Ciudad de México — La reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecer 18 organismos ha recibido críticas por parte de diversos sectores que consideran que la simplificación orgánica implica riesgo de retroceso en estrategias como el combate a la corrupción y la atención de grupos vulnerables indígenas, niñas, niños y adolescentes, juventud y personas con discapacidad.
El mandatario envió a la Cámara de Diputados una reforma en materia de simplificación orgánica que implica desaparecer 18 organismos con una plantilla laboral de más de 3.500 personas y que implican una bolsa de recursos de alrededor de MXN$16.506 millones, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2023.
La reforma administrativa presidencial pretende racionalizar la estructura orgánica de la Administración Pública Federal (APF), con el fin de eficientar los recursos públicos, agilizar los procesos administrativos y aprovechar los bienes nacionales “adecuadamente”, sin embargo, diversos sectores advierten riesgos.
Sistema Anticorrupción
Entre los 18 organismos que quiere eliminar AMLO, como se le conoce al presidente, se encuentra la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), que es la institución encargada de coordinar las políticas y estrategias del Estado mexicano de forma transversal.
El Sistema Anticorrupción aseguró, en un posicionamiento enviado al Congreso y difundido este domingo 23 de abril, que no duplica funciones con ningún ente público del país, como es el argumento de la reforma presidencial.
Alertó sobre los potenciales riesgos e impactos negativos en la estrategia anticorrupción de Estado “que se avizoran” en caso de aprobarse la reforma. Dijo que la transferencia de facultades al Ejecutivo federal compromete los fundamentos de coordinación y colaboración en la que todas las instituciones del Estado mexicano deben comprometerse para controlar y combatir la corrupción en el país.
El SESNA indicó que la reforma apunta a la clausura de una visión nacional de combate a la corrupción y la concentración de la responsabilidad en el Poder Ejecutivo.
AMLO busca desparecer el Sistema Anticorrupción a pesar de que el combate a la corrupción es su bandera política y eje de acción para la gestión de su Gobierno.
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) es otro organismo que se propone desaparecer en la reforma para que se convierta en una unidad administrativa de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de tecnología del Agua (SITIMTA) dijo que el instituto ha estado amenazado con su extinción e integración a la Conagua desde 2021 y desde entonces se ha buscado diálogo con el presidente sin recibir respuesta.
Señaló que la fusión, integración o extinción de 18 organismos y fideicomiso se fundamenta en planteamientos falsos como la duplicidad de funciones y el ahorro del presupuesto federal. En el caso de Conagua y el IMTA -agregan- la Ley de Aguas nacionales define las funciones de cada institución.
Sociedad civil alza la voz
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) indicó en un análisis que la transferencia de funciones de los organismos a unidades administrativas de las dependencias de la APF podría restarles capacidad de decisión.
Indicó que, aunque el objetivo es eficientar recursos, la reforma menciona que el personal de los órganos trasladados se integrará y que el presupuesto de estos se compensará.
Asimismo, dice el CIEP, seis de los 18 organismos a modificar se relacionan con poblaciones vulneradas como son los indígenas, niñas, niños y adolescentes, juventud y personas con discapacidad, lo que podría implicar afectaciones hacia ellos.
La organización Iniciativa Manifiesta y un grupo de 500 organizaciones civiles difundieron un comunicado este domingo 23 de abril para exigir al Congreso que no apruebe la reforma de AMLO, ya que consideran que no hay ninguna razón clara presupuestal o programática que justifique el recorte institucional.
Indicó que la iniciativa busca disminuir recursos y capacidad institucional, debilitando la atención a las niñas, estudiantes, indígenas, personas adultas mayores, refugiados, personas con discapacidad, adolescentes y jóvenes, las lenguas indígenas, la Acción contra el Cambio Climático y la lucha contra la corrupción, entre otros.
Subrayaron que la reforma representa un retroceso en la capacidad de resolución pública de problemas sociales, ya que varios de los organismos que se buscan eliminar se crearon respondiendo a compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
