Bloomberg Línea — El presidente panameño, José Raúl Mulino, pidió a Donald Trump mantener el programa para deportar a los migrantes que crucen irregularmente El Darién.
En su conferencia de prensa semanal, el 12 de diciembre, Mulino expresó: “Estamos implementando todavía el programa de las repatriaciones en función del memorándum de entendimiento que suscribimos el 1 de julio con el gobierno del presidente Biden y que, salvo mejor detalle, yo creo que se debe mantener con la administración Trump”.
Desde su llegada al poder, el mandatario panameño hizo de la migración uno de los ejes de su Gobierno. De hecho, el día en que tomó posesión del cargo, firmó un convenio con el Departamento de Estado de EE.UU. para repatriar a miles de migrantes que cruzan la selva del Darién, en la frontera con Colombia, e impedir que continúen su camino hacia Centroamérica.
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En el acuerdo, Panamá se comprometió a endurecer las medidas contra los migrantes en las fronteras y repatriarlos a través de vuelos pagos por EE.UU., con un aporte de US$6 millones.
Pero la medida no ha aplicado para los viajeros provenientes de Venezuela, debido a la restricción que tienen los aviones panameños para ingresar al espacio aéreo de ese país, por cuestionar el presunto fraude electoral que desembocó en la reelección de Nicolás Maduro el pasado 28 de julio.
En ese contexto, Mulino planteó que Trump “no puede soslayar, como no lo soslayó el gobierno del presidente Biden”, el tema migratorio en la región.
Lo cierto, más allá de que el presidente electo de EE.UU. no ha hecho referencia al convenio con Panamá, sí contempla deportaciones masivas desde territorio norteamericano, específicamente de los migrantes irregulares con antecedentes penales, puesto que fue una de sus promesas de campaña.
Las medidas de Panamá para contener la migración en El Darién
Muestra de la importancia que Mulino le ha estado dando a la migración irregular es un decreto que permite a las autoridades panameñas multar con hasta US$5.000 a quienes arriben irregularmente a su territorio.
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El Decreto Ejecutivo 194, firmado el pasado 25 de octubre, establece que el valor de la multa dependerá de la condición de vulnerabilidad de quienes atraviesen la frontera de manera irregular e incrementará gradualmente si los migrantes reinciden.
La primera vez, los viajeros irregulares serán sancionados con una multa de US$300; la segunda, con US$600; la tercera, con US$900 y, de ahí en adelante, con US$1.000 por cada una de las siguientes ocasiones.
Otra apuesta por contener la ola migratoria fue el cierre de algunos cruces terrestres con alambres de púas en la frontera con Colombia, lo que llevó al represamiento de migrantes en el Urabá antioqueño.
Las restricciones contribuyeron con la reducción de viajeros irregulares, según el Gobierno de Panamá. Hasta el pasado 13 de octubre, ingresaron 274.444 viajeros irregulares a través del Darién, 36,5% menos en comparación con el mismo periodo de 2023 (432.211).