Bloomberg — Afuera de un centro de detención migratoria en la ciudad de Villahermosa, decenas de venezolanos, colombianos y personas de otras nacionalidades están varados sin ningún lugar a donde ir.
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Las autoridades los habían detenido principalmente en el norte del país y los habían trasladado en autobús hasta allí, lejos de su destino previsto: la frontera con Estados Unidos. La redada es parte de una ofensiva en México que ha ayudado a reducir drásticamente los cruces fronterizos y ha hecho la vida significativamente más difícil para quienes hacen el viaje.
A Marlon Adalid Canales, un hondureño de 36 años, que fue enviado a Villahermosa desde Piedras Negras, cerca de la frontera con Eagle Pass, la policía le dijo que tenía que abandonar el lugar de inmediato. No le ofrecieron ninguna sugerencia sobre dónde podría encontrar un lugar para dormir, mucho menos un trabajo remunerado.
“Solo queremos encontrar un buen trabajo, porque no hay trabajo en mi país”, dijo Adalid. “No sabemos cómo conseguir papeles, no sabemos qué hacer. Ni siquiera sé dónde estamos”.
Al salir del centro, Adalid cargaba a su esposa en la espalda porque tenía una rodilla inflamada tras caerse de un tren de carga unos días antes. Las autoridades mexicanas no le dieron atención médica, solo unos pocos analgésicos.
Apenas unos días después de que Donald Trump ganara la elección presidencial de EE.UU., gracias en parte a una campaña que prometía medidas severas contra la inmigración y deportaciones masivas, los migrantes como Adalid y su esposa están reevaluando sus opciones.
La estrategia de cruzar eludiendo los puertos de entrada oficiales o entregarse a las autoridades de inmigración para solicitar asilo se ha vuelto mucho más difícil en los últimos meses. Pero esperar una cita oficial con las autoridades estadounidenses ahora conlleva un nuevo riesgo: el sistema podría cambiar pronto y el gobierno podría cerrar esa vía de entrada por completo. Cruzar la frontera ilegalmente sigue siendo una opción, pero los trabajos disponibles para las personas que no tienen permisos suelen ser difíciles, peligrosos y mal pagados, y la deportación sigue siendo una amenaza.
Las consecuencias de la reforma prometida por Trump y la forma en que alterará las decisiones de las personas sobre si migrar o no y cómo hacerlo afectarán todo, desde el crecimiento económico y la inflación hasta la capacidad para levantar las cosechas, por no mencionar las vidas de decenas de miles de personas que esperan la oportunidad de vivir el sueño americano y millones de personas que ya viven en EE.UU. sin papeles.
Las entrevistas en albergues, campamentos improvisados y en las calles indican que muchos migrantes planean quedarse en México por el momento, mientras buscan citas para pedir asilo. Los críticos dicen que los migrantes que buscan oportunidades económicas explotan indebidamente el sistema de asilo, en lugar de reservarlo para quienes huyen de la represión política o de los abusos a los derechos humanos. Otros dicen que las promesas de Trump de ejecutar la mayor deportación en la historia de EE.UU. significan que los inmigrantes ya no quieren ir al norte y están considerando quedarse en México en lugar de regresar a sus países de origen.
“Veo las noticias y él dice que va a hacer deportaciones masivas”, dijo Marigleing Rodríguez, una venezolana de 33 años que se encuentra, junto con su esposo, en un campamento en Ciudad de México después de un arduo viaje que incluyó ser devuelta a la fuerza en autobús hasta Villahermosa y luego colarse en un tren de carga, donde ató sábanas alrededor de sus tres hijos para asegurarse de que no se cayeran. “Confiamos con la ayuda de Dios en que conseguiremos nuestra cita”.
Los cruces hacia EE.UU. ya habían disminuido drásticamente como resultado de las restricciones al asilo que impuso el presidente Joe Biden a mediados de este año. Esa medida se vio reforzada por México que, actuando a instancias de EE.UU., restringió las rutas de tránsito y reubicó a los migrantes que se concentraban en la frontera norte hacia el sur del país. Los documentos obtenidos por el Instituto para las Mujeres en la Migración muestran que México trasladó a más de 130.000 personas en autobús en los primeros nueve meses del año.
