Bloomberg — La victoria de la presidenta electa Claudia Sheinbaum en las elecciones mexicanas da un nuevo impulso al intento del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, de ejercer un mayor control político sobre el sector energético del país.
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AMLO, como se conoce al actual mandatario, ha propuesto desmantelar las agencias reguladoras de energía independientes de México como parte de una serie de cambios constitucionales que reformarían el poder judicial, el sistema electoral, el sistema de jubilación, entre otros.
A principios de este año, la Suprema Corte de Justicia de México frustró el intento de AMLO de reforzar el papel del Estado en el sector eléctrico al calificarlo de inconstitucional. Pero cuando la nueva legislatura entre en funciones el 1 de septiembre, AMLO y el partido de Sheinbaum tendrán una casi supermayoría, lo que probablemente le dará suficientes escaños para anular la decisión de la corte.
Aunque la energía no va a estar entre los primeros temas que se discutirán en septiembre, Sheinbaum ha apoyado en gran medida las reformas de AMLO. Los críticos dicen que los planes son un último intento desesperado por seguir revocando un conjunto de leyes promulgadas en 2013 que abrieron el mercado energético de México a la inversión privada. Deshacer esas medidas ayudaría a apuntalar el control estatal del sector y a fortalecer las empresas controladas por el Estado Comisión Federal de Electricidad, o CFE, y Petróleos Mexicanos antes de que entregue la presidencia el 1 de octubre.
“Si hay un cambio dramático, es posible que esos órganos autónomos no sean neutrales en su toma de decisiones, en la transparencia de sus datos o en los permisos que se otorgan”, señaló Norberto Catalán, operador de gas natural. “Si los desaparecen, los riesgos de que eso suceda son muy altos” ya que “todas las políticas serían a favor de Pemex y CFE”.
Las reformas propuestas desmantelarían entidades como la Comisión Reguladora de Energía de México, conocida como CRE, el regulador de hidrocarburos CNH, así como el regulador antimonopolio y el regulador de telecomunicaciones, oficinas independientes que AMLO ha llamado “entidades superfluas” y “onerosas que no sirven para nada”.
En cambio, la supervisión de asuntos como las solicitudes y aprobaciones de permisos estaría a cargo de la Secretaría de Energía de México, dirigida por una persona designada por Sheinbaum, lo que aviva los temores de que la mayoría de las empresas privadas que operan en México deban asociarse con Pemex y CFE.
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“La reforma, si se aprueba, podría impactar la inversión extranjera y las operaciones de las empresas porque modificará el proceso de permisos establecido”, señaló Jorge Aguilar, asesor sénior de políticas de Holland & Knight en Ciudad de México. “Las empresas deberían monitorear los cambios legislativos para adaptarse a la regulación e identificar quién será el encargado de revisar dichos permisos. De lo contrario, podrían encontrarse con incertidumbres jurídicas, lo que puede provocar que las empresas abandonen el país”.
Los portavoces de la Secretaría de Energía de México y Sheinbaum no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.
Los mercados de México se desplomaron después de que Sheinbaum señalara que las reformas, en particular un controvertido plan para el poder judicial, se discutirían en el Congreso, lo que asustó a los inversionistas que temen que debiliten los controles sobre el partido gobernante. Funcionarios del partido Morena de Sheinbaum, que tiene una mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados y casi la misma en el Senado, han dicho que podrían empezar a discutir las reformas constitucionales en agosto y presentarlas a los legisladores a principios de septiembre.
La inversión extranjera directa en el sector energético de México se ha desplomado durante la presidencia de AMLO, con un promedio de alrededor de US$2.800 millones al año durante su mandato, la mitad del máximo alcanzado en 2017 antes de que asumiera el cargo, según Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. En cambio, AMLO favoreció el apuntalamiento de Pemex con inyecciones de capital y exenciones fiscales, que en gran medida no han logrado impulsar la debilitada producción ni reducir la deuda de US$100.000 millones de la compañía.
Sheinbaum ha dicho que continuará la política de AMLO de apoyo estatal a Pemex y CFE. La científica climática y ex jefa de Gobierno de Ciudad México, cuyas ambiciones incluyen acelerar la transición de México hacia más energías renovables, también ha dicho que la inversión privada tiene un papel en la transición energética de México y ha destacado las asociaciones público-privadas y los mecanismos de cofinanciamiento como formas de atraer capital privado.
“El camino a seguir dependerá de si continúa las políticas de la Administración anterior o adopta un enfoque más pragmático para abordar los desafíos que enfrenta Pemex y la industria energética en general”, escribió en una nota Pablo Medina, analista de energía de Welligence. La casi supermayoría de Sheinbaum en la legislatura le permitirá “cambiar la Constitución, potencialmente obstaculizando el marco regulatorio anterior”.
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