Bloomberg — Un juez federal de distrito falló el jueves en contra de una venta de derechos de perforación de petróleo y gas en el Golfo de México por parte de la administración Biden, culpando al gobierno de no haber analizado suficientemente sus posibles efectos sobre el clima y las ballenas en peligro de extinción.
Sin embargo, el juez de distrito estadounidense Amit P. Mehta en Washington dejó abierta la cuestión de qué hacer con la venta de hace dos años, en lugar de dirigir argumentos adicionales sobre el mejor remedio. Las opciones podrían incluir la invalidación de los contratos de arrendamiento vendidos en la subasta o la orden de que esos contratos se revisen para incluir más limitaciones.
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La venta, que el Congreso ordenó como parte de la Ley de Reducción de la Inflación, puso a disposición 13.600 bloques que abarcaban aproximadamente 73,3 millones de acres. Finalmente, 32 empresas, entre ellas Chevron (CVX), participaron en esa subasta del 29 de marzo de 2023, pagando al gobierno US$250,6 millones por 299 arrendamientos.
Pero Mehta dijo que el Departamento del Interior violó la Ley Nacional de Política Medioambiental al analizar insuficientemente la subasta. Entre los problemas, según Mehta, estaba que la Oficina de Gestión de la Energía Oceánica de Interior no tuvo plenamente en cuenta los posibles cambios del mercado energético en su análisis de las posibles emisiones de gases de efecto invernadero que se derivarían de la actividad en los nuevos arrendamientos de petróleo y gas.
Mehta también dijo que la oficina había cometido una “omisión flagrante” al no incorporar la evaluación de otra agencia sobre el hábitat y la ubicación de la ballena de Rice, especie en peligro de extinción. La oficina centró su análisis de impacto en el hábitat principal de la especie, a pesar de que existían “pruebas creíbles” de que podía encontrarse de forma persistente fuera de la zona, dijo el juez.
Aunque la Ley de Reducción de la Inflación exigía la venta, Mehta hizo hincapié en que el Departamento de Interior seguía teniendo discreción para fijar los términos e imponer límites a la superficie disponible.
La impugnación fue presentada por seis organizaciones ecologistas. George Torgun, abogado de Earthjustice, calificó el fallo como “un momento bienvenido de justicia para el ecosistema del Golfo y las comunidades de primera línea que se han visto agobiadas por el desarrollo de combustibles fósiles en la región durante décadas”.
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El Departamento del Interior, que se espera que abra nuevas oportunidades de arrendamiento de petróleo y gas bajo la presidencia de Donald Trump, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que su política era no hacer comentarios sobre litigios.
No obstante, según el comunicado, el Departamento de Interior mantiene un “compromiso inquebrantable con la conservación y gestión de los recursos naturales y culturales de la nación, el mantenimiento de las responsabilidades de fideicomiso tribal y la supervisión de las tierras y aguas públicas en beneficio de todos los estadounidenses, al tiempo que prioriza la responsabilidad fiscal para el pueblo estadounidense".
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