Bloomberg Línea — La organización promotora de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) manifestó su preocupación por la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y otras dos iniciativas constitucionales que serán discutidas en la nueva legislatura del Congreso, a partir del 1 de septiembre.
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HRW aseguró, en un comunicado, que la reforma al Poder Judicial, el otorgamiento de facultades al Ejército para ejercer funciones no militares y la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que forman parte de las iniciativas de reforma de AMLO, amenazan los derechos humanos.
“Estas peligrosas propuestas socavarían la independencia judicial, otorgarían un poder sin precedentes a los militares y eliminarían salvaguardas establecidas para proteger los derechos humanos”, afirmó la directora del HRW para las Américas, Juanita Goebertus, citada en el comunicado.
Aunque las iniciativas del mandatario, que también respalda la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, pueden tener buenas intenciones, HWR pidió al Congreso que las rechace.
“Dado el largo historial de graves abusos y encubrimientos oficiales en México, los legisladores deberían adoptar medidas para fortalecer las protecciones de los derechos humanos, no para debilitarlas”, agregó Goebertus.
Acerca de la reforma al Poder Judicial, la iniciativa de AMLO que más suspicacia ha generado no solo a nivel local sino internacional, HWR argumentó que contraviene los estándares internacionales y citó una observación realizada por la Relatoría Especial de Naciones Unidas el pasado 29 de julio.
La observación planteó que la elección directa de jueces y magistrados “incrementa el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a los votantes o patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección, en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas”.
Pese a las críticas por la reforma, tanto AMLO como Sheinbaum insisten es que esta reforma es necesaria para ayudar a reducir la corrupción en el Poder Judicial.
“Estoy convencido de que hace falta para lograr una sociedad mejor, que haya un poder judicial íntegro, honesto, que represente al pueblo de México y no a una facción, a un grupo, a una mafia del poder económico o político, ¿pues cómo no voy a plantearlo?”, dijo AMLO el pasado 11 de julio, durante una de sus conferencias de prensa matutinas.
Sheinbaum, en sintonía con AMLO, ha defendido la reforma al Poder Judicial de sus detractores, pero también de lo que el mandatario considera “injerencismo” de otros países, como Estados y Canadá, en la soberanía mexicana.
“Va a haber más democracia al elegir no solo a la presidenta y a los legisladores, sino también al Poder Judicial. Que se pone en riesgo el Estado de derecho, al contrario, se va a fortalecer la justicia en nuestro país. Entonces, ¿eso le compete a quién? A los mexicanos y a las mexicanas. Hay otros temas que nos competen a Canadá, México y Estados Unidos, como el tratado [T-MEC ]”, expuso el pasado 29 de agosto, en diálogo con los medios de comunicación.
Qué dice HRW de las otras iniciativas de AMLO
Sobre la reforma para que la Secretaría de la Defensa Nacional tenga el control operativo de la Guardia Nacional, que permitiría a los militares ejercer funciones no militares, HRW advirtió que desde 2016, con el “despliegue informal” de las Fuerzas Armadas y sin intervención de autoridades civiles, se han cometido “violaciones generalizadas de derechos humanos, como ejecuciones, desapariciones forzadas y tortura, que rara vez se investigan o se llevan ante la justicia”. Por tanto, pidió reconsiderar la iniciativa.
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Frente a la eliminación del INAI, que conllevaría a “que cada rama del Gobierno responsable de garantizar su propio cumplimiento de las leyes sobre acceso a la información”, atentaría el derecho a la privacidad y al acceso a la información pública.
“Los cambios constitucionales propuestos ampliarían aún más la prisión preventiva automática, exigiendo a los jueces que ordenen la detención de cualquier persona acusada de extorsión, narcomenudeo, defraudación fiscal, contrabando o delitos relacionados con la producción y el tráfico de fentanilo, sin revisar las circunstancias del caso para determinar si la detención está justificada”, agregó HWR.
