Ciudad de Panamá — En el cuarto día de cierres de calles en Panamá, tras la sanción y publicación de la nueva ley que ampara por 40 años la explotación de cobre por la canadiense First Quantum Minerals LTD. (FQM), los alimentos comienzan a escasear, el gremio médico se suma al paro de labores por 72 horas, las clases se mantienen suspendidas y el vandalismo se toma los comercios.
El reclamo de civiles y organizaciones, como el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs), es la derogación de la ley 406 de 2023 que ampara la continuidad de la explotación de cobre a 120 kilómetros de la capital y que desde 2019 se mantiene en fase de exportación por la subsidiaria de FQM, Minera Panamá.
Una ley de cientos de páginas que se aprobó en tiempo récord -y a través de una consulta ciudadana no vinculante- obtuvo en cinco días la aprobación en la Asamblea Nacional, la sanción del Ejecutivo y su publicación en la Gaceta Oficial, ente de divulgación estatal.
Diversas agrupaciones civiles y empresariales solicitaron a gobierno un mayor pronunciamiento ante la crisis en el país canalero.
“Nos gustaría más comunicación del gobierno nacional, conocer las acciones ante la situación que vive el país y que se comunique una moratoria inmediata de las nuevas concesiones mineras”, dijo Adolfo Fábrega, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).
La cámara se suma a la petición de moratoria minera que anteriormente habían solicitado grupos ciudadanos y expuso entre sus argumentos que la ciudadanía “necesita la seguridad que nuestro futuro es la fiscalización de concesiones actuales y moratoria inmediata para tener tranquilidad de lo que manifiestan genuinamente [en las protestas] en el país”, añadió Fábrega en conferencia de prensa.
Cada día el país está perdiendo hasta US $90 millones por la paralización de labores, según datos de la Cámara, siendo las empresas de menor tamaño las más afectadas.
Mientras tanto, el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) detalló que se profundizará el problema de abastecimiento de productos y materias primas y “se espera un ausentismo de productos sensitivos en el mercado”, alertó Raúl Montenegro, presidente del SIP.
“No aceptamos actos delincuenciales porque los patriotas estamos luchando por la patria [...] no debe aceptarse provocadores que dañen las acciones de las masas, [protestas] que se van a seguir desarrollando hasta que se acabe el contrato minero, tiene que derogarse el contrato minero”, dijo Saúl Méndez, representante del Suntracs.
Tras el mensaje en video del presidente de la República, Laurentino Cortizo, el pasado martes 24 de octubre, en el que advirtió que no permitiría la anarquía, que se judicializarían estas acciones y en el que explicó los antecedentes de la ley minera de First Quantum, no se ha dado ninguna otra información de las medidas ante la crisis económica y social panameña.
La ley 406 de 2023 reemplaza la ley 9 de 1997 con la que nació el contrato de concesión de cobre, en unas 12 mil hectáreas, en la provincia de Colón, distrito de Donoso y que opera First Quantum Minerals a través de su subsidiaria Minera Panamá. La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional este contrato en 2017.