Ciudad de Panamá — Luego de cuatro semanas de múltiples manifestaciones en contra de la aprobación del proyecto de ley que modifica el contrato de la explotación de cobre de First Quantum Minerals (FQM) LTD, este jueves la Asamblea Nacional (AN) solicitó al Ejecutivo retirar la iniciativa que se encontraba en primer debate.
Las razones serían las preocupaciones de los residentes de comunidades aledañas al proyecto minero llamado “Cobre Panamá”, aseguró el diputado Roberto Ábrego presidente de la Comisión de Comercio de la AN y por ello se pide revisar el polémico artículo que permite a la minera expropiar las tierras que requiera y otros que pudieran comprometer la soberanía panameña.
Al momento no ha habido ningún pronunciamiento al respecto de parte de la canadiense First Quantum Minerals y su subsidiaria Minera Panamá, S.A.
Justamente, la redacción de este nuevo contrato le costó al Estado unos US $5,900 millones, según informó en días pasados el Ministerio de Comercio e Industrias, suma que se destinó en abogados nacionales e internacionales.
Este documento reemplazaría el original de la ley 9 de 1997, declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2017.
La Asamblea Nacional solo está facultada para aprobar o rechazar contratos ley, recordó el experto en derecho ecológico Harley James Mitchell y a su juicio pesaron más las presiones de un año preelectoral.
“Por la carga política es probable que los diputados no hayan tenido la entereza de aprobarlo o de asumir las consecuencias de rechazarlo”, dijo Mitchell.
Sin embargo, se trata de un “triunfo conservador” para el movimiento ecologista como para el país ya que es una empresa muy influyente que extrae minerales del subsuelo panameño sin tener una relación jurídica con el Estado y con el respaldo de las autoridades, acotó el jurista.
Luego de este impase le corresponde al Ejecutivo evaluar los argumentos planteados, “apaciguar los reclamos de la población” y las inquietudes planteadas por el Órgano Legislativo para lo que se prevé nuevas conversaciones con Minera Panamá, explicó Federico Alfaro Boyd, ministro de comercio e industrias.
Alfaro recordó que el proceso de redacción del nuevo contrato tomó más de un año y que esta nueva relación contractual establece un pago de US $395,000,000 por el año de 2022 y posteriormente un mínimo de $375,000,000.
La situación de Minera Panamá S.A., es consecuencia “de la distorsión en el tiempo por la dilación del sistema judicial al fallar con retraso la inconstitucionalidad del contrato anterior”, recordó Rubén Castillo Gil, representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).
La demanda de inconstitucionalidad que hoy tiene en expectativa al país fue presentada por un particular y una organización ambiental en 2009 y no fue hasta el 21 de diciembre de 2017 cuando se emitió el fallo y cuatro años después, en 2021 se publicó en la Gaceta Oficial, el órgano de comunicación del Estado.
La actual administración gubernamental inició la negociación del contrato en septiembre de 2021 y en marzo de 2023 pactó el texto final luego de tensas conversaciones en las que no faltaron campañas mediáticas de reclamos por ambas partes, el cierre de operaciones ordenado por el gobierno y dos arbitrajes que gestionó la minera para defender su concesión de más de 12 mil hectáreas.
“Debe acordarse un contrato que sea mejor que el anterior y por separado hacer un debate sobre el futuro de la minería en Panamá y el cambio del Código Minero”, señaló Rubén Castillo Gil, representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada.
A su parecer, si el tema del retiro implica hacer adecuaciones al contrato y ello resuelve la situación, “se debe explorar, lo más pronto posible”.
First Quantum Minerals ha invertido unos US$10 mil millones en el proyecto y su operación se ha visto envuelta en duros cuestionamientos sobre el manejo ambiental del otrora bosque protegido donde mantiene la explotación del mineral.
