descarbonizar, integrar a las comunidades indígenas, transformar el sector energético y el primario de la economía, son los principales puntos asumidos por el Estado panameño en la “Política Nacional de Cambio Climático 2050”, un planteamiento cuestionado por su posible desconexión con la realidad del desarrollo que se impulsa en el país.
El plan del país centroamericano que es “extremadamente vulnerable a los efectos del cambio climático por su posición geográfica”, cita el Decreto Ejecutivo No 3, busca evitar el aumento de la temperatura del planeta a 2 grados centígrados y unir esfuerzos para limitar “aún más” este aumento a 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales.
Para la propuesta, se consideraron 10 sectores como la energía, la biodiversidad, los boques, la agricultura, infraestructura, los sistemas marino costeros y los asentamientos humanos como ejes de la iniciativa, y plantea mantener el estado del país como carbono negativo al 2050, conservando su cobertura forestal, mientras se reduce la vulnerabilidad climática y social de la población.
El eje de las transformaciones se centra en resguardar ecosistemas saludables, dentro y fuera de las áreas protegidas, cambiar la infraestructura de movilidad y conectividad a una sostenible, toda vez que el transporte genera el 36% de las emisiones totales del país.
Siguiendo con las propuestas, Panamá se convertiría en el centro financiero sostenible de las Américas para lo que debe implementar la actualización de los parámetros de crédito que integren el riesgo climático cuantificado y medidas de adaptación del sector energético ante los cambios de patrones de precipitación que afectan la disponibilidad del recurso.
De igual manera, se propone transformar la producción agrícola y pecuaria en sostenible y que se reduzcan los efectos de invernadero, convertir los asentamientos humanos en resilientes, implementar protocolos para soluciones de movilidad sostenible y cambiar la economía de consumo y descarte a una circular; todas estas propuestas serían verificadas a través de un sistema de seguimiento que consolidará el Ministerio de Economía y Finanzas en conjunto al Ministerio de Ambiente.
Los enunciados son “muy aspiracionales” señala la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon) pero no precisa en ningún momento como lograr dichas metas, además de que publicar esta política al final de la gestión gubernamental arriesga su adopción “ya que no habrá avances al cierre de esta administración gubernamental, es como decirle que hacer al siguiente gobierno”, citó George Hanily, director ejecutivo de Ancon.
Esta política de cambio climático se enfoca en grupos vulnerables como mujeres, jóvenes y población indígena, toda vez que el estado panameño es un país con alta desigualdad de género con especial incidencia en las mujeres indígenas, señala el decreto.
La razón que se menciona es que antes de la pandemia una de cada cinco personas vivía en pobreza multidimensional, mientras que en la población indígena la pobreza multidimensional es “extremadamente alta”, con estadísticas del 94% por parte de la etnia guna que se ubica en el otrora archipiélago de San Blas o comarca Guna Yala, afecta en 90% a los indígenas de la comarca Ngäbe-Buglé, próxima a Costa Rica y 71% a los Wounaan que viven en Darién, provincia fronteriza con Colombia.
Por ello, se promete que se priorizarán estrategias público privadas para favorecer ingresos para mujeres e indígenas así como desarrollarán mecanismos para situaciones emergentes de los desplazados climáticos , la integración efectiva y permanente de los pueblos indígenas asegurando su inclusión en asuntos de nueva gobernanza climática, y fondos presupuestarios para adaptación y mitigación.
La estrategia no es posible lograrla, asegura el colectivo de ecologistas Ya Es Ya, “son cambios enormes que jamás se han dado en ninguna sociedad y es imposible lograrlo sin una campaña masiva de educación”, indica Renate Sponer, bióloga y coordinadora del Colectivo.
En Panamá la mayoría de la población desconoce todo lo que implica el cambio climático y se debe ver la situación en un contexto global y como está el escenario climático, algo que no aparece en la política y no es congruente porque no se considera el ritmo acelerado del cambio climático.
“Tenemos escenarios más dramáticos de lo que pinta esa política pública. Por ejemplo los científicos alertan que la meta del 1.5 no será posible”, añadió Sponer quien enfatizó en que no se pueden hacer políticas públicas sin basarse en los últimos conocimientos científicos y climáticos ni considerando el tipo de proyectos que impulsan las autoridades actualmente.
Si queremos mantener el estatus de carbono negativo como país hay que reducir las emisiones de energía y deforestación con el cambio de uso de suelo, pero es contradictorio porque el gobierno está promoviendo al país como una nación minera en zonas protegidas o de amortiguamiento lo que es opuesto con este plan, añadió Sponer y citó como ejemplo la mina de cobre de First Quantum Minerals que opera en la zona protegida de Donoso, provincia de Colón.
En este mismo sentido se pronunció Ancón, quien resaltó que son metas estipuladas en convenios internacionales firmados por el país pero “contradictora a las decisiones del gobierno que aprueba actividades que atentan contra los objetivos de esta política de cambio climático con la deforestación descontrolada y el aval a proyectos mineros en áreas de parques de conservación y corredores ecológicos, la pesca insostenible, entre otros ejemplos”.
Este plan se da en momentos en que la humanidad ya agotó, el pasado 28 de julio, todos sus recursos del planeta para este año, según un estudio de Global Foodprint Network lo que implica que usamos el equivalente a casi 1,8 veces el planeta Tierra, y estamos agotando su potencial pese a no tener otro.
