Ciudad de Panamá — Por segunda vez consecutiva falló este lunes la intención de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), de ser juramentados en Panamá como diputados suplentes del Parlamento Centroamericano (Parlacen), que los sacaría del ojo de la justicia que pretende juzgarlos por supuestos actos de corrupción.
Los Martinelli Linares aparecen imputados en los casos de Blue Apple y Odebrecht, que tratan de una presunta red de corrupción de funcionarios, empresarios y contratistas que supuestamente pedían comisiones para que le fueran adjudicadas las licitaciones estatales, en el periodo en que su padre gobernaba Panamá. Por este mismo caso, el expresidente Martinelli fue condenado en julio pasado a 10 años de cárcel.
El caso Blue Apple está programado para realizarse entre el 22 de agosto y el 11 de septiembre de 2023, mientras que el de Odebrecht tiene como fecha septiembre venidero.
En 2022 los hijos del expresidente panameño fueron acusados y condenados a 36 meses de prisión en Estados Unidos por blanqueo de capitales por la suma de $28 millones en coimas que confesaron fue orden de su padre, el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal.
“Nuestro cliente Ricardo Alberto Martinelli Linares y su hermano Luis Enrique Martinelli Linares fueron atados a esta conspiración de lavado de dinero hace más de una década por su padre, quien entonces era el presidente de Panamá, y quien fue el destinatario de los sobornos de Odebrecht”, cita la transcripción de la audiencia del 20 de mayo de 2022.
Dorindo Cortez, diputado y presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos e Institucional Regional del Parlacen, dijo este lunes que aunque no hayan sido juramentados los Martinelli Linares gozan del fuero que les concede ser diputados del Parlacen.
En Panamá la norma vigente señala que los diputados solo pueden ser procesados judicialmente por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con el expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, al momento en que los Martinelli Linares adquieran la condición de diputado los tribunales deben enviar el expediente a la Corte, a quien le corresponderá responder al limbo jurídico que se produciría cuando el expediente se encuentre en etapas que no existen en las reglas de los juicios especiales.
Por ejemplo –explicó Araúz citado por La Estrella de Panamá– no existe recurso de apelación en los juicios especiales.
En tanto, Cortez detalló que no hay ningún impedimento jurídico para que los diputados suplentes sean juramentados porque son “diputados” con una certificación del Tribunal Electoral y están certificados por una comisión especial de acreditación.
Diversas voces de la sociedad panameña, entre candidatos presidenciales y diputados coinciden en señalar que el Parlacen, que anualmente le cuesta al país más de US $1.7 millones, no aporta ningún beneficio, por lo que ese dinero se puede destinar a obras.
Inclusive, el exgobernante Martinelli (2009-2014), previo a su mandato, se refirió a este órgano como “una cueva de ladrones” y que Panamá debía salirse porque no le aportaba nada al país.
Consultada al respecto, la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte indicó que “la corrupción socava la democracia, roba y desvía los recursos que pueden estar disponibles para el pueblo y las comunidades vulnerables” y que en su momento se pronunciará al Parlacen.
Fundado en 1991, el Parlamento Centroamericano es un órgano político que forma parte del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) , integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
