Ciudad de México — México debe avanzar hacia la transición energética en medio de la descarbonización que experimenta el mundo, sin embargo, persisten las dudas sobre cómo el próximo Gobierno financiará la infraestructura que demandará la adopción de energías limpias, dijeron analistas de S&P Global y S&P Dow Jones Indices.
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Las dos candidatas presidenciales, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, han dicho a lo largo de su campaña que México tiene que ir en la dirección de la transición energética y de las energías limpias y renovables, dijo Carlos Pascual, vicepresidente senior, responsable de Geopolítica y Asuntos Internacionales en S&P Global Commodity Insights.
No obstante, afirmó que aún quedan preguntas por responder en lo relacionado al financiamiento de la transición y cómo será la participación del sector privado ante los miles de millones de dólares que se necesitarán invertir.
“No quiere decir que todo lo debe tener el sector privado, pero tiene que haber un modelo de confianza con el sector privado que quiere invertir en México”, dijo durante la Cumbre Anual de Índices & ETFs en México 2024.
Pascual, exembajador de Estados Unidos en México durante el primer mandato del expresidente Barack Obama, consideró que ambos países deben de resolver las disputas comerciales de los últimos años (entre ellas una en materia de energía), a fin de propiciar confianza a los inversionistas sobre el Estado de Derecho en el país.
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Elijah Oliveros-Rosen, economista en jefe y Mercados Emergentes de S&P Global Ratings, dijo que, si comparamos a México con otros países la región de América Latina, el país está rezagado en su proceso de transición energética por la simple razón de que, en términos de generación eléctrica, los renovables forman una parte relativamente pequeña.
Las energías renovables en toda la generación eléctrica representan entre 25% y 30%, el resto es prácticamente hidrocarburos, carbón, gas natural y petróleo, lo que contrasta con Brasil, en donde las energías renovables representan 75% de la generación eléctrica. Esto significa que el camino de México hacia la transición energética es más largo.
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“¿Cómo acelerar el camino de la transición energética de México? Evidentemente tiene que ser con una mezcla de financiamiento del sector público y el sector privado”, señaló.
Oliveros-Rosen apuntó que México debe acelerar la transición energética porque el nearshoring va a necesitar energía limpia, por lo que se está a la espera de las propuestas en la materia de la próxima administración.
“La participación del sector privado doméstico y extranjero es muy limitada, entonces va a enfrentar desafíos muy importantes para levantar el financiamiento desde ese lado”, estimó el economista.
María Sánchez, directora, gestión de productos de Índices de Sostenibilidad, Índices de Renta Variables de EE.UU. de S&P Dow Jones Indices, dijo que en la gama de índices sostenibles hay una categoría que son los índices de transición o climáticos, los cuales están considerando trayectorias de descarbonización.
Si por ejemplo -añade- las compañías que forman parte del S&P 500 no se descarbonizan, los objetivos se tienen que seguir cumpliendo a nivel índice y, en consecuencia.
“Independientemente de cuál sea el ambiente político, es muy importante que las empresas y los inversionistas puedan seguir considerando los riesgos y las oportunidades asociados al cambio climático, dentro de sus estrategias de inversión”, dijo.
Las principales propuestas políticas de Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, PT y Partido Verde, suponen continuidad con la administración actual. Se proyecta que mantendrá en gran medida el modelo de negocio existente de la petrolera estatal Pemex y hará hincapié en la soberanía energética, aunque ha declarado la necesidad de una estrategia de transición energética.
Gálvez, candidata presidencial del bloque opositor integrado por el PAN, PRI y PRD, tiene como propuesta quitar las trabas a la inversión en nearshoring. Su estrategia fiscal se basa en abordar los problemas financieros y operativos de Pemex con el fin de liberar recursos para el Gobierno federal.
