Reforma judicial de AMLO retrasará desarrollo de inversiones a Sheinbaum

Los arbitrajes comerciales internacionales podrían aumentar entre inversionistas como mecanismo alternativo al sistema judicial mexicano

Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, durante una conferencia de prensa para presentar a parte de los integrantes de su Gabinete en Ciudad de México
12 de agosto, 2024 | 05:59 AM

Ciudad de México — La reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador no frenará de la noche a la mañana la llegada de inversiones a México, sin embargo, los nuevos capitales podrían retrasar su efecto en el desarrollo en la economía durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, de acuerdo con expertos.

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Tras ganar la elección presidencial del 2 de junio, Sheinbaum convocó a foros para discutir la reforma al Poder Judicial que AMLO, como se le conoce al presidente, envió al Congreso el pasado 5 de febrero, la cual plantea como punto más polémico la elección por voto popular de ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces.

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En el primer foro sobre la reforma judicial participaron los 11 ministros de la Suprema Corte, pero Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue el único que puso sobre la mesa el impacto económico y la incertidumbre a las inversiones en el país por la reforma. “Una reforma mal hecha afectará la economía nacional”, advirtió.

Juvenal Lobato, socio director del despacho Lobato Díaz Abogados, dijo en entrevista que la reforma judicial probablemente no ahuyentará las inversiones de forma inmediata, pero sí puede haber una afectación en el mediano plazo al desarrollo de las inversiones ante la incertidumbre de las empresas por la conformación del sistema de justicia.

“En todos los países, lo que buscas es que cuando tienes un conflicto con las autoridades o con particulares, quien resuelva tu asunto sea una justicia independiente e imparcial, pero cuando modificas las reglas del juego y no garantizas esa imparcialidad en los ministros o jueces, es ahí donde está el tema”

Juvenal Lobato, socio director del despacho Lobato Díaz Abogados

Lobato, quien es fiscalista y constitucionalista, señaló que en el momento en que una empresa tenga que acudir a la justicia mexicana para asuntos del “día a día” como alguna inconformidad con permisos para instalarse en México, litigios fiscales o la promoción de un amparo, podría haber un retraso en el desarrollo de la inversión al haber nuevas reglas del juego.

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“Donde está la mayor preocupación de los inversionistas es en el perfil de los jueces que van a llegar al Poder Judicial cuando estamos hablando que los jueces que resolverán las controversias del día a día de las empresas vendrán de un voto popular, no habrá la seguridad de que esos jueces sean gente imparcial y capacitada”, expuso.

Ana Laura Magaloni, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), dijo en un webinar organizado por Georgetown Americas Institute que, cuando se mueve la seguridad jurídica, a la par de tener una mayoría calificada en el Congreso para modificar la Constitución, la certeza jurídica también se mueve.

“Puedes quitar los limites jurídicos y al mismo tiempo quieres reducir la capacidad de los jueces, esas dos combinaciones es lo que la hace a la reforma judicial muy explosiva para la oportunidad económica que tiene Sheinbaum en el próximo sexenio. Estas aumentando demasiado la percepción de riesgo jurídico”

Ana Laura Magaloni, investigadora del CIDE

Arbitrajes internacionales, el escaparate para inversionistas

Los arbitrajes comerciales internacionales podrían aumentar entre inversionistas como mecanismo alternativo de defensa al sistema judicial mexicano.

César Hernández, socio director de la consultora Publius y exsubsecretario de Electricidad en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, escribió en su cuenta de Twitter que un efecto probable de la reforma judicial será el aumento de arbitrajes internacionales de inversionistas contra México.

Los inversionistas -añadió- no los utilizaron antes por su elevado costo y por la efectividad del amparo, pero se volverá una defensa más común, sobre todo de inversionistas cuyo negocio caiga en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El artículo 29.4 del T-MEC establece que los países mantendrán tribunales o procesos judiciales imparciales e independientes de las autoridades encargadas de aplicar cualquier acto administrativo por parte del Gobierno.

Lobato recordó que el T-MEC señala que las partes deben agotar todas las instancias locales y procedimientos internos antes de apelar a los mecanismos de defensa del tratado como son los paneles de solución de controversias. Sin embargo, la reforma judicial ha generado desconfianza y las empresas, incluso el Gobierno, pueden escapar del sistema judicial mexicano a través de un arbitraje internacional.

“Yo creo que algunas empresas que no tengan que ver con el T-MEC, van a decir que prefieren establecer clausulas arbitrales para que no vayan a esos tribunales y no corran el riesgo de que resuelva el asunto alguien que fue electo por el voto popular”

Juvenal Lobato, socio director del despacho Lobato Díaz Abogados

Sheinbaum proyecta en su sexenio realizar al menos una obra prioritaria en cada una de las 32 entidades del país, asimismo, se ha comprometido a concluir las obras de AMLO y realizar nuevas obras de infraestructura que requerirarán de fuertes sumas de dinero.

El sector privado en México ha mostrado interés en invertir en el país durante el primer semestre de 2024. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, se registraron 143 anuncios de inversión por un monto total de US$45.464 millones.