Panamá condena por primera vez a un expresidente por blanqueo de capitales

Una de las modalidades utilizadas para el lavado de activos, según la sentencia, fue el uso de testaferros o intermediarios financieros

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Ciudad de Panamá — Ricardo Alberto Martinelli Berrocal (2009 – 2014) se convirtió este martes en el primer presidente panameño en ser condenado por la justicia de este país por el delito de blanqueo de capitales a más de10 años y a pagar una multa de US $19,221,600.48, por el denominado caso “New Business”.

El exgobernante, de acuerdo al fallo condenatorio, solicitaba un porcentaje de las obras públicas a ejecutar y las sociedades emitían un adelanto de 10% que eran recibidos en la cuenta New Business Services Limited., dinero que sirvió para comprar la Editora Panamá América (Epasa), que publica los diarios Panamá América y La Crítica, entre otros. En caso de no acceder a este porcentaje, según los testigos del fallo, se les perjudicaría en las adjudicaciones de estas contrataciones.

Detalla la sentencia que el “señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, de manera directa y personal, participó en la adquisición de las acciones de Editora Panamá América S.A., ello cuando ostentaba el cargo de Presidente de la República, y además, transfirió mediante el uso de terceros y/o intermediarios financieros, dineros o fondos que procedían de actividades relacionadas con delitos contra la administración pública, con el propósito de ocultar su origen ilícito, así como también encubrir su control y mayoría accionaria como beneficiario final del medio de comunicación social”.

Prosigue señalando que en la causa se utilizó la modalidad de lavado de activos a través de sociedades de compra y venta de inmuebles y que se usaron promesas de compraventa de inmuebles para estratificar el dinero, “borrando el rastro de ilicitud del capital utilizado para adquirir unidades inmobiliarias, lo cual se comprobó cuando de manera directa y a través de interpuesta persona, el señor Ricardo Alberto Martinelli Linares, giró instrucciones a terceros…”. para comprar su participación accionaria de Epasa.

Otra de las modalidades utilizadas para el lavado de activos, según la sentencia, fue el uso de testaferros o intermediarios financieros y que “fue demostrado” a través de información facilitada por entidades bancarias y diversas declaraciones.

La sentencia sostiene que en el 2010 para la compra de Epasa se utilizaron diferentes aportes de intermediarios financieros investigadas en esta causa y que no guardaban relación con la sociedad New Business Services LTD, y posteriormente no se emitieron acciones a favor de estas.

Sin embargo, la sociedad TPAHC, tenedora de las acciones de Epasa, determinó que Martinelli Berrocal era el beneficiario final de la sociedad y que mantenía el 60% de participación accionaria de dicha compañía.

Así fue como se elaboró un esquema societario y transaccional que “facilitó el encubrimiento y ocultación” del señor Martinelli Berrocal como beneficiario y accionista mayoritario de Epasa “con dinero que claramente tenía origen y procedencia en actividades relacionadas a delitos contra la administración pública”.

En este caso, según la investigación y la sentencia, se utilizó una “cuenta de recolecta” en la que intervinieron 18 sociedades y cuatro personas naturales mediante distintas personas financieras nacionales e internacionales, entre el 15 y 27 de diciembre de 2010 por la suma de US$ 43,912,828.94 a la referida sociedad New Business Services Limited en el Global Bank Overseas LTD. Todo ello “con fondos ligados a actividades ilícitas relacionadas a delitos contra la administración pública.

Según el fallo, los hechos se corroboraron en el informe de actuación financiera de 2021 que concluyó que la cuenta New Business Services Limited recibió US$43,912,828.94 y se utilizó como “canasta” para comprar el medio periodístico, superando con creces su perfil transaccional.

Dinero de carreteras

Se concluyó que la sociedad Transcaribe Trading S.A., efectuó transferencias mediante siete sociedades y luego fueron enviadas a New Business Services Limited por USD$22,121,142.86 que correspondían al ensanche de la autopista Arraiján – La Chorrera (provincia de Panamá Oeste), sin que existiera una relación comercial o vínculo que las sustentara y que no se probó que existiera una relación financiera o comercial entre las personas naturales o jurídicas que transfirieron fondos a dicha cuenta.

