Ciudad de México — Algunas de las iniciativas de reforma propuestas por presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) podrían favorecen a Petróleos Mexicanos (Pemex), la petrolera estatal, en caso de que el mandatario consiga su aprobación legislativa.
Dentro del paquete de 20 reformas, AMLO propone cambios al Artículo 25 de la Constitución, eliminando el concepto de empresa “productiva” y sustituyéndolo por “pública”.
Aunque la iniciativa persigue el beneficio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el cambio aplicaría también a Pemex, que actualmente es dirigida por Octavio Romero Oropeza.
El objetivo de esta reforma, de acuerdo con la propuesta, es darle una función social a las empresas porque el concepto productivo desvirtúa la obligación del Estado mexicano de garantizar el servicio público de electricidad.
AMLO también busca eliminar el concepto de “mejores prácticas” porque éste se refiere a un gobierno corporativo constituido por accionistas e inversionistas que no aplica para una entidad pública estatal.
“La iniciativa de dejar de ser empresas productivas del estado es un despropósito”, dijo Marcial Díaz, abogado de la consultora energética Qua Energy Consulting.
Díaz consideró que en lugar de que el Gobierno busque convertir a Pemex en empresa pública del Estado, la petrolera debe explotar sus divisiones eficientes y dejar de lado actividades como refinación, área donde tiene números rojos.
Pemex es la petrolera más endeudada del mundo con un monto que asciende a US$106.800 millones con una producción que se ha estabilizado en 1,87 millones de barriles diarios de petróleo y condensados, mientras que su negocio de refinación es el único que reporta pérdidas multimillonarias a pesar de la política de rescate del Gobierno de López Obrador.
La petrolera mexicana incluso ha tenido que implementar reportes sobre su desempeño ambiental para aliviar la presión de los mercados cuando busca financiamiento.
Eliminación de reguladores
AMLO presentó el 5 de febrero un paquete de 20 iniciativas, dentro de las cuales también busca eliminar órganos encargados de regular el sector de telecomunicaciones, competencia, medición de la pobreza, transparencia y energía, particularmente la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), a través de la reforma de 13 artículos de la Constitución.
Ambas instituciones se encargan de regular la exploración y producción de petróleo y gas, así como el resto de la cadena de hidrocarburos y el mercado eléctrico en el caso de la CRE.
Desde que ganó la elección presidencial en 2018, AMLO criticó a los reguladores por considerarlos burocráticos y que velan por los intereses del sector privado. Durante su Gobierno, el mandatario recortó el presupuesto de la CRE y CNH, instaló a personas cercanas a su administración en sus órganos de Gobierno con la intención para favorecer a Pemex y CFE.
“Este bloque de iniciativas trae mucha carga ideológica y poca oportunidad de generar valor a un sector que demanda criterios de productividad, eficiencia, competencia en un mercado libre”, dijo Díaz
Pemex era la empresa con las multas más elevadas de la CRE, pero la llegada de AMLO a la presidencia y la instalación de personas cercanas a su administración modificó esta tendencia.
Las reformas del mandatario mexicano enfrentan un camino complejo ante la falta de mayoría calificada en el Congreso para poder cambiar la Constitución, pero existe la posibilidad de que si su partido Morena y aliados obtienen los escaños necesarios para aprobar sus iniciativas en las elecciones del 2 de junio, AMLO podría verlas aprobadas en septiembre, el último mes de su Gobierno.
