Ciudad de Panamá — Represión policial, actos de vandalismo, cierre de vías y una paralización de las clases en el sistema educativo público de manera indefinida es lo que vive Panamá desde este lunes, producto de la acelerada aprobación del contrato ley de First Quantum Minerals (FQM) LTD., norma que ampara la mayor explotación de cobre en el istmo, tras una consulta pública no vinculante.
Las pérdidas económicas se estiman entre US$60 y US$90 millones mínimo por día, según cálculos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y el sector más afectado es el de la micro y pequeña empresa porque “muchos no pudieron salir a trabajar”, señaló el gremio empresarial.
Durante las manifestaciones, una ambulancia del Ministerio de Salud que transportaba a pacientes de las afueras de la ciudad a la capital, para dializarse, fue vandalizada, lo que generó una persona herida. Además, se perdieron cientos de citas médicas en el sistema público de salud.
Entre tanto, varios carros oficiales fueron apedreados e incendiados, se suspendió el transporte público y gremios docentes decretaron la huelga en las escuelas públicas durante 48 horas prorrogables.
La inconformidad en las calles panameñas es por la aprobación de la ley 406 de 2023 que avala la explotación de cobre en el bosque protegido caribeño de Panamá, por 40 años, la mayor mina de cobre de Centroamérica y cuyo contrato original había sido declarado inconstitucional en 2017 por el máximo tribunal panameño, la Corte Suprema de Justicia.
La negociación del contrato se presenció con amenazas entre el Estado y Minera Panamá, filial de FQM, trámite de arbitrajes por parte de la trasnacional minera, paralización de la explotación debido a los desacuerdos con el Ejecutivo y la reciente aprobación en la Asamblea Nacional de Panamá bajo el manto de la opacidad.
Ante las protestas, la Cámara Minera de Panamá consultó a la población si se desea llevar al país a la quiebra, pues “de no contar con el nuevo contrato, la empresa pudiera ganar las demandas porque el que se equivocó es el Estado panameño”.
A diferencia de otros debates y aprobación de leyes del Legislativo, la transmisión de esta ley fue interrumpida por supuestos problemas técnicos, lo que se sumó a las denuncias de sobornos millonarios a los diputados por su voto a favor del contrato, en tan solo cuatro días, a pesar de ser un documento con cientos de páginas.
Mientras que las calles del país canalero se encuentran convulsionadas, la transnacional First Quantum comunicó su complacencia ante la aprobación del nuevo contrato.
“Nos complace que el contrato revisado establezca las bases para una relación renovada a largo plazo entre Panamá y First Quantum. Esto permitirá tanto la inversión continua en la mina como su importante contribución a Panamá y a su gente. Nos comprometemos a cumplir con las obligaciones del contrato y a ejercer una gestión responsable de la mina Cobre Panamá, incluyendo un impacto positivo continuo en nuestra fuerza laboral, las comunidades vecinas y el medio ambiente”, indicó Tristan Pascall, CEO de First Quantum en una nota.
Minera Panamá se compromete a operar de manera social y ambientalmente responsable, aprovechando prácticas sostenibles y participando en un diálogo productivo para asegurar el éxito a largo plazo y los beneficios para los involucrados, añadió la compañía.
Por su parte, Gana Panamá, la asociación empresarial y cívica que reúne a diferentes organizaciones del país, hizo un llamado a la cordura y análisis respecto a las implicaciones sociales, económicas, ambientales y laborales de este contrato ley entre el Estado panameño y la empresa minera.
“El proceso de aprobación de este contrato ha estado plagado de inconsistencias que han generado malestar y desconfianza en la población, causando protestas que ponen en riesgo la estabilidad del país”, cita un comunicado de Gana Panamá.
“En medio de la difícil situación que atraviesa la nación, hacemos un llamado a mantener el orden público, con miras a preservar la paz social y a evitar que ocurran situaciones que pongan en riesgo la integridad física de los ciudadanos y el bienestar socioeconómico de Panamá”, añade el pronunciamiento.
En tanto, este lunes también se presentaron tres demandas de inconstitucionalidad en contra de la ley 403, así como una denuncia contra los 45 diputados que aprobaron la norma.
Por otro lado, también se denunció legalmente el supuesto abuso policial de un fotógrafo independiente que perdió un ojo durante la cobertura de las manifestaciones.
Con el nuevo contrato minero se incrementaron las regalías de 2% hasta 16% y un pago mínimo al Estado de US$375 millones.
