Reforma judicial de AMLO se aprueba en Cámara de Diputados entre protestas

La supermayoría de Morena y aliados ignoró las protestas de estudiantes y trabajadores del Poder Judicial, así como resoluciones judiciales para detener la discusión

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Ciudad de México — Morena y sus aliados estrenaron la supermayoría en la Cámara de Diputados y aprobaron la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador entre protestas de estudiantes universitarios de Derecho, un paro de labores inédito de los ministros de la Corte y suspensiones de jueces para frenar la votación de la reforma.

Los diputados avalaron la reforma judicial en una sede alterna a la Cámara de Diputados tras seis rondas de discusión en lo general que se prolongó por 12 horas, en el marco de una sesión maratónica que busca acelerar la aprobación de la reforma en el último mes del sexenio de AMLO, como se le conoce al presidente.

Un gimnasio conocido como Sala de Armas, ubicado en inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez, fue la sede improvisada como Salón de Plenos para votar la reforma catalogada como una de las más importantes en la historia reciente de México.

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Entre tableros de basquetbol, porterías que se usan en el balonmano y sin un tablero electrónico en el gimnasio habilitado como recinto legislativo, los 494 diputados presentes votaron en lo general, y de viva voz, la reforma judicial en una sesión que comenzó pasadas las 16:00 horas del martes 3 de septiembre.

La reforma al Poder Judicial se aprobó con mayoría calificada al registrar 359 votos a favor de Morena y sus aliados el Partido del Trabajo y Partido Verde, y 135 en contra de la oposición integrada por Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).

La mayoría calificada permite modificar la Constitución Política y se requieren 334 votos o un número menor según el total de asistentes a la sesión.

Sergio Gutiérrez, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dijo que, para la discusión en lo particular, los partidos presentaron reservas en todos los artículos del dictamen.

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A las 9:30 horas del miércoles 4 de septiembre, la reforma judicial quedó aprobada en lo particular con 357 votos a favor y 130 en contra.

La Mesa Directiva recibió más de 600 reservas, pero al final de la sesión solo se aprobaron 3 de diputados de la Coalición Sigamos Haciendo Historia.

La reserva del Partido del Trabajo que fue aceptada es sobre lenguaje inclusivo, mientras que la reserva de Morena admitida propone que a los magistrados de circuito y jueces de distrito que concluyan su encargo por haber declinado, se hagan acreedores al pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrado, 20 días de salario por cada año prestado, así como las demás prestaciones a que tengan derecho.

Al PVEM le aceptaron una reserva para establecer que para el caso de magistrados de circuito y jueces de distrito no se limite su derecho a ejercer la profesión en derecho fuera del circuito judicial de su adscripción al momento de dejar el cargo.

La reforma judicial se envió al Senado para su discusión y eventual aprobación. En la Cámara Alta, Morena y sus aliados se quedaron a un escaño de alcanzar la mayoría calificada.

Impugnaciones, suspensión de jueces, protestas y paro de ministros

Antes de que iniciara de lleno la sesión en el gimnasio que antes ha funcionado como escenario para mítines de Morena o centro de vacunación para el Covid-19, la bancada del PAN anunció que participaría con cautela tras considerar que la sesión es ilegal porque dio la espalda a resoluciones judiciales.

El diputado panista Elías Lixa dijo que su grupo parlamentario impugnó la sesión de la sede alterna toda vez que los legisladores que ignoren las suspensiones judiciales pueden caer en responsabilidad y, por lo tanto, en desacato.

A lo que se refirió Lixa fue a dos suspensiones provisionales de jueces federales de Chiapas y Morelos que tienen como efecto detener el proceso de discusión de la reforma judicial. Mientras los legisladores desarrollaban la sesión, la jueza federal de Chiapas concedió la tercera suspensión para efecto de no realizar la discusión.

Morena, en voz de su coordinador Ricardo Monreal, dijo que el Poder Legislativo no puede someterse a ningún juez ni autoridad distinta a la Cámara de Diputados, por lo que fueron ignoradas las suspensiones y siguió la sesión.

En tanto, los diputados del PAN, Germán Martínez, y José Guadalupe Gómez de MC, presentaron mociones suspensivas para que no se discutiera el dictamen.

Trabajadores de Poder Judicial mantuvieron el bloqueo de los accesos de la Cámara de Diputados como una forma de protesta a la discusión de la reforma presidencial.

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Estudiantes de Derecho de diversas universidades -que se movilizaron el 1 de septiembre en Ciudad de México en el contexto del Sexto Informe de Gobierno de AMLO- se manifestaron afuera de la Sala de Armas para solicitar dialogo con Monreal, sin embargo, no fueron recibidos.

Además, horas antes del inicio de la sesión en la sede alterna, la mayoría de los ministros de la Suprema Corte iniciaron un inédito paro de labores en solidaridad con los trabajadores del máximo tribunal que decidieron suspender actividades.

