Bloomberg — El Tribunal Supremo de Panamá falló en contra de una ley que aprobaba un contrato con First Quantum Minerals Ltd., poniendo en duda el futuro de una de las mayores operaciones de cobre del mundo.
Las acciones de la empresa cayeron hasta un 8,3% en Toronto antes de reducir la mayoría de las pérdidas, ya que los precios del cobre en la Bolsa de Metales de Londres subieron un 1,3% debido a las buenas expectativas económicas en China y a la escasa oferta. Los bonos en dólares de Panamá cayeron ante la perspectiva de que el gobierno pierda una importante fuente de ingresos.
La sentencia plantea la posibilidad de una larga y costosa batalla legal entre First Quantum y Panamá si la disputa se traslada a un arbitraje internacional. El mes pasado estallaron protestas masivas después de que el Congreso panameño aprobara un nuevo contrato con la minera canadiense, que desde entonces se ha visto obligada a suspender la producción porque los bloqueos le impiden acceder a los suministros que necesita.
Los abogados locales están divididos sobre si la decisión significa que First Quantum debe cerrar sus operaciones inmediatamente. Un contrato anterior fue declarado inconstitucional en 2017, pero la mina siguió funcionando. Sin embargo, la avalancha de furia popular contra el proyecto puede obligar al Gobierno a adoptar una postura más dura.
First Quantum envió una notificación de arbitraje al gobierno de Panamá durante el fin de semana tras las interrupciones en su puerto en el país. La operación, valorada en US$10.000 millones, produce más del 1% de la producción mundial de cobre.
“Queremos afirmar nuestro compromiso inquebrantable con el cumplimiento normativo en todos los aspectos de nuestras operaciones dentro del país”, dijo un portavoz de First Quantum en un mensaje escrito. “Haremos más comentarios a medida que se hagan públicos detalles adicionales sobre el fallo”.
El voto en contra del contrato completo fue unánime, dijo el martes a la prensa la presidenta del Tribunal Supremo, María Eugenia López. La sentencia debe publicarse ahora en la gaceta oficial del país, dijo.
Implicaciones “terribles”
El abogado local Victor Baker, que presentó un dictamen sobre el caso ante el Tribunal Supremo, dijo que la sentencia se aplica a la ley aprobada en el Congreso, no al contrato subyacente. Por lo tanto, se puede redactar un nuevo contrato y la mina puede operar mientras tanto, dijo, en una respuesta escrita a preguntas.
Pero Martita Cornejo, abogada que presentó el recurso de inconstitucionalidad, afirma que la declaración de inconstitucionalidad de la ley anula de hecho el contrato, y que la mina debe cerrar inmediatamente.
Los billetes en dólares más líquidos del país con vencimiento en 2036 cayeron hasta 0,6 centavos a 95,6 centavos tras la sentencia, según datos de precios indicativos recopilados por Bloomberg.
Las implicaciones para las perspectivas fiscales del país son “terribles”, dijo Ricardo Penfold, director gerente de Seaport Global.
“El país tiene un déficit fiscal del 5% del PIB y esto lo aumentará en torno al 0,6%”, dijo Penfold, en una respuesta escrita a unas preguntas. “Y luego está la demanda”.
Ecologistas, sindicatos y otras organizaciones llevan protestando desde el 20 de octubre, cuando el Congreso aprobó un contrato que otorga a First Quantum el derecho a producir cobre durante 20 años, con opción a otra prórroga de 20 años.
Los manifestantes sostienen que el contrato viola la soberanía nacional y no recibió suficiente debate público antes de su aprobación en el legislativo. Según el Consejo Nacional de la Empresa Privada, los bloqueos de carreteras y las violentas protestas contra la minería han causado al menos 1.700 millones de dólares en pérdidas a las empresas.
First Quantum comenzó a reducir sus operaciones la semana pasada, cuando pequeñas embarcaciones bloquearon el puerto de la mina, impidiendo a la empresa el envío de suministros a la mina, mientras que manifestantes y personal minero se enfrentaron esta semana a lo largo de la carretera que conduce a la entrada del yacimiento.
First Quantum y el gobierno llegaron a un nuevo acuerdo sobre la mina en marzo, que prorroga el contrato de la empresa con sede en Vancouver y proporciona al gobierno una mayor participación en los beneficios. El acuerdo requería la aprobación del Congreso antes de convertirse en ley.
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