Ciudad de Panamá — El Gobierno panameño dio luz verde al cuestionado contrato con la empresa Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum Minerals LTD, y se aseguró un pago mínimo anual de US$375 millones, al autorizar a su ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, a firmar el nuevo documento en representación del Estado.
“No cabe la menor duda que este contrato es un triunfo histórico para Panamá. Es dramáticamente mejor en todo aspecto que el Contrato-Ley No. 9 de 1997 asegurando un pago mínimo garantizado de US$375 millones al Estado, lo que se traduce en una compensación justa por los recursos naturales del pueblo panameño”, sostuvo el funcionario.
El nuevo contrato establece una regalía de 16% de la ganancia bruta que registre la empresa, cuyo aporte anterior era del 12%, además del pago mínimo citado y también contempla “mejoras significativas en materia laboral y ambiental para el Estado”, según el gobierno.
Alfaro Boyd destacó que producto de la consulta pública realizada del 22 de marzo al 24 de abril de 2023, la cual no era influyente, se consignó dentro del contrato al distrito de La Pintada, provincia de Coclé, donde se desarrolla el proyecto minero, como beneficiario del fideicomiso, al igual a los distritos de Donoso y Omar Torrijos y se modificó la forma de designación de directivos y la duración del periodo de los mismos.
Los directivos serán los representantes electos del área y ministros de Estado, reafirmando, el compromiso del Gobierno nacional con la transparencia y el manejo de los recursos del Estado, según reza en una nota oficial.
Una vez aprobado el contrato por parte del Consejo de Gabinete, se avanzará con la firma del documento en los próximos días, que estará a cargo del ministro Alfaro Boyd y de Manuel Aizpurúa, representante legal de Minera Panamá.
El contrato será remitido a la Contraloría General de la República para su refrendo y posteriormente será presentado ante la
Asamblea Nacional para su debida aprobación, de ser aprobado el contrato ley, se presentará al presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, para su sanción y promulgación de la ley.
Todo esto ocurre ante las protestas de sectores de la sociedad civil que se oponen a la explotación de cobre que en suelo panameño realiza Minera Panamá y que señalan que el gobierno guarda silencio con respecto al hecho de que la empresa tiene exoneraciones fiscales exageradas de 70% de Impuesto Sobre la Renta, los primeros 10 años de extracción de cobre.
Lo que el gobierno no dice es que la empresa tiene potestades no solo dentro del área de concesión, sino fuera de la zona y hacerse no solo de subsuelo y en comparación con el anterior, el contrato ofrece numerosas ventajas para la empresa, aseguró a una televisora local el abogado y ambientalista, Harley Mitchel.