Ciudad de Panamá — Tienen fines diversos, proteger el patrimonio, ser el instrumento de operaciones comerciales y financieras de panameños y extranjeros desde 1927, también el blanco de críticas, y hasta las protagonistas de la película “La lavandería”: las sociedades anónimas panameñas, entre estas las offshore, que en otrora época iban en un ritmo de crecimiento y aportaban anualmente a la economía hasta unos US$89 millones solo en tasa única, ha decaído sus inscripciones en 63% en la última década.
Así se observa en el análisis efectuado por Bloomberg Línea que recopiló los datos de inscripciones, quiebra y disoluciones de las sociedades anónimas y fundaciones de interés privado del Registro Público panameño, entre 2012-2022, así como las entidades de las Islas Vírgenes Británicas (BVI) y de Delaware (Estados Unidos), jurisdicciones que se estiman como importantes competidores del país centroamericano.
Actualmente, en Panamá existen 222,975 sociedades anónimas y 39,188 fundaciones de interés privado vigentes, según datos extraídos del Registro Público y procesados por la plataforma Panadata, a petición de este medio. Bloomberg Línea solicitó la cifra oficial al Registro Público, pero no se tuvo respuesta..
Sin embargo, en la última década, se ha registrado “una baja significativa” tanto en inscripciones como en un “importante aumento” en disoluciones para las sociedades anónimas y las fundaciones de interés privado, considera Carlos Barsallo, abogado expresidente de Transparencia Internacional y fundador del Instituto de Gobierno Corporativo, así como la abogada Mayra Rodríguez, miembro de la World Compliance Association.
Las inscripciones de las S.A. pasaron de 34.274 en 2012 a 12.742 en 2022, mientras que las disoluciones aumentaron de solo en siete en 2013, para un total de 5.575, el año pasado. La mediana de las inscripciones y disoluciones fue de 15.413 y 5.180, respectivamente.
En los últimos cuatro años, (2019-2022) la cantidad de disoluciones de S.A. es más de la mitad de las inscripciones. Tan solo el año pasado, por ejemplo, mientras que el año pasado se inscribieron 12,742 y se disolvieron 5,575.
Precisamente, el año pasado las S.A. generaron un aporte al erario de US$69,037,000, solo en tasa única, según la Contraloría General de la República. En tanto, entre 2012 y 2022 sumaron únicamente nueve quiebras.
Además de la tasa única, “tan importante disminución” representa menores ingresos que se derivan de estos servicios como notarías, traducciones, trámites registrales, recordó Barsallo.
Todo esto surge luego de que dos personas o más, mayores de edad, de cualquier nacionalidad y aunque no estén domiciliados en Panamá, constituyen una sociedad anónima -a través de la Ley No. 32 de 1927- para cualquier objeto lícito. Con ello pueden reservar la identidad de sus propietarios, limitar la responsabilidad personal de los accionistas al invertir en operaciones riesgosas; adquirir negocios o transacciones financieras de alto impacto económico, según el tratado sobre la ley de sociedades anónimas panameñas de Juan Pablo Fábrega Polleri.
“Las sociedades anónimas panameñas compran yates en el Mediterráneo y barcos tanqueros en Asia; son propietarias de condominios en Panamá, Miami o España; abren cuentas bancarias en Suiza, New York o Londres; adquieren mercancías en Oriente y constituyen fideicomisos sobre bienes situados en Egipto o Moscú; participan en ofertas públicas de adquisición (OPA’s) de importantes empresas en Colombia o Perú, o hacen emisiones de valores por montos millonarios en New York” añade el texto de Polleri.
Las fundaciones de interés privado, en cambio, se usan exclusivamente para proteger el patrimonio familiar, no exige un monto mínimo, su dueño es el fundador, no tiene accionistas y los bienes se manejan a través de un reglamento. Esta persona jurídica también se reporta un declive en 15%, en el mismo periodo al inscribirse 2,920 fundaciones, el año pasado pero en 2012 se registraron 3,474 y pasó de casi ninguna disolución a una mediana de 643.
Consecuencias de una “mala reputación”: Araúz
El descenso en las inscripciones y el aumento de las disoluciones, tanto en S.A. como en fundaciones de interés privado, son el resultado del impacto reputacional, asegura el presidente del Colegio de Abogados de Panamá, Juan Carlos Araúz. Curiosamente, en 2016, cuando se publicó la investigación periodística Panama Papers por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), se registró el mayor pico de disoluciones de S.A., con 14,172.
Esta investigación, que se inició tras una filtración de más de 11,5 millones de registros financieros y legales- de la firma panameña Mossack y Fonseca-, “expone un sistema que permite el crimen, la corrupción y las fechorías, oculto por compañías secretas en el extranjero”, describe el consorcio en su portal.
