Ciudad de Panamá — Unos 105 mil empleos se afectarían de continuar los disturbios que ya llevan 25 días por el rechazo a la aprobación gubernamental de la ley 406 que avala la extracción de cobre de First Quantum Minerals (FQM) hasta por 40 años adicionales, en el caribe panameño.
Este jueves se dio una paralización general en múltiples vías por parte de trabajadores de la construcción exigiendo la derogación de la normativa que fue promulgada el 20 de octubre, mientras que otros grupos piden que la Corte Suprema de Justicia falle con celeridad las nueve demandas de inconstitucionalidad contra la mencionada ley.
Según la actualización del sector empresarial, el impacto va por US$1,700 millones, la cifra representa un 2.3% del producto interno bruto (PIB) que no se generará, tomando como punto de referencia el PIB del año anterior, según un informe del Concejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).
Además, las previsiones de crecimiento de 5% a 6% tanto por el Estado como organismos internacionales están “seriamente comprometidas” con el declive que tendrá la economía en el cuarto trimestre, que según el gremio empresarial es el periodo que dinamiza la economía por la temporada de fin de año.
“Solo faltan 29 días laborales para que finalice el año, periodo muy abreviado para recuperar lo perdido como la producción agropecuaria, insumos y bienes intermedios para producir, exportaciones, clientes perdidos, consumo doméstico erosionado, tributos dejados de recibir, etc.”, indica el reporte.
La crisis a mediados del año pasado producto del precio del combustible y el costo de los alimentos provocó el cierre del 10% de las micro, pequeñas y medianas empresas por lo que se espera que la actual crisis genere una afectación similar o mayor.
Según un sondeo realizado el 14 de noviembre a gremios de diversos sectores se considera que de continuar los disturbios se perderían 105,000 puestos laborales y otros 75,000 empleos indirectos.
La baja en las recaudaciones fiscales previo a la crisis, los menores ingresos tributarios que causará el actual estallido social que ya cumple el mes al igual que los menores ingresos del Canal de Panamá, producto de la disminución de calado, impactarán negativamente en las finanzas públicas presionando, a su vez, la calificación de riesgo del país.
La ley 406 que ampara el nuevo contrato de FQM y a su subsidiaria Minera Panamá S.A. surge tras una negociación de la actual administración gubernamental con la minera en vista de que en 2021 el máximo tribunal panameño dictaminó que su contrato original con la que operaba y exportaba el mineral rojo, la ley 9 de 1997, era inconstitucional.
A raíz de la promulgación de esta ley 406 y su cuestionado debate relámpago en la Asamblea Nacional, denuncia de supuestos sobornos por parte de los diputados para su voto favorable y una consulta pública “no vinculante”, las protestas, cierre de carreteras en todo el país, así como vigilias y marchas pacíficas no han cesado en la nación canalera.
