Ciudad de Panamá — Por la inhóspita selva del Darién, entre la frontera de Panamá con Colombia, la desesperanza ha transitado en los pies de más de 352,000 personas que buscan con desespero llegar a Estados Unidos o Canadá víctimas en su mayoría de la trata y del engaño.
Por ello, el gobierno panameño anunció nuevas medidas que buscan frenar la migración ilegal entre las que se contemplan demostrar solvencia económica en las entradas formales del país por aeropuertos y fronteras terrestres, dónde se requerirá declarar que se cuenta con al menos US $1,000 en lugar de los $500 anteriores.
También se efectuarán entrevistas en las que se evaluará el perfil de los visitantes, se reducirá de 90 a 15 días para visitas de turismo en el país y se deportará a los ciudadanos con antecedentes penales, anunciaron las autoridades de seguridad del país canalero en conferencia de prensa.
“No se enfoquen en que la lucha es solo en la selva, los traficantes usan los aeropuertos...”, comentó Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración (SNM).
Explicó que la reducción del tiempo de visita no es para todas las nacionalidades, pues dependerá de las entrevistas en la terminal aeroportuaria.
En el 2022 se contabilizaron 248,284 personas en tránsito por Darién, en su mayoría venezolanos (150,327), así como ecuatorianos, haitianos, cubanos, al igual que extracontinentales, según estadísticas oficiales. En lo que va del 2023 la cifra ya fue superada.
Durante el tránsito los migrantes se exponen a abusos sexuales, robos y una muerte casi anónima debido a que existe un subregistro por las condiciones propias de la selva, los sobrevivientes cuentan que en su camino observan cadáveres de niños y adultos en los ríos.
“El desbordamiento de las personas que han entrado al territorio es masiva”, dijo por su parte el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, quien destacó que es un problema mundial en el que Panamá es solo un país de tránsito.
Las nuevas medidas también contemplan remover puestos de control de los pueblos de Canaán Membrillo y Bajo Chiquito en la provincia de Darién, los lugares de acogida de los migrantes y donde habitan entre 200 a 300 personas, pero que reciben a diario hasta 4 mil extranjeros de todas las nacionalidades. Esto implica un problema sanitario, de seguridad y la intención de las autoridades es contenerlos en otros espacios que se dispondrán para ello.
El anuncio ha generado voces de rechazo de empresarios del turismo quienes advierten que es “absurdo” frenar la migración ilegal tomando medidas contra el turismo legítimo, indicaron varios de ellos en redes sociales.
“Entendemos la situación pero la forma planteada estuvo mal, no tiene nada que ver con el turismo” dijo Ernesto Orillac, expresidente de la Cámara de Turismo (Camtur), quien confirmó a Bloomberg Línea que tras el anuncio el gremio se reunió con las autoridades y se les informó que en los próximos días el gobierno aclarará algunos puntos al respecto.
La medida no debe impactar al visitante que viene a Panamá si lo que se quiere es frenar la migración ilegal. “Todo dependerá del perfilamiento”, explicó Orillac. El sector turístico está en alerta, porque todo lo que mencione a la actividad “impacta negativamente”, acotó el empresario.
De igual manera, Ovidio Díaz, presidente de la Camtur, dijo a la televisora en TVN que la medida los tomó por sorpresa y que se trata de una noticia negativa decir que en Panamá la visa será de 15 días en lugar de 60 y que los turistas no querrán visitar el país.