En cambio, otras voces, como la de Mayra Rodríguez, quien también es docente universitaria, afirman que se debe a las políticas reguladoras que surgieron por presiones internacionales para salir de listas grises lo que ha endurecido la regulación panameña al imponer más obligaciones al agente residente (firma de abogados tramitante) y ha generado renuncias masivas debido a que ahora tienen más riesgos de multas.
Entre las nuevas regulaciones al respecto están las adecuaciones en transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva mediante la Ley 254 de 2021 y la que establece la creación del sistema privado y único de registro de beneficiarios finales o Ley 129 de 2020
En resumen, el Registro Público suspende los derechos corporativos de las sociedades que no pagan tasa única y que no tienen agente residente, que está obligado a conocer y tener registros contables, además de saber quién es el contador de su cliente. Al incumplirse estos principios, el Registro Público consigna la renuncia de su agente residente, posteriormente la entidad la suspende y es finalmente disuelta, explicó Rodríguez la razón de las cifras.
“Nadie está visualizando el efecto que esto pueda tener en el ámbito comercial y financiero. Imagínense que usted tenga ahorita una empresa y la sociedad no pague la tasa única o que sea suspendida porque no tiene agente residente. Se le suspenden los derechos corporativos, e imagínese que su empresa tenía un crédito ¿cómo el banco acciona contra usted si se le suspendieron los derechos corporativos?” se preguntó la abogada.
Empero, estos cambios favorecen la transparencia y buscan disminuir que se utilice las entidades panameñas con fines ilegítimos, confirma Araúz, presidente del CNA, aunque resalta que fueron “bruscos, impuestos para salir de listas discriminatorias” y las exigencias se dieron “en desigualdad“, entre los países prestadores de estos servicios.
Las cifras dan pistas de la jurisdicción favorecida
Los usuarios de las sociedades anónimas se están moviendo a otras jurisdicciones, inclusive con menores controles de los que tiene el país canalero y se menciona entre las posibilidades a BVI y Delaware, sostiene el Colegio Nacional de Abogados.
Pero la estadística de BVI, recopilada por Bloomberg Línea, reporta una reducción de inscripciones de corporaciones en el mismo periodo, pasando de 64,062 nuevas incorporaciones en 2012 a 28,77 el año pasado, rango en el que la mediana fue 36,178 nuevas incorporaciones, según datos oficiales.
Contrariamente, Delaware sí presenta un crecimiento sostenido durante toda la década. Se inscribieron 32,394 nuevas corporaciones en 2012 y hasta 2021 -la cifra más reciente- se cuentan unas 62,510. La mediana de los nuevos registros en Delaware fue de 40,903.
“A pesar de los esfuerzos que Panamá ha realizado para tener un estándar de control al más alto nivel de cualquier jurisdicción del mundo todavía está impactada por la reputación del país, porque el consumidor final todavía siente que vincularse a Panamá de alguna manera le genera algún tipo de incomodidad, razón final por la que no se están constituyendo nuevos registros”, argumentó Araúz.
Para el jurista, lo grave del asunto es que el tema es un tabú, se desconocen los empleos perdidos. Citó como ejemplo el cierre de la firma Mossack y Fonseca con cientos de empleados, pero es apenas una firma grande y le siguen las pequeñas. “‘¿Qué vamos a hacer hacia el futuro, vamos a reinventar el instrumento, a encontrar nuevas formas de ganar la confianza del consumidor extranjero que podría adquirir este producto y servicio que sigue siendo legítimo como una herramienta del comercio mundial?, cuestionó Araúz”.
Dicho termómetro de la confianza reputacional podría regularse o dispararse con su dictamen en la próxima revisión de Panamá ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI), en junio próximo, una decisión a la que el sector bancario le tiene la lupa puesta.
“Lo que resta competitividad neta al país es el permanecer en las listas como la de Gafi” y que el impacto del declive en el otrora negocio de las offshore no perjudica al sector bancario tanto como la mala imagen toda vez que la clientela de corporaciones se mantiene al día en sus obligaciones registrales, afirmó Otto Wolschoon Jr. presidente de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá a Bloomberg Línea.
“Estas estructuras se usan para muchos propósitos. Muchos legítimos y muchos ilegales o cuestionables. De haber menos se reduce la posibilidad de instrumentos usados para actividades delictivas” comentó Barsallo. Panamá tendrá que demostrar que se puede conocer los beneficiarios finales y que se puede investigar y exigir responsabilidad al usuario en caso de actividades ilícitas.
Las sociedades anónimas han quedado desfasadas para el derecho corporativo y urge una reingeniería total, acotó Barsallo.
