Ciudad de México — Aunque el Gobierno reconoció intentos de extorsión a comercios en Tamaulipas, rechazó que el cierre de las tiendas Oxxo en Nuevo Laredo se debiera a este motivo.
“Se dio el cierre de algunas tiendas Oxxo que tienen que ver con alguna otra entrega de información confidencial que hizo algún empleado, pero no tuvo que ver en ese momento con algún tema de extorsión”, dijo la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la funcionaria informó que únicamente la cadena de tiendas de conveniencia propiedad de Fomento Económico Mexicano (FEMSA) ha suspendido operaciones en la entidad.
Rodríguez comentó que una serie de tiendas en algunas ciudades de Tamaulipas que comparten frontera con Estados Unidos presentaron quejas por intento de extorsión, en la modalidad conocida como “cobro de piso”.
La funcionaria afirmó que el intento de extorsión se atendió a tiempo y recordó que en días pasados el Gobierno de Tamaulipas llevó a cabo una reunión con autoridades estatales y locales, para atender tanto a Oxxo como a otras tiendas departamentales y de autoservicio en la zona.
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En días pasados, Oxxo suspendió operaciones en 191 tiendas y siete gasolineras en Nuevo Laredo por actos de violencia que pusieron en riesgo la integridad de sus colaboradores, indicó en un posicionamiento. Posteriormente la empresa dijo que reabrirá cuando existan las condiciones.
El lunes 29 de julio se llevó a cabo una reunión entre autoridades federales y estatales con ejecutivos de FEMSA y de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD), en representación de las tiendas Smart, Coppel y Chedraui, donde recomendaron a FEMSA contar con seguridad interna y acordaron que las autoridades realizarán patrullajes de seguridad a los establecimientos.
Al día siguiente de la reunión, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) en Tamaulipas, Julio Almanza Armas, fue asesinado en Matamoros, en un hecho que fue condenado por otros organismos empresariales que exigieron atender la inseguridad en el estado y en el resto del país.