Entre tanto, la empresa Excavaciones del Istmo, S.A. junto a Constructora Rodsa obtuvo un contrato por US$ 27,836,895.30 para rehabilitar caminos en Panamá Oeste y posteriormente, fue enviada a la cuenta de New Business para la compra del diario, cita el documento judicial.

Según lo detallado por el fiscal en la sentencia a los contratistas le solicitaban el 10% de los contratos con los cuales habían sido beneficiados y lo aportado por “Excavaciones del Istmo se enmarca dentro de este porcentaje” mencionado también por otros contratistas y que “dicha cantidad era solicitada por el señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal”.

Por su parte, el equipo de defensa del exmandatario reaccionó manifestando que agotarán todos los recursos legales para apelar la condena, alegando que ninguno de los fondos guardan relación con delito alguno y mucho menos de blanqueo de capitales.

En tanto, el exmandatario se pronunció en su cuenta de Twitter indicando que su condena procede a hechos políticos “soy inocente, todo mi dinero aportado es lícito y fue demostrado. No tengo relación alguna con dinero ilícito lo que quieren es inhabilitarme no quieren que sea tu presidente, quiero que sepan algo, voy a seguir luchando por ti y por tu familia hasta volver a ser el presidente de Panamá”, escribió al final de la tarde de este martes.

A pesar de que la sentencia no está en firme y que aún hay recursos legales que deberán de resolverse, para organismos de la sociedad civil y politólogos se trata de un fallo histórico para el país y que marca precedente.

Transparencia Internacional Capítulo de Panamá manifestó que el hecho “es un hito que rompe con la tradición de impunidad que ha caracterizado a la justicia panameña en los casos de gran corrupción”.

Para este organismo la condena a tres imputados en calidad de autores y a dos en calidad de facilitadores con grado de autoría en el delito de blanqueo de capitales, entre los que se encuentra el expresidente Ricardo Martinelli, manda el mensaje correcto y es que “la justicia debe alcanzar a todos”.

En opinión del analista José Stoute, este fallo se da en condiciones particulares, como la proximidad de las elecciones, y que de no resolverse los recursos legales antes de diciembre próximo Martinelli pudiera ser candidato para los comicios presidenciales de 2024, lo que crearía una complejidad jurídica tremenda.

“Una cosa importante a señalar es que al señor Martinelli se le identifica como jefe de una organización criminal … y fuera de este delito una serie de miembros de su gabinete están enjuiciados… en Panamá había una organización criminal dirigida por el señor Martinelli que capturó al Estado usando el disfraz de partido político”, afirmó Stoute, quien agregó que esto solo es posible en un país cuyo sistema político está descompuesto.

En tanto, otra de las voces en pronunciarse fue la de Temistocles Rosas, representante de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, quien señaló que el fallo demuestra que “el sistema de justicia sí funciona y actúa, y que está generando una solución a una problemática de ese letargo del sistema”, en declaraciones a TVN.

La “justicia panameña vive un momento histórico”, manifestó la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá que evaluó como un precedente importante el proceso y las sentencias dictaminadas en este caso “New Business”.

La causa -que consta de 178 tomos- inició en 2017 cuando el Ministerio Público tuvo conocimiento de la posible comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, relacionado con la compra de dicho diario.

Hay que recordar que Martinelli fue extraditado de Estados Unidos (EEUU) a Panamá por un caso de “pinchazos” o interceptaciones telefónicas a sus adversarios del que fue absuelto. Además, fue declarado “corrupto” por el Departamento de Estado de ese país y se le prohibió a él y a su familia inmediata la entrada EEUU; misma calificación que recibió Juan Carlos Varela, quien fuera su vicepresidente durante el periodo 2009-2014 y que a la postre se convertiría en presidente de la República, de 2014 a 2019.