Fitch Ratings desmejora la calificación crediticia de Panamá de estable a perspectiva negativa

El aumento de los subsidios y del gasto presupuestario en 2024 fueron factores determinantes

Por

Ciudad de Panamá — Fitch ratings, una de las principales calificadoras de riesgo del mundo desmejoró la perspectiva de Panamá de estable a negativa por las persistentes presiones fiscales y las inciertas perspectivas de saneamiento de las finanzas en el último año.

El informe detalla que el gobierno ha recurrido en gran medida a medidas excepcionales y maniobras contables para reducir el déficit presupuestario .

También enfatiza en las subvenciones a los combustibles y la electricidad que presionan el déficit fiscal en 2023, y una gran expansión del gasto presupuestario en 2024 lo que aumenta el riesgo de nuevos desvíos que podrían dar lugar a una trayectoria ascendente de la deuda pública.

Otro punto que destaca es “el creciente desequilibrio en el subsistema de pensiones de prestación” a través de la Caja de Seguro Social, lo que es un riesgo clave a medio plazo que “podría empeorar potencialmente la carga de la deuda de Panamá”.

“La mejora de la credibilidad de la fortaleza del marco fiscal es relevante en ausencia de una política monetaria independiente”, indica el reporte.

El Gobierno ha acumulado atrasos que pueden dar lugar a una mayor carga de la deuda y la falta de progresos en la aplicación de las medidas relativas a las pensiones sigue provocando desequilibrios que se suman a la débil credibilidad fiscal.

El cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal, que fija objetivos de equilibrio fiscal e incluye un objetivo indicativo de deuda-PIB del 40%, ha sido bastante desigual, expone la calificadora.

A largo plazo, Fitch elevo el techo del país canalero a ‘AA-’ bajo el criterio de que consideran que la dolarización reduce el riesgo de que se impongan controles de capital.

Los ingresos de Panamá se verán favorecidos por importantes operaciones excepcionales, aunque éstas pueden tener un impacto fiscal neutro.

Por ejemplo la reciente venta de terrenos propiedad del gobierno al Canal de Panamá por US$500 millones que se utilizarán para pagar partidas de gasto no presupuestado.

La reciente devolución de la ley minera de First Quantum Minerals por parte la Asamblea Nacional, así como las alternativas ante los comicios generales del país en 2024 también tuvieron su peso en el detalle de Fitch que prevé un déficit fiscal del 3,7% del PIB (frente al objetivo del 3%).

Subraya que “cada vez es más dudoso” la concretización de la expectativa del gobierno de recibir durante dos años la suma de US$770 millones (0,9% del PIB) del renegociado contrato con la gran mina de cobre “Minera Panamá” que requiere la aprobación del Congreso.

Dichas regalías se comprometieron a mejorar las reservas del subrégimen de pensiones de prestación definida y a financiar nuevas prestaciones de jubilación e infraestructuras.

El gasto se ve presionado por el aumento de los costos por intereses, que se prevé que aumenten hasta el 2,6% del PIB en 2023 desde el 2,2% en 2022, cerca de un 30% de incremento a lo largo del año dados los mayores tipos de interés.

En tanto, la entidad espera que el nuevo gobierno sea elegido por un partido de la oposición, ya que el índice de aprobación de la administración Cortizo ha descendido continuamente.

“La mayor incertidumbre es la candidatura del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), actual favorito de las elecciones, que aventaja a todos los demás candidatos por un amplio margen”.

Martinelli fue condenado a más de 10 años de prisión por blanqueo de dinero y puede continuar su candidatura mientras se tramitan sus recursos a la sentencia.

Para el próximo 2024, Fitch no prevé que el Gobierno cumpla los objetivos de la regla fiscal a la luz de las presiones sobre el gasto, los problemas estructurales en la recaudación de impuestos (cuyo crecimiento ha estado muy por detrás del PIB nominal en la última década) la caída de los ingresos extraordinarios, y anticipa una ampliación del déficit del sector público no financiero hasta el 4,5% del PIB.