La idea es que los migrantes se queden en el sur de México mientras esperan que los funcionarios estadounidenses en la frontera les den una cita para solicitar asilo. Pero la realidad que les espera es bastante sombría.
CBP One, la aplicación móvil del gobierno estadounidense para migrantes, falla con frecuencia y la espera para obtener una de las citas puede durar meses. Y no está claro qué se supone que deben hacer esos migrantes mientras tanto. Generalmente solo reciben un par de noches de alojamiento en algunos albergues y algunas latas de atún por parte del gobierno. Sin documentos que les permitan trabajar legalmente en México y sin ningún lugar donde quedarse, quedan en riesgo de pobreza y de ser presa de los delincuentes.
Por supuesto, ser un migrante indocumentado nunca ha sido fácil, y la violencia y el crimen eran problemas graves antes de que Biden restringiera el asilo y México se embarcara en esta ofensiva. Pero defensores y observadores dicen que las condiciones han empeorado notablemente para los migrantes en el último año, con un aumento en el secuestro, la extorsión y otros tipos de violaciones de sus derechos humanos, así como la coerción por parte de grupos criminales, traficantes de personas y funcionarios corruptos.
“Hay mayor violencia, las personas necesitan mayor asistencia en salud y atención psicológica. La violencia provoca que las necesidades se multipliquen”, dijo Enrique Vidal, quien dirige el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova en la ciudad sureña de Tapachula. “La violencia hace que las necesidades de la gente se multipliquen”.
Las autoridades mexicanas dicen que sus esfuerzos obedecen a preocupaciones humanitarias y la protección a los vulnerables. Pero la intensificación de las detenciones (México duplicó con creces las detenciones de migrantes irregulares entre enero y agosto en comparación con 2023) se produjo después de varias reuniones en las que altos funcionarios de EE.UU., incluido el secretario de Estado, Antony Blinken, y el jefe de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, presionaron a México para actuar. No está claro qué recibió exactamente México de EE.UU. a cambio de esa ayuda.
México ha sido objeto de críticas durante los gobiernos de Obama, Trump y Biden por ser el conducto para los migrantes en su camino hacia territorio estadounidense, pero la creciente presión había llevado al país a intensificar los esfuerzos de aplicación de la ley. En los primeros ocho meses del año, las autoridades mexicanas registraron encuentros con 925.000 migrantes; durante el mismo periodo, la Patrulla Fronteriza estadounidense registró 847.000 encuentros en la frontera sur.
El mes pasado en una llamada telefónica, Trump habló con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum. Ella dijo que le explicó los esfuerzos que México está haciendo para hacer frente a la migración y el fentanilo. Trump describió la llamada como una “conversación maravillosa”, y dijo que la líder mexicana acordó detener la migración, “cerrando efectivamente nuestra frontera sur”. Sheinbaum pareció disputar esa interpretación, escribiendo en una publicación en X «Reiteramos que la postura de México no es cerrar fronteras sino tender puentes entre gobiernos y entre pueblos”.
Muchos de los migrantes que México detiene son enviados al estado de Tabasco, tan lejos de la frontera que desalienta a muchos a intentar llegar allí por su cuenta para cruzar sin autorización. Pero más de una docena de migrantes entrevistados por Bloomberg News dicen que la falta de trabajo y refugio está creando condiciones desesperadas.
Sorelbys Justo, una venezolana de 27 años que se encuentra en Villahermosa con su esposo y tres hijos, dice que su familia pasa todo el día en la calle vendiendo dulces en los semáforos. Han intentado sin éxito llegar a Ciudad de México, pensando que allí las perspectivas son mejores para encontrar un trabajo que pague decentemente, pero fueron detenidos en los puestos de control y enviados de regreso.
En su intento más reciente, se bajaron del autobús e intentaron sortear caminando un puesto de control para esquivar a las autoridades. Mientras caminaban por el campo, Justo cuenta que fueron abordados por un grupo criminal armado con pistolas y cuchillos.
“Nos pidieron US$200 por persona para no violar a nuestra niña de 11 años”, dijo Justo. “Tuvimos que pagarles porque vimos a otro grupo de hombres llevándose a algunas niñas de otro grupo”.
