Ciudad de México — El Gobierno de México está desinvirtiendo en las 13 plantas eléctricas que compró a la empresa española Iberdrola como parte de las condiciones impuestas por la autoridad antimonopolio, la Comisión Federal de Competencia Económica, conocida como Cofece.
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En entrevista con Bloomberg Línea, la presidenta del regulador mexicano, Andrea Marván Saltiel, reveló que el Gobierno mexicano está cumpliendo en tiempo con las condiciones que Cofece impuso, incluso ya comenzó a desinvertir en los activos.
“Fonadin (Fondo Nacional de Infraestructura) ya disminuyó más o menos en un 30% su participación, entonces está cumpliendo a tiempo con las condiciones que se le impuso a raíz de la resolución”, dijo Marván Saltiel.
El 15 de febrero de 2024, Cofece condicionó la operación valuada en US$6.200 millones entre el Gobierno mexicano y la empresa española con requisitos como reducir su inversión al 51% y designar un operador independiente para las centrales eléctricas.
La “gran mayoría” de las plantas que se vendieron tenían contratos de largo plazo con CFE y empezaban a vencer entre dos y tres años después de la operación, y por eso se otorgó el plazo para realizar la desinversión, agregó.
La compraventa se realizó mediante un complejo esquema administrativo y de financiamiento con Fonadin, controlado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y la banca privada.
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Bloomberg News reportó en agosto de 2024 que los principales fondos de jubilaciones en México, localmente conocidos como Afores, acordaron participar en una colocación de certificados de capital privado por US$852 millones para ayudar a financiar la compra de activos a Iberdrola al Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El objetivo de la operación fue fortalecer a CFE para controlar mayoría del mercado eléctrico de México. La empresa estatal estimó en enero de 2024 que con la operación de las plantas Iberdrola, CFE generaría 61% de la demanda de electricidad hacia septiembre de este año.
Pero otra de las condiciones impuestas por Cofece fue que las plantas sean administradas y operadas por un administrador independiente y no la compañía estatal.
“Desde un principio así estuvo planteada la operación para que no fuera CFE quien las operara, administrara y eso, además, se impuso como condición”, dijo la funcionaria.
Marván Saltiel agregó que el plazo de tres años se otorgó para que al vencer los contratos de largo plazo de las plantas con CFE, los inversionistas privados con participación minoritaria tuvieran una especie de “votos” o “quórum calificados " en las decisiones relacionadas con la operación y administración de las plantas o nombramiento de consejeros independientes.
