Ciudad de Panamá — Nuevamente, la ola de rechazo comienza a crecer y las amenazas de cierres de calles en el país canalero se reactivan.
Tras las continuas manifestaciones por el contenido del renegociado contrato ley entre Panamá y First Quantum Minerals LTD (FQM), y su retiro de la Asamblea Nacional, el Ejecutivo presentó en Consejo de Gabinete otro documento, que a su parecer, contiene las modificaciones exigidas por la población.
Este sería el segundo intento del gobierno por modificar el contrato ley que ampara la operación de cobre de la minera canadiense, a través de su subsidiaria Minera Panamá, S.A., en la provincia de Colón, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato ley original de 1997 a través de un fallo de 2017 y publicado en 2021 en la Gaceta Oficial, el órgano de divulgación del Estado.
Nuevas modificaciones
La negociación de este contrato asumida por la administración del presidente Laurentino “Nito” Cortizo se inició en septiembre de 2022 y culminó -de forma accidentada y con advertencias de incumplimientos de promesas de ambas partes, amenazas, arbitrajes y cierre de operaciones de la mina- en marzo de 2023.
Este contrato presentado en la Asamblea Nacional para su aprobación incrementa las regalías entre 2% (del contrato original) hasta un 16% y garantiza un aporte mínimo al Estado de US$375,000,0000 anuales.
Sin embargo, entre sus puntos más polémicos están los artículos que le daban potestad a la transnacional para expropiar terrenos para la explotación. Dichas clausulas fueron eliminadas, según anunció el gobierno.
En este último documento se informó que se modificó el alcance de la concesión para que FQM, a través de su filial Minera Panamá, sólo pueda explorar, extraer, y explotar cobre y sus minerales asociados en el área de concesión.
El nuevo contrato aclara que no pueden extraerse minerales fuera del área de concesión.
Se eliminó la cláusula que permitía a la empresa minera solicitar restricciones al espacio aéreo, lo que también fue muy criticado.
Se suprimió el artículo referente al contrato macro para que los términos de este contrato solo apliquen a Minera Panamá.
También se canceló el derecho que se le daba a la minera de solicitar al Estado clasificar de acceso restringido la identidad de beneficiarios finales de la mina.
En tanto, se eliminó la cláusula del contrato que contemplaba que el Estado otorgaría una concesión de exploración de oro, plata y molibdeno, así como otra que restringía a un máximo de seis la cantidad de funcionarios en la oficina de fiscalización estatal dentro del proyecto minero.
El Ejecutivo comunicó que se incluyó una cláusula que reafirma que nada en el contrato restringe ni limita la soberanía de la República de Panamá sobre su territorio, toda vez que analistas calificaron el renegociado contrato retirado de la Asamblea Nacional como un enclave colonial.
Sin embargo, estos cambios no fueron recibidos con beneplácito por las organizaciones ambientales, sindicales y ciudadanas que exigen un rechazo total al contrato minero, una moratoria minera en Panamá, así como un referéndum sobre dicho contrato.
Para el abogado Roberto Ruiz Díaz el tema de la retroactividad del nuevo contrato ley, cuyas regalías y pagos mínimos al Estado serían válidos desde 2022, no se aplica ante el pago del ingreso mínimo garantizado y solo en ese punto el Estado pierde cerca de US $360,000,000.
Además, los montos acordados no son los más justos, consideró el jurista, puesto que en el tercer año de su validez ese ingreso mínimo varía según el contrato renegociado.
Lo que queda, explicó Ruiz Díaz, es garantizar la seguridad jurídica ejecutando el fallo de la Corte Suprema de Justicia y efectuar una nueva negociación con sectores que representen no solo al gobierno sino a la población.
El nuevo contrato ley tendría una vigencia de 20 años contados a partir de diciembre de 2021 y serían prorrogables.
El presidente Cortizo reiteró que el contrato con la filial de FQM, Minera Panamá “es bueno para el país” y que las modificaciones aprobadas por el Consejo de Gabinete, luego de las opiniones de la población durante el primer debate del proyecto en la Asamblea Nacional, pasarán al refrendo de la Contraloría General de la República para su posterior debate en el Legislativo.
La mina de FQM llamada “Cobre Panamá” inició la construcción de sus instalaciones en 2011 y desde 2019 está en etapa de explotación y exportación de cobre. Según la compañía han invertido US $10,000,000,000 en el proyecto extractivo en las montañas caribeñas colonenses de Panamá.
