Ciudad de México — El Poder Judicial y el Instituto Nacional Electoral (INE) de México buscan incrementar su presupuesto para 2025, ante la elección de jueces, magistrados y ministros que mandata la controvertida reforma constitucional en materia judicial.
En conjunto, el Poder Judicial de la Federación (PJF) y el INE esperan un incremento conjunto de MXN$9.683 millones respecto de 2024, un año que estuvo marcado por tener el mayor proceso electoral de la historia del país, con la elección de 20.708 cargos en todo el país, tanto a nivel federal como local.
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Ese monto representa, por ejemplo, el presupuesto que se busca asignar a la Secretaría de Relaciones Exteriores el próximo año (MXN$9.294 millones).
El PJF está integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El Poder Judicial, el INE y el Poder Legislativo (que pidió un aumento de 3,4% real contra el año pasado), destacan dentro del ramo autónomo del presupuesto por su objetivo de incrementar sus recursos en 2025.
En contraste, otras instituciones autónomas como la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones o el Instituto Nacional de Transparencia, ven una reducción en su presupuesto proyectado para 2025, ante la inminente aprobación de una reforma constitucional para su desaparición.
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“¿Por qué tanto recurso?”, cuestiona la presidenta
La elección de jueces y magistrados, un hecho hasta ahora sin precedentes, considera la elección de más de 881 cargos, lo que implicaría el registro de más de 5.000 candidaturas para jueces y magistrados del ámbito federal.
Todos los integrantes de la Suprema Corte, así como los cargos vacantes de la Sala Superior y las Salas Regionales del propio TEPJF, serán sometidos al voto popular en una elección nacional que se realizará el domingo 1 de junio de 2025.
El INE, el organismo encargado de organizar comicios, solicitó para 2025 un aumento de 18,5% real respecto de 2024, de acuerdo con la propuesta de Gasto Programable del Sector Público para 2025.
Es decir, el instituto electoral está demandando un presupuesto total de MXN$40.476 millones para 2025, de los cuales más de MXN$7.354 millones son destinados a prerrogativas a partidos políticos y MXN$33.121 millones serán destinada al resto de las funciones organismo.
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Esta última cifra considera un monto de alrededor de MXN$13.205 millones que serán destinados a proyectos relacionados exclusivamente con el proceso electoral extraordinario de diversos cargos del Poder Judicial.
El presupuesto solicitado por el INE ha sido considerado como “no justificable” por la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria considera que, a diferencia de la elección de 2024, en 2025 no habrá un financiamiento especial a partidos políticos por campañas electorales, como lo hubo en 2024.
Los aspirantes a una posición en el Poder Judicial harán campañas mínimas a través de redes y de volantes, dijo Sheinbaum, en su conferencia del 14 de noviembre.
“No hay financiamiento público, no hay financiamiento a los candidatos, candidatas. Entonces, ¿por qué tanto recurso?”, cuestionó la mandataria.
El Proyecto de Presupuesto debe de ser aprobado por la Cámara de Diputados en diciembre, donde Morena y sus aliados tienen supermayoría.
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Poder Judicial pide más presupuesto
El Poder Judicial demandó un incremento presupuestal de 4,1% en términos reales, comparado con el gasto que le fue aprobado para ejercer en 2024.
Los recursos solicitados, en parte, serán destinados a atender el proceso de elección de personas juzgadoras que se anticipa “altamente litigioso”.
El Poder Judicial solicitó un total de MXN$85.025 millones para 2025, monto que busca garantizar su operación y considera el nuevo contexto de la reforma judicial, si bien a la fecha de elaboración del proyecto de presupuesto, aún no es posible estimar todos los impactos en su integralidad, implementación y alcance.
La mayor parte del presupuesto solicitado por el PJF estará destinado al Consejo de la Judicatura.
Además, se espera “que en el 2025 el TEPJF tenga una carga de trabajo mayor a la que normalmente ha tenido en años sin procesos electorales federales. Lo anterior, por la aprobación de la reforma judicial”, señaló el Poder Judicial en su estrategia programática.
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Este organismo, debido también a la reforma judicial, desaparecerá el 1 de septiembre de 2025, para dar paso a dos nuevos organismos el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.
El proyecto de presupuesto considera que el Consejo de la Judicatura se encontrará en un periodo de transición, con un plan de trabajo para transferir los recursos presupuestarios a las dos nuevas instituciones.
El PJF señala que, en el caso de la Suprema Corte, el máximo tribunal consideró realizar una reducción a las remuneraciones de ministras y ministros y más de 300 personas a partir del ejercicio fiscal 2025, considerando que la reforma constitucional de septiembre pasado modificó el texto del artículo 94 para prever que la remuneración que perciban por sus servicios las ministras y los ministros y demás personal del Poder Judicial no debe ser mayor a la que perciba la presidenta de la República.