Si bien las autoridades mexicanas han sugerido que los migrantes pueden solicitar un permiso de trabajo en el país mientras esperan una cita en CBP One, y tal vez encontrar empleo en proyectos de infraestructura, la realidad es muy diferente, afirma Yael Schacher, directora para América y Europa de la organización humanitaria Refugees International. “Se ven obligados a esperar la cita allí, pero no tienen ningún recurso mientras esperan”, dijo. “No vi ningún tipo de programa de trabajo disponible para la gente”.
Alicia Bárcena, quien se desempeñó como secretaria de Relaciones Exteriores de México hasta septiembre, confirmó que el país aumentó las detenciones de migrantes después de que EE.UU. cerró temporalmente algunos cruces fronterizos el año pasado para lidiar con una oleada de solicitantes de asilo. Los cierres amenazaron el comercio entre los países, que totaliza unos US$800.000 millones al año, dijo.
“Eso fue un verdadero problema para ambas partes”, añadió Bárcena, quien ahora se desempeña como secretaria de Medio Ambiente, en una entrevista. “Porque al final del día, tenemos una gran asociación con EE.UU. en términos de comercio”.
Pero un norte más tranquilo ha tenido un alto costo para los migrantes en otras partes del país. El 1 de octubre, el día en que la presidenta Claudia Sheinbaum tomó protesta, soldados mexicanos que operaban un puesto de control en el estado de Chiapas abrieron fuego contra los ocupantes de un camión de redilas luego de que el conductor, según ellos, se negara a detenerse. Seis migrantes que se escondían en la parte trasera murieron. Eran de Egipto, Perú y Honduras.
Los trabajadores del único albergue que recibe migrantes en Villahermosa dijeron que casi no hay trabajos en la ciudad. Incluso entre la población nativa del estado de Tabasco, el 47% de las personas viven en la pobreza. Los migrantes en el refugio que sí encuentran trabajo suelen ser contratados para descargar camiones en el principal mercado de alimentos de la ciudad, trabajos que no pagan más de US$25 por día.
El albergue recibe migrantes de América Latina y de países más lejanos, como China o Afganistán. Para comunicarse con personas que no hablan español o inglés, los trabajadores utilizan ChatGPT. “Ahora estamos llenos de personas que ya han cruzado todo el país varias veces”, dijo Karina Vidal, quien dirige el Albergue Amparito. “Han sufrido robos, extorsiones, han gastado todo su dinero y llegan muy frustrados”.
Eduardo, un migrante hondureño de 23 años, relató que él, su esposa y sus tres hijos han sido detenidos tres veces durante sus intentos de cruzar México y llegar a EE.UU. Tras cada uno de esos intentos fueron enviados de regreso a Villahermosa. Ahora vende dulces en un semáforo desde las siete de la mañana hasta las 11 de la noche y está evaluando qué hacer ante los planes de Trump.
“Ya hemos dejado de pedir la cita de CBP One porque ahora que Trump ganó creo que los migrantes no podrán entrar a EE.UU.”, dijo. “He pensado en quedarme en México. Tal vez es mejor estar en México que en EE.UU.”.
Los migrantes que logran llegar a Ciudad de México mientras esperan una cita de asilo han tenido mejor suerte que los que están más al sur porque hay más servicios sociales y empleos disponibles, incluso para quienes no tienen los permisos adecuados. Algunos han encontrado trabajo como guardias de seguridad, conductores de camiones, vendedores de frutas e incluso hay quien es ayudante en una jaula de bateo de béisbol.
Unos cientos han establecido un campamento cerca del mercado de La Merced. Entre ellos se encuentra Rodríguez, la venezolana de 33 años que vive allí con su esposo y sus tres hijos. Esperan llegar algún día a Oklahoma, donde vive su hermano.
Por ahora, el plan de Rodríguez es que su familia siga intentando conseguir una cita en CBP One al menos hasta el primero de diciembre. Si no se logra para entonces, está pensando dirigirse a la frontera de EE.UU., cruzar a escondidas y luego encontrar un funcionario de inmigración para entregarse y solicitar asilo antes de que Trump asuma el cargo en enero.
“Hay mucha gente que está pensando lo mismo, ir al norte y luego ver si nos deportan o si nos envían de regreso”, dijo en una entrevista. “Ahora no sabemos qué nos va a pasar”.
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