Ciudad de México — El regulador antimonopolio de México, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), tiene en sus manos un acuerdo multimillonario entre la empresa española Iberdrola y el Gobierno de México valuado en US$6.000 millones sobre 13 plantas eléctricas.
Una fuente con conocimiento de la operación que pidió el anonimato dijo a Bloomberg Línea que a la compraventa de las centrales eléctricas solo le hace falta el pronunciamiento de la autoridad reguladora que preside Andrea Marván Saltiel.
El 4 de abril de 2023, Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola y Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, anunciaron un acuerdo de venta por 12 plantas de ciclo combinado de gas natural y vapor, además de un parque eólico al Gobierno para que sean operadas por la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Una vez se tenga el acuerdo final y la aprobaciones regulatoria, se espera que la transacción se cierre antes de final de año”, señaló Iberdrola en una presentación para inversionistas en abril del año 2023.
El grupo financiero Barclays y el banco de desarrollo Banobras dijeron previamente a Bloomberg Línea que la operación se concluiría al cierre de 2023.
Bloomberg Línea consultó a la Cofece, pero declinó comentar sobre el tema. Hacienda no respondió a la solicitud de información.
Los 8.539 MegaWatts de capacidad de generación eléctrica contemplados en la venta significan el 80% de la capacidad de Iberdrola en México.
Para López Obrador la venta de las plantas eléctricas representa una “nueva nacionalización” de la industria eléctrica en México, luego de años de conflicto con Iberdrola por el esquema de autoabasto eléctrico, calificado por el mandatario como un “fraude”. CFE no será la dueña de las plantas, sino únicamente su operadora.
El acuerdo incluye un complejo esquema de financiamiento a través de un fondo federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, banca de desarrollo y privada, así como la emisión del vehículo financiero Certificado de Capital de Desarrollo, conocido como CKD, que será administrado por la firma privada Mexico Infrastructure Partners (MIP).
El 19 de abril de 2023, el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo que todos los flujos de ingresos de las plantas eléctricas se acumulan en favor del Estado mexicano a partir del 1 de enero de 2024, según el memorándum de entendimiento pactado con Iberdrola.
Iberdrola, además, recibirá una tasa de interés anual de 3,6% por los flujos hasta que se cierre la compra, por lo que Hacienda tiene el “incentivo para cerrar la compra con rapidez”, según Ramírez de la O.
El trato del Gobierno mexicano, a través de la Comisión Reguladora de Energía, hacia Iberdrola cambió significativamente tras el anuncio y ha aprobado cambios en favor de la compañía, la cual enfrenta una multa superior a US$500 millones por una supuesta venta ilegal de energía bajo un permiso de autoabasto eléctrico, operación prohibida en la legislación mexicana para dicho esquema.
