Ciudad de Panamá — Las cuatro semanas de protestas en Panamá, en contra de la ley minera para la continuidad de la explotación de First Quantum Minerals (FQM), le pasa factura a los panameños: la comida escasea, las vías continúan cerradas, hay vandalismo, el hastío se hace presente y las autoridades de policía amenazan con el uso de la fuerza.
¿Cuál ha sido el costo de la paralización?
Al menos US$1,000 millones es la afectación a la economía de acuerdo a la suma de las proyecciones de dos gremios empresariales, esto sin contar las pérdidas humanas (cuatro vidas), se conoce de un fotógrafo que perdió el ojo en medio de la cobertura de las protestas y se denuncia supuesto abuso policial.
Según estimaciones del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) son US$800 millones lo que incluye la industria manufacturera, la agricultura, la ganadería, el comercio al por mayor, los hoteles y restaurantes, el transporte, las actividades inmobiliarias, entre otras.
Por su parte, hay otros US$200 millones que calcula el Consejo Empresarial Logístico (Coel) en pérdidas porque se ha impedido el tránsito de la carga de importación, exportación desde y hacia Centroamérica, así como también la que conecta vía aérea.
La cifra del Conep es una estimación conservadora, toda vez que solo considera los primeros 12 días de protestas desde el pasado 20 de octubre que se promulgó la ley 406 o de First Quantum y se prevé la paralización de empresas debido a que no reciben insumos, entre ellas la industria de la construcción.
Las más afectadas son las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que tienen cero ingresos dijo Rubén Castillo Gil, presidente del Conep, a Bloomberg Línea en una entrevista.
“El país está prácticamente secuestrado en medio de cierres de calle, actos vandálicos y delincuenciales, esto es insostenible porque ya hay una afectación no sólo la parte económica sino que también en el tema de la convivencia social”, explicó Castillo Gil, sin contar además con las 170 mil citas médicas canceladas y la paralización de la ya maltrecha educación de Panamá calificada negativamente a nivel internacional.
“En una reunión de la semana pasada que mantuvimos desde Conep con el presidente [Laurentino] Cortizo, sentimos la frustración y el cansancio de un sector empleador que se ve asfixiado por la falta una solución clara. La incertidumbre sobre la suspensión de contratos laborales se cierne como una nube oscura sobre la cabeza de miles de trabajadores, y la sensación de que el gobierno está desconectado se siente como un peso en el pecho”, cita por su parte un comunicado del Coel.
Los manifestantes -de múltiples organizaciones - están divididos en sus peticiones, unos solicitan la derogación de la ley 406 que permite la continuidad a la explotación de cobre y reemplaza la original de 1997 declarada inconstitucional y otros exigen celeridad a la Corte Suprema de Justicia para que falle las nueve demandas en contra de la ley 406 que le permite a FQM quedarse 40 años más en el caribe panameño.
Entre los cambios logrados por las protestas está la declaratoria de moratoria a la minería metálica en todo el país y mientras que algunos grupos están cediendo a la apertura parcial de las calles para el paso de servicios médicos y alimentos, otros dirigentes se niegan y la población se siente afectada por el fracaso del “corredor humanitario”.
“Nos estamos dañando nosotros mismos, no a ningún gobierno ni a ninguna minera. Mira como está la gente ya con los ánimos caldeados, de colmada que ya tú te das cuenta que no hay tolerancia, ya la gente llega y saca su arma o te tira los carros, está llegando al límite, hay que hacer algo rápido”, manifestó Franklin Mitre, productor lechero de la región de Azuero.
El ganadero recordó lo ocurrido la semana pasada cuando un conductor disparó a quemarropa contra dos docentes que se manifestaban en la vía Panamericana contra la minería.
Mitre está de acuerdo con el motivo de las protestas y coincide con los argumentos contra la industria extractiva y se opone al proyecto de cobre en fase de exportación, a cargo de FQM y su filial Minera Panamá, S.A., pero a su juicio, en el día 22 de manifestaciones el perjuicio le está pasando factura a todos los panameños.
“Nos estamos dañando a nosotros mismos y no a la minera, estoy de acuerdo con la gente, yo veo que la pelea es justa pero qué vamos a hacer, ya eso está fuera de los límites. Si no hay alimentos no hay paz”, acotó Mitre.
En el sector lechero se han desechado al menos unos 40 millones de litros de leche, sin contar, por otro lado, con las pérdidas de los productores de arroz que actualmente se encuentran en época de cosecha y si no transportan el grano a los silos se daña el producto, por mencionar algunos de las afectaciones.
“Estamos en una onda expansiva de daño de la economía, ya veníamos de una desaceleración que se acentuó con la pandemia, [tenemos] una afectación tremenda de la matriz económica del país, entonces el futuro no es muy halagador”, advirtió Castillo Gil.
Recordó que las protestas son aceptadas en democracia así como también el derecho al libre tránsito que está consagrado en tratados internacionales pero “no podemos aceptar el cierre de calle ni la protesta violenta, ni los actos delictivos, porque entonces lo que se está es destruyendo al país” dijo Castillo Gil.
El jurista calificó los últimos acontecimientos de las protestas, el vandalismo y la situación de crisis en el país como los más graves desde cuando Panamá recobró la democracia, en 1990, aunque también ponderó que ahora la opinión pública está cuestionando el estilo de gobernanza, la eficacia de las instituciones y la comunicación gubernamental.
Empero, concluyó en que la situación actual podría generar que Panamá pierda el grado de inversión lo que sería “catastrófico” para la economía panameña.
La operación a cielo abierto de First Quantum, a 120 kilómetros de la capital, se mantenía bajo el amparo legal del contrato ley 9 de 1997 pero que fue declarado inconstitucional por el máximo tribunal del país en 2017, un fallo que fue promulgado en la Gaceta Oficial -la entidad de divulgación- en 2021.
El actual gobierno se dispuso a negociar directamente con la empresa que se encuentra en fase de exportación desde 2019, a pesar de que el fallo de la inconstitucionalidad alega que el contrato era leonino para el Estado por no cumplir con las normas de contratación pública.
Luego de una polémica consulta pública no vinculante el Ejecutivo sancionó en tiempo récord la nueva normativa 406 que tiene a los panameños en las calles y en el intento de que se reestablezca la paz se propuso una consulta ciudadana y también la moratoria a la minería metálica en Panamá.
El punto álgido de los reclamos es la derogación de la nueva ley o la resolución de las nueve demandas de inconstitucionalidad por parte de la Corte ante el nuevo contrato. Mientras esto no se resuelva no hay humo blanco para la paz y la estabilidad en Panamá.
