Ciudad de México — El regulador energético de México, conocido como Comisión Reguladora de Energía (CRE), tiene problemas para vigilar el mercado energético de México: solo cuenta con siete verificadores para inspeccionar todo el mercado energético del país.
En entrevista exclusiva con Bloomberg Línea, la comisionada Norma Leticia Campos Aragón dijo que, aunque hay esfuerzos de verificación coordinados con otras dependencias del Gobierno mexicano como la Guardia Nacional, la autoridad carece del personal suficiente para inspeccionar a las empresas reguladas en el país.
La CRE vigila 24.500 permisos entregados a empresas públicas y privadas que participan en el sector de gas y petróleo, gas LP, combustibles, petroquímicos, bioenergéticos, además de generación, suministro, importación y exportación de energía eléctrica.
Durante 2022, la autoridad únicamente realizó 347 visitas de verificación en materia de gas natural, gas LP y petrolíferos y 48 más a empresas permisionarias de la industria eléctrica. Para darle una dimensión al problema, México tiene 13.000 estaciones gasolineras distribuidas en las 32 entidades del país y solo realizó 235 visitas de verificación en el sector de petrolíferos el año pasado, según su informe de labores más reciente.
En 2019, la CRE realizó 913 verificaciones, la cifra más alta en la historia de la Comisión en materia de hidrocarburos, a 37 más a permisionarios del sector eléctrico. El regulador enfrentó recortes presupuestales, además de actividades limitadas por la pandemia de Covid-19 desde 2020, y fue hasta 2022 cuando aumentó la cantidad de permisos aprobados y recibió incrementos presupuestales.
“Prácticamente no hay verificación”, dijo Campos Aragón.
La comisionada mencionó que hay un “problema serio” de robo de gasolina, delito conocido como huachicol, y que se relaciona con la calidad de la gasolina, seguridad de los usuarios, incluso con las finanzas del Estado mexicano en materia de impuestos y la CRE no tiene capacidad de “ser más rigurosa” por la falta de verificadores.
Aunque Pemex redujo mayoritariamente el robo de combustibles desde el inicio del sexenio, la empresa aún pierde un promedio de 5.700 barriles diarios de gasolina y diésel, equivalentes a MXN$7.100 millones (US$350 millones), durante 2022 por extracción ilegal en ductos de combustibles, según estimaciones hechas con datos de la compañía estatal dirigida por Octavio Romero Oropeza.
Para revertir la escasa verificación en el sector de, la CRE necesita de autonomía financiera para contratar más personal, pues obtiene recursos al cobrar por los permisos, pero la también investigadora de la UNAM explica que la decisión depende del comisionado presidente Leopoldo Vicente Melchi.
Irregularidades
Desde el año pasado, Campos Aragón y el comisionado Luis Linares Zapata han denunciado más de 200 irregularidades en la entrega de permisos para estaciones gasolineras, como parte de un frenesí aprobatorio por parte del órgano de gobierno de la CRE luego de tres años de sequía.
Uno de los casos más representativos fue cuando el presidente de la CRE defendió la presunción de inocencia de los accionistas del grupo gasolinero Hidrosina antes los señalamientos de la comisionada.
La economista egresada de la UNAM explica que en ocasiones los requisitos para aprobación “no están siendo tan rigurosos” con las empresas que solicitan permisos energéticos, pero no significa que el resto de los comisionados no estén de acuerdo en el desarrollo económico del país.
“Esas son las confrontaciones que se observan hacia afuera, pero de ninguna manera no es que estemos de acuerdo todos en que queremos el desarrollo nacional, sí queremos el desarrollo nacional y sí queremos poner orden”, dijo.
¿Más permisos?
La CRE tiene casi 10.000 trámites de empresas pendientes de votación, de los cuales, 7.887 corresponden a hidrocarburos y 858 a electricidad, mientras 1.218 más están en proceso de prerregistro.
La doctora en ciencias sociales por la UAM comenta que existe un desconocimiento de algunos solicitantes incluso en las cantidades de inversión mínimas para construir una estación de servicio que terminan en una negación de permiso.
“No es que haya parálisis, es que los requisitos son más duros”, agregó.
Sobre el tema de permisos de generación de electricidad, la comisionada dijo que hubo una política de desmantelamiento de la empresa estatal CFE con la apertura de inversión privada en la producción de energía, y comparó el sistema eléctrico nacional con un tendedero donde se colgó más ropa de la que podía sostener, y por esa razón existe una saturación en las líneas de transmisión donde ya no se pueden instalar nuevas centrales eléctricas.
“Necesitamos inversionistas que inviertan, no que se recarguen en el presupuesto del Estado”, agregó.
La representante de la CRE que sí tienen que haber acuerdos entre el Gobierno y sector privado para aumentar la infraestructura de transmisión eléctrica, pero reconoce que hay una “desconfianza mutua tremenda”.
Campos Aragón dice que México necesita un regulador fuerte tras la imposición de un modelo energético importado, mediante la apertura a la inversión privada desde 1992 y con la reforma energética de 2013, en un país con más de la mitad de su población en situación de pobreza.
“Ahora tenemos que poner orden en un modelo que no está hecho para las características de nuestro país”, dijo.
La CRE se encarga de regular el transporte, almacenaje, distribución, comercio y ventas minoristas de combustibles derivados del petróleo y gas, además de la generación, venta y comercialización de electricidad.