Ciudad de Panamá — Entre protestas, denuncias de supuestos sobornos y en tiempo récord, el Ejecutivo sancionó la ley que ampara la operación minera de cobre de First Quantum Minerals (FQM), cuyo contrato previo fue declarado inconstitucional. Sindicatos advierten que su lucha en las calles no cesará.
Ubicada en la provincia caribeña de Colón, la operación de la mina de cobre, conocida como “Cobre Panamá”, se mantiene desde 2019 se mantiene en fase de exportación del mineral rojo por la canadiense FQM, y ahora está amparada bajo la Ley 406 del 20 de octubre de 2023.
El nuevo documento remplaza la ley 9 de 1997, que según la Corte Suprema de Justicia, a través de su fallo de 2017, era un contrato leonino para el Estado panameño.
“Este no es un contrato minero, es un contrato que vende la patria, la batalla no termina sino que empieza aquí, el pueblo y las generaciones presentes y futuras tienen la última palabra, que nadie crea que se salieron con la suya”, expresó Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción (Suntracs).
“Podemos decir que la corrupción primó, todo el mundo sabe que fueron entre $2 y $5 millones [el pago por] los votos [de los diputados] para el contrato que vende la patria, pero eso no ha comprado la conciencia y patriotismo de nuestro pueblo, vamos a seguir, que nadie tenga duda de eso”, añadió el representante de la máxima organización obrera panameña.
Mientras que por parte del sector empresarial, Rubén Castillo Gil, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), aclaró que “en democracia son legítimas las manifestaciones que se dan respetando los derechos de terceros y el cierre de vías no es una práctica democrática, porque hay afectaciones severas a la sociedad”.
Añadió que las continuas manifestaciones “perjudican desde lo más humano, con gente que no puede llegar a una cita médica” y afectan a la economía en términos globales.
“Si las protestas se extienden se mandan malas señales a la actividad económica y se podría agudizar más el desempleo”, señaló el Conep.
Diversos representantes de la sociedad civil han cuestionado las velocidades concernientes al trámite minero y su publicación en Gaceta Oficial, entre estos Roberto Barsallo, expresidente de la organización Libertad Ciudadana, capítulo de Panamá.
Mientras que el fallo de inconstitucionalidad tardó cuatro años en publicarse, la nueva ley minera apareció en la Gaceta Oficial el mismo día en que el Legislativo culminó el tercer debate, tras la sanción presidencial.
El proyecto de ley fue presentado ante la Asamblea Nacional por el Ejecutivo el 16 de octubre y se sancionó cuatro días después, constaba de más de cien páginas y coincide con que la transmisión del debate del legislativo fue interrumpida por supuestos problemas técnicos, denunció el diputado independiente Edison Broce.
“La factibilidad social y económica al final fue lo que valoró el pleno de diputados para apoyar este documento suscrito por el Gobierno de Panamá y la empresa concesionaria. El resultado fue de 47 votos a favor, 6 en contra y dos abstenciones”, cita un pronunciamiento de la Asamblea Nacional.
En tanto, uno de los diputados que votó en contra del contrato, Elías Vigil, denunció en sus redes supuestos sobornos: “Mucho maletín carajo...sigan jodiendo que los tiro al agua, 1.5 joooo”.
Por su parte, el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, defendió la normativa. “Se eliminó el derecho de la empresa a solicitar expropiación de terrenos privados, no estábamos debatiendo el futuro de Panamá en materia minera”, resaltó el funcionario.
“Hemos visto una publicación de un contrato ley que ha sido divulgado durante cinco meses, lo subimos a la plataforma Ágora desde el mes de marzo, no recuerdo ningún contrato de concesión tanto minero, portuario, de energía o demás del Estado panameño que haya sido tan debatido”, enfatizó Alfaro Boyd.
No obstante, la divulgación a la que se refiere el funcionario se valió fundamentalmente del internet, en un país donde cerca del 30% de los hogares carece del recurso, un documento que contaba originalmente con 69 páginas, no permitía su impresión y que tuvo un proceso de consulta “no vinculante”.
Con la nueva ley minera para FQM, y cuyas condiciones económicas se aplican de forma retroactiva desde 2021, cuando se publicó la inconstitucionalidad, se establece que la canadiense tendrá que pagar una regalía por ganancia bruta de entre 12% a 16%, aumentando el porcentaje inicial de 2%.
Se estableció una superficie de concesión de 12.955 hectáreas para la explotación del cobre y un aporte mínimo anual de US$375′000.000 para el Estado panameño.
First Quantum Minerals, a través de su subsidiaria Minera Panamá, afirma haber invertido unos US$10.000 millones y que su proyecto genera unos 40 mil empleos, entre directos e indirectos.
La inversión ha enfrentado cuestionamientos por su manejo ambiental en un bosque protegido, razón por la cual se mantienen investigaciones en el Ministerio Público.