Pero la supermayoría de Morena y aliados ignoró todos los reclamos. Los legisladores del oficialismo reiteraron una y otra vez que su compromiso es cumplir con el mandato popular que les dio el pueblo de México el 2 de junio con el triunfo de Claudia Sheinbaum como presidenta electa: aprobar el Plan C de AMLO.

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Contenido de la reforma judicial

Dos días después de que inició el periodo de sesiones en el Congreso, la mayoría calificada aprobó el dictamen que reforma 16 artículos de la Constitución en materia de Poder Judicial.

El dictamen busca una reconfiguración total de la Suprema Corte, la cual se comenzaría a implementar en 2025, el primer año del sexenio de la primera mujer presidenta en México.

La reforma judicial establece un proceso de elección por voto popular para magistrado, magistrados de circuito, jueza o jueces de distrito, así como ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un proceso que se llevará a cabo con la actuación del Instituto Nacional Electoral.

Reduce la integración de la Corte de 11 a 9 ministros con duración en su encargo de 12 años, asimismo, la reforma señala un plazo máximo de 6 meses para que las autoridades competentes dicten sentencias. En caso de no cumplir con el plazo señalado, se dará aviso al Tribunal de Disciplina Judicial.

Establece nuevos requisitos para ser electo magistrada o magistrado de circuito, jueza o juez de distrito y magistradas o magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y los mecanismos para la designación en caso de defunción, renuncia o ausencia definitiva de alguno de sus integrantes.

Se faculta al Tribunal de Disciplina Judicial para conocer, investigar, substanciar y, en su caso, sancionar a las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, al interés público o a la adecuada administración de justicia.

Actualmente, para nombrar a los ministros de la Suprema Corte, el presidente de la República somete una terna a consideración del Senado. La reforma propone que la próxima presidenta postule hasta 10 personas aspirantes, mientras el Congreso postulará hasta 5 personas por cada Cámara y el Poder Judicial postulará hasta 10 personas.

La reforma elimina el requisito de edad mínima de 35 años para ser ministro, por lo que ahora una persona recién egresada de la universidad podría aspirar a ser ministro del máximo tribunal del país, tras presentar título profesional de Licenciado en Derecho.

Con la reforma se pide como mínimo una calificación de 8.0 para egresados de la Licenciatura de Derecho y una nota de 9.0 cuando se trate de una especialidad, maestría o doctorado, y práctica profesional de cuando menos 5 años en el ejercicio de la actividad jurídica. Con ello, se reduce de 10 a 5 años la experiencia laboral necesaria para ser ministro.

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Posicionamientos de partidos políticos

Germán Martínez, diputado del PAN, dijo que los 35 millones de votos que recibió Sheinbaum y los 20 millones que recibió la coalición que abanderó la candidata opositora, Xóchitl Gálvez, no merecen que se toque la Constitución de esta manera. “No lo merece la futura presidenta de México, que solo esto la debilita, ustedes lo saben”.

Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena, aseguró que durante las campañas los candidatos dijeron a la gente que votar por su partido era votar por las reformas del presidente López Obrador. “No los engañamos, a nadie engañamos (…) El pueblo está harto de la dictadura del birrete y de la toga”.

Margarita Zavala, diputada del PAN, afirmó que la reforma viola los principios de independencia judicial que es la esencia del Poder Judicial Federal. “Más que una reforma es una venganza. Más que una reforma es una sustitución de personas porque es el despido masivo del personal del Poder Judicial”.

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Mariana Benítez, diputada de Morena, consideró que durante muchos años ha existido una “gran red clientelar de nepotismo” en el Poder Judicial y de falta de cumplimiento generalizado al escalafón judicial, por lo que una fortaleza de la reforma es que busca erradicar el nepotismo.

Reginaldo Sandoval, diputado del Partido del Trabajo, declaró que es falso que no se haya escuchado al pueblo de México para dar trámite a la reforma y consideró que las posturas políticas están muy claras. “La minoría no nos va a imponer las condiciones para hacer nuestro trabajo que nos mandató el pueblo de México”.

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Mary Carmen Beltrán, diputada del Partido del Trabajo, afirmó que de los foros denominados Diálogos nacionales para la reforma al Poder Judicial, se levantaron varias propuestas y documentos que se integraron al dictamen, por ejemplo, los requisitos para los aspirantes a ocupar el cargo de juez, magistrados y ministros.

Yerico Abramo, diputado del PRI, apuntó que la independencia de Poderes supone por naturaleza jurídica equilibrio entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como una garantía de los contrapesos. “La reforma propuesta vulnera la independencia del Poder Judicial, sometiendo una modificación legislativa concebida para alinear a los intereses del Poder Ejecutivo”.

Juan Ignacio Zavala, diputado de MC, sostuvo que su bancada está en contra de la mal llamada reforma judicial porque los cambios que quiere el oficialismo no resuelven uno solo de los problemas de la justicia en México, “por el contrario, agravan los existentes y crearán nuevos porque es una reforma de ideas viejas y de ideas fracasadas”.

Esta historia fue actualizada a las 9:57 horas del miércoles 4 de septiemre, se agregaron párrafos con la votación en lo particular del octavo al decimosegundo párrafo.