Ciudad de México — S&P Global Ratings reafirmó la calificación crediticia y mantuvo la perspectiva estable de México, pero advirtió que hacia delante podría haber una baja en la nota soberana del país si sube más el déficit fiscal.
La agencia confirmó las calificaciones soberanas de largo plazo de México, en moneda extranjera de BBB y en moneda local de BBB+, con perspectiva estable, de acuerdo con un comunicado publicado este 1 de febrero de 2024.
La perspectiva estable considera un escenario base en el que, cual sea el resultado de las elecciones del 2 de junio, el próximo Gobierno mantendrá la ejecución cautelosa de políticas macroeconómicas de México, incluida una política monetaria prudente y un retorno a déficits fiscales bajos.
S&P Global señaló que la perspectiva estable refleja su expectativa de que prevalecerá un manejo macroeconómico cauteloso durante los próximos dos años, a pesar de las complejas condiciones internacionales.
Este horizonte -añade- incluye el periodo previo a las elecciones nacionales de junio, el periodo de transición presidencial y el inicio de la próxima administración.
S&P indicó que déficits del Gobierno persistentemente más altos que se traduzcan en un aumento más pronunciado de lo esperado en la deuda del Gobierno general aumentarían los riesgos fiscales y agravarían el riesgo de apoyo extraordinario a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“(Los déficits más altos y aumento de la deuda) también podría dar lugar a una baja de las calificaciones”, advierte la agencia calificadora.
S&P confirmó la nota soberana y la perspectiva porque considera que el próximo Gobierno presentará un presupuesto para 2025 que reduzca el déficit público de 5% que se espera este año.
La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2024, aprobada por el Congreso, prevé un déficit fiscal y endeudamiento récord para el último año del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), la medida más amplia del déficit fiscal, se proyectan en MXN$1,9 billones en 2024, es decir, 5,4% del Producto Interno Bruto (PIB). El déficit fiscal se explica por el endeudamiento, el cual es el mayor del que se tenga registro.
El endeudamiento solicitado por el Gobierno de AMLO, como se le conoce al presidente, para financiar parte del gasto de 2024 es de MXN$1,7 billones.
¿Por qué reafirmó S&P la calificación crediticia de México?
S&P reafirmó la calificación crediticia de México, ante el crecimiento económico de más de 3% en 2023 y la expectativa de que el Gobierno mantendrá este año y en 2025 la cautela de las políticas macroeconómicas.
La acción de la agencia implicaría que, durante el sexenio de AMLO, la calificación soberana de México permaneció en BBB, mientras que la perspectiva fue negativa casi cuatro años del sexenio, de 2019 a julio de 2022, para después cambiar a perspectiva estable y terminar así hasta el final de la administración en 2024.
Cuando AMLO comenzaba su segunda mitad de mandato, S&P tenía un escenario en el que el país continuaría con una gestión macroeconómica cautelosa que limitaría el aumento de la deuda y de los déficits, con una deuda neta del Gobierno que se mantendría estable en torno a 46% del PIB durante los próximos tres años.
El Gobierno de AMLO “hizo la tarea” y en 2022 y 2023 mantuvo la deuda pública como porcentaje del PIB muy cerca del nivel sugerido por S&P.
El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la medida más amplia de la deuda, cerró en 47,8% en 2022 y en 46,8% en 2023.
Para 2024 se estima que el saldo de la deuda se ubique en 48,8% como proporción del PIB, un nivel similar al aprobado para 2023 y por debajo del 50%, un umbral que el Gobierno busca no sobrepasar porque esta variable es clave, en general, para las agencias calificadoras.
Una calificación crediticia BBB significa que un soberano presenta parámetros de protección adecuados, sin embargo, es más probable que condiciones económicas adversas o cambios coyunturales conduzcan al debilitamiento de la capacidad del emisor para cumplir con sus compromisos financieros sobre la obligación.
