Ciudad de Panamá — Desde protestas por carreteras y mar, expresiones de la cultura tradicional panameña, hasta vigilia y cadenas de oración. Hoy se cumplen 33 días de las diversas manifestaciones ciudadanas contra el contrato ley 406 que prolonga por 40 años la extracción de cobre de First Quantum Minerals, ubicada a 120 kilómetros de la capital.
Ni los procesos judiciales contra al menos 21 dirigentes civiles, cuatro muertos, las denuncias penales y amenazas de retención de pago a docentes han desalentado a los manifestantes que exigen que se declare inconstitucional dicho contrato que ampara la explotación de la trasnacional canadiense.
De igual manera, otros grupos de protestantes piden la derogación de la norma pero el procurador de la Administración, Rigoberto González, ha recalcado que esta propuesta “no es viable” jurídicamente.
González junto al procurador General de la Nación, Javier Caraballo, advirtieron que el nuevo contrato ley - promulgado el 20 de octubre pasado-es inconstitucional, pero la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Este viernes sesionará de manera permanente, desde las 9 de la mañana, para analizar las demandas en contra de la legislación y que se contabilizan en una decena.
En el máximo tribunal del país se recibieron 126 argumentos por los demandantes y personas interesadas, ya sea a favor o en contra de la inconstitucionalidad de la Ley 406.
“La duración de la sesión permanente dependerá del tiempo que tome el análisis, debate y discusión del proyecto por parte de los magistrados y del Pleno de la CSJ. Inmediatamente se adopte una decisión, esta se dará a conocer”, cita un comunicado del Órgano Judicial.
Tras una accidentada negociación con First Quantum Minerals (FQM), el Ejecutivo propuso que el contrato ley 406 ampararía legalmente la exportación de cobre de la mina instalada en 12 mil hectáreas del bosque protegido de la provincia de Colón.
El contrato original que amparaba la operación extractiva data de 1997 y fue declarado inconstitucional por la CSJ a través de un fallo en 2017 pero publicado cuatro años después, en 2021.
El nuevo pacto firmado entre el Estado y la empresa se publicó digitalmente para la consulta ciudadana pero no era permitida su descarga en un país en el que 40% de la población carece de internet.
Otro punto polémico fue que el extenso documento se avaló con una consulta ciudadana no “vinculante”, a pesar de que Panamá ha ratificado el acuerdo regional de participación ciudadana y justicia ambiental de Escazú.
Además, se debatió y aprobó en tiempo récord: tres días, bajo la denuncia de supuestos pagos millonarios a los diputados a cambio de su voto. Posterior a las continuas protestas buena parte de los políticos admitió que no había leído el texto de más de un centenar de páginas e incluso se arrepentían de haberlo aprobado.
El poder económico junto al gobierno han impuesto la salida a la crisis por la inconstitucionalidad “aquí no se va a aceptar nada menos que se declare inconstitucional toda esa ley”, dijo Saúl Méndez, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs).
La organización obrera aboga por el cierre de las operaciones de FQM en Panamá, la explotación a cielo abierto más grande de la región centroamericana. “Mantengamos las operaciones en las calles, con mayor firmeza porque vamos a derrotar la ley 406” acotó Méndez, vocero de uno de los grupos más representativos en las manifestaciones.
En este mes de protestas la escasez y el encarecimiento de los alimentos que no pueden ser transportados desde la occidental campiña a la ciudad, así como el vandalismo ha sido la otra cara del estallido social.
Se cuantifican pérdidas económicas que rondan los US$1.800 millones, según el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), sin contar los perjuicios a la educación por las clases perdidas y la citas médicas canceladas.
El Conep, gremio que aglutina las cámaras de las diversas actividades económicas, se pronunció nuevamente, para alertar que observan con “perplejidad y estupor” casos en los que la fuerza pública “no actúa” frente a agresiones contra los bienes de los ciudadanos.
Recordó que en una pasada reunión con el Presidente de la República, Laurentino Cortizo, se les solicitó paciencia cuando plantearon el ambiente “anárquico”, el perjuicio a la matriz productiva del país y que el caos se mantiene y aumenta “por lo que es obvio que la paciencia se ha agotado de forma irrevocable”, expone una carta del gremio.
Los empresarios solicitaron “de forma respetuosa pero enfática” tomar las acciones legales pertinentes para garantizar la vida y honra de los ciudadanos, y señalaron que si las instituciones no funcionan “la anarquía se convierte en algo normal y corre peligro la democracia”.
Mientras se decide la inconstitucionalidad de la inversión de unos US$10 mil millones, y que aporta hasta 40 mil empleos directos e indirectos, según la minera, el comité panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha conformado una “mesa técnica para el cierre de minas”.
Dicho comité reafirmó también el rechazo a la minería metálica del país e indicó que están atentos y a la espera del fallo de la CSJ, cita un comunicado.
El proyecto minero, además de tener el rechazo ciudadano por la decisión inconsulta del Ejecutivo, mantiene investigaciones penales y administrativas por más de dos centenares de incumplimientos al plan de mitigación ambiental, la minera, por su parte, afirma cumplir rigurosos protocolos ambientales internacionales.
Las protestas panameñas ya se han divulgado en medios internacionales y los activistas ambientales como Greta Thunberg y el también actor Leonardo Dicaprio se han sumado a las voces en contra de la explotación de First Quantum.
