Ciudad de Panamá — A partir de la fecha los panameños y extranjeros con residencia en el país podrán aplicar a una vivienda nueva con un valor de hasta US$180,000 a una tasa de interés bancaria asegurada de 1.5%, hasta por cinco años, con la ley de intereses preferenciales modificada y que amplió el margen que subsidia el Estado panameño.
Vetada con anterioridad por el Ejecutivo, alegando que comprometía fondos de futuras administraciones hasta el 2028, la norma fue publicada finalmente en la Gaceta Oficial, órgano oficial del Estado.
Con la norma se fijó una tasa de 4% para las viviendas cuyo rango varía entre US$45,000 a US$80,000 por un periodo de 10 años, y la misma tasa para las casas entre US$80,000 a US$120,000 por 8 años.
Esta sería la tasa que pagaría el consumidor por su hipoteca, en el tiempo citado, y la diferencia según la tasa del mercado la asume el Estado lo que para el presupuesto de 2021 fue de US$ 80 millones.
En cambio, para las viviendas plurifamiliares verticales cuyo precio oscila entre US$120,000 a US$150,000 la tasa es por 2% y las que valen entre US$150,000 a US$180,000 una tasa de 1.5% durante los primeros 5 años de la hipoteca.
La ley es válida hasta el 31 de diciembre de 2025 a excepción de las propiedades entre US$120,000 a US $180,000, para las que aplica hasta junio de 2024.
En este último rango, y con un crédito de hasta 30 años, se puede adquirir un apartamento de 69 metros cuadrados, en un edificio con piscina y otras amenidades en el corazón de la ciudad de Panamá, en la Vía España, cuyo costo se anuncia desde los US$180,000, según la publicidad de una de las tantas inmobiliarias del país canalero.
¿Subsidio para quién?
“El argumento sobre esto es que existe una sobreoferta de viviendas y quieren bajar el inventario para generar la construcción de nuevas barriadas y que se generen empleos, pero no lo recomiendo”, dijo por su parte el economista Felipe Argote en entrevista con Bloomberg Línea.
Esa es la razón por la que una casa en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, ubicada a más de 30 minutos de la capital o 39 kilómetros, cuesta más que una en la Florida, Estados Unidos “y son más grandes que las cajetillas de fósforo que hacen en Panamá”, criticó Argote.
A su juicio, si no hay quien compre las propiedades por la falta de poder adquisitivo los promotores estarían obligados a bajar sus precios pero esto no sucede por la intervención gubernamental.
“El gobierno está subsidiando a los bancos y promotores de vivienda, es un subsidio que va adonde se concentra la riqueza, los que construyen las viviendas y banqueros, me quitas mis impuestos para subsidiar a los millonarios” acotó.
Precisamente, el 82% del mercado solo puede comprar si tiene este beneficio del interés preferencial, explicó Elisa Suárez, directora del Consejo Nacional de Vivienda (Convivienda) en una entrevista a TVN Noticias.
A diferencia de cualquier otro subsidio “este se dirige a la inversión” ya que por cada 100 empleos en la construcción se generan 50 más en la economía, resaltó Suárez quien también representó a la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa.
Panamá es uno de los países con más dueños de su propia vivienda gracias a esta ley que data de 1985 cuyo tope original era de US $50,000 pero que ha sido modificada, expuso la empresaria que confirmó que existe un “amplio” inventario precisamente de apartamentos de hasta US $180,000.
No obstante, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) detectó que en el país centroamericano el déficit habitacional ampliado, indicador que mide las necesidades de los hogares en materia de vivienda nueva, la necesidad de mejora de las existentes y las que presentan deficiencias en el acceso a servicios básicos, es de 28.9%, según el análisis efectuado en 2021.
El indicador a pesar de haberse reducido respecto al 50.7% de 2007 “sigue siendo relativamente alto especialmente si se considera que el número de personas que habitan en estas condiciones es aún mayor (el 34,2%)”, señala la institución
Los hallazgos muestran que este déficit habitacional ampliado guarda estrecha relación con las fuertes desigualdades territoriales existentes en el país, toda vez que a menor ingreso promedio per cápita de los hogares y mayores niveles de pobreza monetaria y multidimensional en una provincia, mayores son sus carencias en vivienda, concluye el documento preparado por el economista Carlos Garcimartín.
Consultado por Bloomberg Línea respecto a la política estatal ante el déficit de vivienda, un problema de unas 200 mil familias, Garcimartín indicó que habría que analizar quien se está beneficiando del subsidio, si se impulsan nuevas construcciones así como observar las condiciones del mercado y si los pagos bancarios están siendo rápidos.
La falta de poder adquisitivo, añadió, “podría justificar una política de apoyo a la vivienda, pero no necesariamente vía subsidio al crédito”.
La próxima semana, del 28 de septiembre al 1 de octubre, se efectuará la tradicional feria de vivienda Capac Expo Hábitat, donde se ofertarán proyectos de vivienda, “ya ahora sí saben los bancos, los promotores y los beneficiarios interesados, que van a tener esta posibilidad en diferentes rangos hasta 180 mil balboas”, dijo por su parte el ministro de vivienda y ordenamiento territorial (Miviot), Rogelio Paredes, quien defiende que este incentivo es para apoyar a la clase media y trabajadora panameña.
Desde la Cámara Panameña de la Construcción compartieron su satisfacción a la modificación de la ley toda vez que fue una petición del sector y es “clave para el desarrollo sostenible de los programas habitacionales”, según su comunicado, pero no opinaron ante las críticas.
Durante todos estos años la ley ha tenido un impacto positivo en el bienestar de los panameños manifestó por su parte Otto Wolfschoon, directivo de la Asociación Bancaria de Panamá.
Sin embargo, para que los bancos “como pieza fundamental del asunto sigan participando” es imprescindible que los créditos fiscales se reconozcan y se manejen “sin atrasos” por el Estado, precisó Wolschoon.
Hasta julio del año en curso, el total del saldo de la cartera hipotecaria asciende a US$17 mil 694,3 millones prácticamente la mitad US $8 mil 523 millones corresponden a préstamos amparados en la ley de interés preferencial, según las estadísticas más recientes del Sistema Bancario Nacional.
