Bloomberg — El presidente electo Donald Trump está planeando nuevas y radicales acciones ejecutivas diseñadas para reprimir los cruces fronterizos ilegales y apuntar a los migrantes indocumentados que ya están en Estados Unidos.
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Trump planea declarar una emergencia nacional en la frontera, ordenar al Pentágono que despliegue más personal en la frontera y tratar de poner fin a la "captura y liberación", la política por la que los migrantes son liberados mientras esperan una audiencia sobre su estatus de asilo.
El presidente electo también está preparando una proclamación para poner fin al proceso de asilo, que, según los funcionarios, permitiría la expulsión inmediata de quienes ya se encuentran en el país a la espera de una vista judicial. La administración buscará reinstaurar la política de “Permanecer en México” que requiere que quienes solicitan asilo permanezcan en México antes de su cita en la corte de inmigración, ordenará a las agencias federales que reanuden la construcción del muro fronterizo y declarará a las pandillas y cárteles involucrados en el contrabando de personas como organizaciones terroristas.
El nuevo presidente también intentará poner fin a la ciudadanía automática por derecho de nacimiento para los hijos de personas que no se encuentren legalmente en el país, y suspender las admisiones de refugiados durante los próximos seis meses. Y se espera que ofrezca nuevas autoridades a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza para llevar a cabo las deportaciones.
En total, las 10 órdenes ejecutivas relacionadas con la frontera representan un cambio drástico en la política de inmigración y marcarán el comienzo de nuevos límites a la inmigración legal e ilegal. Los planes del presidente fueron descritos por un funcionario entrante de la Administración Trump que informó bajo condición de anonimato.
Desafíos judiciales
Es probable que los esfuerzos de Trump enfrenten desafíos judiciales inmediatos, y la implementación real podría resultar difícil. Eso es particularmente cierto de sus esfuerzos para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento y una prohibición total del sistema de asilo. Pero la administración entrante tiene la esperanza de que el mero alcance de los esfuerzos disuadirá la migración ilegal.
Las acciones también pretenden liberar recursos y capacidades gubernamentales adicionales para centrarse en la frontera. Trump también declaró una emergencia durante su primer mandato y ordenó que miles de millones de dólares previamente asignados al Departamento de Defensa fueran redirigidos para financiar la construcción del muro fronterizo, después de que los legisladores bloquearan repetidamente los esfuerzos para asegurar la financiación a través de los medios legislativos tradicionales.
Esa orden fue rescindida por el presidente Joe Biden justo después de asumir el cargo en 2021.
Los funcionarios entrantes de la administración Trump no han detallado qué implicará esta vez la declaración de emergencia nacional, pero dijeron que planea desplegar tropas tanto en servicio activo como de la Guardia Nacional en la frontera suroeste y ordenará la finalización de su largamente prometido muro fronterizo.
Trump también tomará medidas para designar a las bandas MS-13 y Tren de Aragua como organizaciones terroristas, así como a los cárteles mexicanos responsables del contrabando de drogas a través de la frontera. Los cárteles mexicanos generan miles de millones de dólares al año, dominan el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y se dedican al contrabando de personas.
La designación podría imponer sanciones financieras y consecuencias legales más duras en EE.UU. Sin embargo, podría poner en peligro las relaciones con México, un socio comercial fundamental, que ya son tensas después de que Trump amenazara con aumentar los aranceles.
Varias organizaciones y bandas internacionales de narcotraficantes, incluida la MS-13, han sido declaradas anteriormente Organizaciones Criminales Transnacionales y sancionadas por el Departamento del Tesoro. Uno de los líderes de los cárteles de más alto perfil, Ismael Zambada García, conocido como "El Mayo", que codirigió el cártel de Sinaloa en México, se encuentra detenido en Estados Unidos.
Ciudadanía por derecho de nacimiento
La orden de Trump sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento desafía una interpretación largamente sostenida de la 14ª Enmienda de la Constitución estadounidense -adoptada en 1868 tras la Guerra Civil para clarificar el estatus de las personas anteriormente esclavizadas- que se lee como que otorga la ciudadanía a cualquier niño nacido en suelo estadounidense.
Esa interpretación ha sido cuestionada con anterioridad y, en una decisión de 1898, el Tribunal Supremo dictaminó que no se podía negar la ciudadanía a una persona nacida de inmigrantes chinos con residencia permanente en EE UU. Los detractores de la ciudadanía por derecho de nacimiento argumentan que no debería aplicarse a los hijos de inmigrantes ilegales ni al llamado "turismo de nacimiento", en el que las personas viajan a EE.UU. hacia el final de su embarazo para asegurarse de que su hijo nazca ciudadano estadounidense.
Durante la campaña, Trump dijo que daría instrucciones a las agencias federales para que exigieran que al menos uno de los progenitores fuera ciudadano estadounidense o residente legal permanente para que sus hijos se convirtieran automáticamente en ciudadanos estadounidenses, y aseguró que a los hijos de padres en el país de forma ilegal no se les expedirían pasaportes, números de la Seguridad Social ni tendrían derecho a ciertas prestaciones financiadas por los contribuyentes.
Suspensión de la acogida de refugiados
La suspensión durante seis meses del reasentamiento de refugiados se suma al esfuerzo de Trump durante su primera administración, cuando recortó de 110.000 a 15.000 el tope para quienes huyen de la persecución a EE.UU., el límite más bajo de admisión de refugiados en la historia del país. Esa medida fue muy criticada por los defensores de la migración.
En el último año fiscal, EEUU reasentó a más de 100.000 refugiados, la mayor cifra anual en tres décadas, según informó el anuncio de Biden. La mayoría de los refugiados procedían de la República Democrática del Congo, Afganistán, Venezuela, Siria y Ucrania, probablemente debido a los conflictos en curso y a las crisis humanitarias en estas regiones, según los datos recogidos por el Centro de Procesamiento de Refugiados.
--Con la colaboración de María Paula Mijares Torres, Stephanie Lai y Ellen M. Gilmer.
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