Ciudad de México — La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN), el máximo tribunal en México, invalidó por inconstitucional la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador que da al Ejército el control de la Guardia Nacional, un cuerpo policiaco integrado por civiles.
AMLO, como es conocido el presidente, ha encargado a los militares proyectos prioritarios de su Gobierno como la construcción del AIFA y de los bancos del Bienestar, o el combate al robo de hidrocarburos, pero sobre todo se ha recargado en el Ejército para diseñar su estrategia de seguridad pública y combate al narcotráfico.
El despliegue del Ejército en tareas de seguridad pública, y en otras áreas de la administración, le han valido al presidente críticas que hacen alusión a una “militarización” del país, sin embargo, AMLO justifica la participación de militares porque considera que las Fuerzas Armadas son un pilar del Estado y que el pueblo confía en los uniformados.
Morena y sus aliados en el Senado aprobaron en septiembre de 2022 la reforma presidencial para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tomara el control de la Guardia Nacional, mientras que los partidos de oposición rechazaron la reforma porque argumentaron que la Guardia Nacional tiene mando civil constitucionalmente.
Tras la entrada en vigor de la reforma, el 9 de septiembre de 2022, senadores de oposición promovieron una acción de inconstitucionalidad para demandar la invalidez del traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena.
Este martes 18 de abril, siete meses después de que entró en vigor la reforma, la Suprema Corte, con Norma Piña como la nueva ministra presidenta y primera mujer en ocupar el cargo, invalidó el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena.
A favor de invalidar la reforma de AMLO votaron 8 ministros: Ricardo Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y la ministra presidenta Norma Piña.
Mientras que los ministros Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz Ahlf y Arturo Zaldívar votaron en contra de invalidar la reforma presidencial que modificó disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de la Guardia Nacional, Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Guardia Nacional bajo control del Ejército: Lo que invalidó la Suprema Corte
La Corte invalidó el traslado a la Sedena del cúmulo de facultades orgánicas, administrativas, presupuestales y directivas de la Guardia Nacional, al considerar que el artículo 21 constitucional establece expresamente que dicha corporación será un ente civil y que su adscripción, así como la determinación de sus acciones, planes y programas, corresponden a la Secretaría del ramo de la seguridad pública, en el caso, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Los ministros invalidaron lo que es el corazón de la reforma de AMLO, cuyo objetivo era consolidar a la Guardia Nacional como un cuerpo policial adscrito a la SSPC, pero bajo el control operativo y administrativo de la Sedena. Es decir, se invalidó que el Ejército controle operativa y administrativamente la Guardia Nacional.
La ministra presidenta, Norma Piña, dijo en su participación en la sesión pública del Pleno que, conforme a la Constitución, las funciones de seguridad ciudadana son de competencia exclusiva de autoridades civiles y que a las Fuerzas Armadas les corresponde una tarea claramente distinta que es la seguridad nacional, tanto frente a amenazas internas como externas.
A su juicio -agregó- la única excepción de la reforma es lo relacionado con la facultad del Ejecutivo para usar al Ejército en tareas de seguridad ciudadana durante 9 años como auxilio extraordinario, regulado y complementario en la seguridad pública.
El ministro Javier Laynez Potisek dijo durante su intervención en la sesión pública de Pleno que la transferencia del mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional al Ejército “es una readscripción y técnicamente un fraude a la Constitución”.
En contraste, Arturo Zaldívar, exministro presidente de la Corte, defendió su postura pro reforma de AMLO.
Argumentó que, el hecho de que la Sedena intervenga en funciones de control y operación de la Guardia Nacional, no implica militarizar ni que la Guardia pierda su naturaleza civil, ya que la Sedena es una Secretaría de Estado civil cuyo titular es un secretario del despacho de la administración centralizada cuyo jefe es el presidente.
La Suprema Corte también invalidó la facultad del titular de la Sedena para proponer el nombramiento de la persona titular de la Comandancia de la Guardia Nacional, quien debería contar con el grado jerárquico de Comisario General.
Lo anterior al considerar que esa facultad vulneraba la regla de adscripción a la Secretaría del ramo de la seguridad pública, aunado a que el requisito mencionado direccionaba el perfil del titular de la Comandancia hacia el ámbito de las Fuerzas Armadas.
Asimismo, invalidó el régimen diferenciado del personal de la Guardia Nacional proveniente de la Policía Militar, el cual preveía que seguirían siendo considerados miembros activos del Ejército y Fuerza Aérea y quedarían sujetos al fuero militar pra determinados delitos, toda vez que se contravenía el artículo 21 constitucional porque distorsionaba el carácter civil de la Guardia Nacional, además de que se vulneraba el artículo 13 constitucional, porque expandía la jurisdicción militar a servidores que, de acuerdo con la Constitución Federal, deben ser civiles.
