Ciudad de México — La supermayoría de Morena en el Senado aprobó en fast track que sean improcedentes las impugnaciones de reformas constitucionales, con lo que el oficialismo busca blindar la reforma judicial que propuso el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que ha defendido la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los senadores de Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, avalaron por mayoría calificada, con 85 votos a favor, la reforma constitucional con la que el oficialismo quiere reafirmar “la supremacía constitucional y el poder reformador del Congreso”.
La sesión nocturna inició alrededor de las 21:00 horas del jueves 24 de octubre con la presentación de votos particulares de senadores para manifestar sus posturas a favor o en contra de la reforma, sin embargo, hacia la medianoche la oposición inició en el Pleno una protesta con megáfonos y pancartas para acusar a Morena de ser “una dictadura”.
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El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, declaró un receso de 10 minutos a las 23:23 horas tras señalar a la oposición de querer “reventar” la sesión, sin embargo, el receso se acortó a cinco minutos y decidió reanudar una sesión clave sobre controversias constitucionales pese a los gritos y desorden en el Pleno.
Ante la imposibilidad de sesionar, los senadores comenzaron a declinar sus participaciones en tribuna y el dictamen se quedó prácticamente sin oradores, por lo que la reforma fue aprobada en fast track en los primeros minutos del viernes 25 de octubre.
Los grupos parlamentarios no pudieron presentar sus posicionamientos y tampoco ocurrió la discusión en lo general y particular que establece el reglamento del Congreso. La supermayoría de Morena aprobó en una hora la reforma constitucional que elimina el control judicial, cuando la sesión habría durado al menos ocho horas.
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Contenido de la reforma constitucional
Los senadores del oficialismo aprobaron la reforma el primer párrafo de la fracción II del artículo 107, y adiciona un quinto párrafo al artículo 105, ambos de la Constitución Política de México, en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución.
El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados, en donde se autorizó turnar “de inmediato” a la Comisión de Puntos Constitucionales la reforma, a fin de que en la próxima sesión de Pleno del martes 29 de octubre se discuta y apruebe.
La reforma establece que el amparo, controversias y acciones de inconstitucionalidad -que actualmente se interponen ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Poder Judicial- no procederán en modificaciones a la Constitución.
Morena propuso sorpresivamente la reforma apenas este 22 de octubre, en reacción a una resolución de la jueza federal Nancy Juárez, quien ordenó a la presidenta Sheinbaum eliminar la publicación de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF).
Sheinbaum consultó a la Cámara de Diputados y al Senado si estaba obligada a eliminar del DOF la reforma judicial; en respuesta, Noroña y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Luna, contestaron a la presidenta que no estaba obligada a acatar el ordenamiento, ya que una vez publicada se convierte en texto constitucional vigente.
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Sin embargo, los liderazgos de Morena decidieron presentar la iniciativa sobre inimpugnabilidad para “dejarle claro” al Poder Judicial y la Corte que serán improcedentes los medios de control constitucional que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas al texto fundamental.
La reforma propone adicionar al artículo 105 de la Constitución un párrafo que declararía “improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución”.
Asimismo, los legisladores también reformaron el artículo 107 de la Constitución, a fin de elevar a rango constitucional la fracción primera del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que la reforma establece que “no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución Política”.
En un artículo transitorio se avaló que los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto.
“Lo que queremos hacer con la reforma es dejar con toda claridad establecido que el poder reformador es la Constitución, como órgano que representa la soberanía nacional, que reside esencial y originalmente en el pueblo; no puede ser controvertido por ningún mecanismo de control jurisdiccional”, dijo Enrique Inzunza, senador de Morena.
Ricardo Anaya, senador del PAN, recriminó a Morena que se discuta en la madrugada la propuesta de reforma y sostuvo que con ésta “por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia procederá recurso legal alguno, no habría amparo, no habría acción de inconstitucionalidad y no habría tampoco controversia constitucional”.
Jorge Carlos Ramírez, senador del Partido Verde, dijo que es falso que las personas ya no podrán acudir al amparo para defenderse de una autoridad o de una ley ordinaria.
Claudia Anaya, senadora del PRI, dijo que la reforma es un retroceso sobre derechos ya alcanzados porque si hoy día se podían presentar acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, pero con la reforma no se podrá.
Clemente Castañeda, senador de Movimiento Ciudadano, dijo que la reforma es un “atraco” al país, porque una cosa es el poder reformador y otra el poder absoluto, además pidió al oficialismo que, si tiene una “bronca” con la Corte, la diriman con política y no un poder sin límites.
