Bloomberg Línea — La selva del Darién, al oriente de Panamá, es una de las zonas más difíciles del mundo para transitar y se ha vuelto escenario de una crisis humanitaria y ambiental provocada por la afluencia masiva de migrantes.
De un tránsito de migrantes irregulares que cruzaron este tramo de selva que divide Panamá y Colombia por debajo de 10.000 personas, en los últimos años la cifra se ha disparado: 133.726 en 2021; 248.284 en 2022; y el récord de 520.000 personas en 2023, según la Defensoría del Pueblo colombiana.
Las estimaciones de Unicef, “basadas en tendencias actuales”, apuntan a que en 2024 podrían atravesar el Darién alrededor de 800.000 personas, incluidos 160.000 niños y adolescentes.
Con una superficie de más de 11.896 km2 y una población de 52.235 habitantes, Darién es la provincia más grande y pobre de Panamá, según cifras del Gobierno de ese país.
A principios de la década pasada, personas de países asiáticos y africanos utilizaban principalmente la selva del para cruzar de Sudamérica a Centroamérica.
Para 2020 y años siguientes, aumentó el número de nacionales cubanos y haitianos y en la actualidad Venezuela representa el 67% del total de la población que cruza la selva, dice el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
El organismo ha constatado que antes de llegar al Darién, muchas personas refugiadas y migrantes han cruzado varios países, a menudo a través de pasos fronterizos no oficiales, lo que ha dado lugar a un aumento de los riesgos de protección, así como a la condición de indocumentados, lo que limita el acceso a los servicios básicos, exponiendo a quienes necesitan protección internacional al riesgo de devolución.
Estas vulnerabilidades se agravan aún más durante su travesía por la selva, donde están expuestos a una gran cantidad de riesgos e incidentes, que incluyen robos, violencia física y sexual, asesinatos y extorsiones.
¿Cuán factible es el plan de Mulino de cerrar el Darién?
Como parte de su plan de gobierno, el nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, prometió “cerrar” el denominado tapón del Darién a los migrantes que se dirigen a Estados Unidos.
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Durante el discurso en la investidura presidencial, el 1 de julio, Mulino dijo que no permitiría que Panamá “sea un camino abierto para miles de personas que ingresan ilegalmente a nuestro país”.
En ese sentido, el mandatario firmó un acuerdo con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, para que EE.UU. apoye “los esfuerzos de Panamá para iniciar la repatriación rápida, segura y humana de los migrantes que no tienen base legal para permanecer en Panamá. Al devolver a estas personas a su país de origen, ayudaremos a disuadir la migración irregular en la región y en nuestra frontera sur”, dijo la Administración demócrata en un comunicado.
Además, como parte de la Operación Escudo, las Fuerzas Armadas panameñas bloquearon tres pasos fronterizos ilegales, ubicados en las costas Pacífica y Caribe y el sector de Hito de Chucurti, utilizados por migrantes en las costas del Pacífico y el Caribe.
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo de Colombia dijo en X que la medida de Panamá “aumentará el represamiento de personas en los municipios receptores de migrantes, concretamente en cascos urbanos de los pueblos que forman parte del Urabá Antioqueño y chocoano”.
Además, incrementará las necesidades de protección, dada la afectación a los derechos fundamentales de la población en movilidad humana, las comunidades en tránsito y las colectividades étnicas que perviven en esa zona limítrofe.