Ciudad de México — La elección por voto popular de jueces y ministros, el corazón de la reforma judicial del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se topó con una barrera de interrogantes sobre una crisis constitucional que se asoma en los primeros días del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El sistema judicial de México atraviesa por una encrucijada jurídica desatada por los argumentos polarizados sobre la constitucionalidad de la reforma judicial.
Sheinbaum y Morena, el partido del oficialismo, aseguran que las suspensiones judiciales no proceden y desafían el orden constitucional cuando la reforma judicial es un hecho consumado, pero al mismo tiempo los jueces y la oposición acusan al Poder Ejecutivo y Legislativo de desafiar el orden constitucional con el desacato de las suspensiones judiciales.
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La reforma judicial fue promulgada por López Obrador y desde el 1 de octubre la primera mujer presidenta de México, junto con la supermayoría de Morena y aliados en el Congreso, iniciaron la implementación de la reforma ignorando resoluciones judiciales orientadas a frenar la reforma.
Sheinbaum ha defendido la reforma judicial en su incipiente Gobierno desde las conferencias matutinas heredadas por AMLO, como se le conoce al expresidente, bajo el argumento de que el 2 de junio casi 36 millones de mexicanos votaron por el Plan C: mayoría calificada en el Congreso para aprobar la reforma al Poder Judicial.
Al cumplirse tres semanas de iniciado el sexenio, la presidenta acaloró la discusión sobre la ruptura del marco constitucional en México tras posicionarse respecto de la postura de la autoridad electoral y el resolutivo de una jueza sobre el Poder Ejecutivo.
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La elección de jueces y ministros, ¿tambalea?
El Instituto Nacional Electoral (INE) pausó la organización de la elección de jueces, magistrados y ministros a la espera de que las resoluciones lleguen y surtan los efectos correspondientes, es decir, se espera que haya definiciones.
Esta situación representa para el instituto una complicación operativa y de planeación presupuestal, por lo que todavía no se instala la Comisión Temporal de Seguimiento al Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, ni la mesa de coordinación con el Senado y con el Consejo de la Judicatura.
Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, declaró que el instituto respeta las atribuciones y competencia de los jueces porque ellos pueden emitir amparos, sin embargo, también dijo que en materia electoral no proceden los amparos.
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La titular del INE dijo que el organismo electoral está frente a dos situaciones, la primera es que tiene que ser congruente con el mandato constitucional y la segunda es sobre las 140 notificaciones de amparo emitidas por jueces del Poder Judicial que ha recibido el instituto.
“A ambos dos se les debe respeto (…) yo espero que muy pronto tengamos definiciones”, expuso Taddei.
Sheinbaum dijo que el INE no tendría por qué detener el proceso de organización de la elección, ya que es una decisión del pueblo de México y, además, la reforma judicial es ya una reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación.
“Los consejeros deben seguir lo que establece la Constitución, no hay ningún amparo”, dijo en la conferencia matutina del 17 de octubre.
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Mientras el INE se encuentra inmovilizado en la organización de la elección, el Senado sorteó en una tómbola los cargos de magistrados de circuito y jueces de distrito que se elegirán el primer domingo de junio de 2025 y en la elección federal de 2027 y los partidos de oposición presentaron acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La tómbola arrojó que, de un total de 927 magistraturas de circuito, la mitad (464 plazas) se elegirán en junio de 2025 y el resto en 2027, mientras que, de un total de 772 jueces de distrito, 386 plazas participarán en la elección del próximo año y el resto se elegirá en 2027.
Sheinbaum, ¿en desacato legal?
La presidenta de México y la supermayoría de Morena en el Congreso han ignorado alrededor de 170 suspensiones que fueron promovidas ante jueces de distrito para frenar la reforma judicial que, en opinión general de la oposición, de empresas, bancos, de Estados Unidos y de calificadoras, vulnera la independencia judicial y genera incertidumbre jurídica.
Pero de todas esas resoluciones judiciales, probablemente la que dictó la jueza de distrito en Veracruz, Nancy Juárez, el 16 de octubre de 2024, es la que ha provocado la mayor reacción de Sheinbaum e incluso de dirigencia nacional de Morena encabezada por Luisa María Alcalde.
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La jueza ordenó eliminar la publicación del decreto de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF) en un término de 24 horas y apercibió a la presidenta y al director del DOF que, de no cumplir con el requerimiento de esta resolución, se dará vista al Ministerio Público al formularse un delito.
Sheinbaum afirmó en su conferencia matutina del 18 de octubre que, jurídicamente no tiene sustento la orden de la jueza, por lo que no se eliminó del DOF el decreto de la reforma judicial. “La juez no tiene atribución, una juez no está por encima del pueblo de México”.
La mandataria advirtió que denunciaría a la jueza ante el Consejo de la Judicatura, quien este domingo 20 de octubre recibió el apoyo de trabajadores del Poder Judicial que marcharon en Ciudad de México para respaldar a la juzgadora.
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La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) subrayó que el no acatamiento de los resolutivos judiciales se está convirtiendo en un ejercicio sistemático que implica “un grave riesgo” para la protección de los derechos de los gobernados.
“En cualquier país democrático las objeciones a las decisiones judiciales se controvierten agotando los medios de impugnación y no mediante amenazas de denuncias, situación que demuestra que en el Estado mexicano se ha roto el orden constitucional y el Estado de Derecho”, apuntó.
Max Kaiser, abogado por el ITAM, sostuvo en un comentario en Youtube que Sheinbaum está provocando una “crisis constitucional inédita. No solo provoca desacatos concretos en el caso de la reforma al Poder Judicial, sino que manda el mensaje a otras autoridades de que las resoluciones del Poder Judicial pueden no ser cumplidas”.
