Ciudad de México — La reforma constitucional que busca la reducción de la jornada laboral en México está inquietando a sectores del ámbito laboral en temas relacionados con los costos para las empresas, el pago de horas extras y si habría gradualidad en la aplicación de la reforma.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el 25 de abril de 2023 la reforma al Artículo 123 del Apartado A de la Constitución que establece la reducción de la jornada laboral en México, a fin de garantizar a los trabajadores dos días de descanso por semana.
La reforma que plantea la reducción de 48 a 40 horas la jornada laboral comenzó a discutirse este lunes 16 de octubre en Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados, en lo que se considera un paso previo para poder llevarla al Pleno y sea eventualmente aprobada por los legisladores hacia final de noviembre, una vez que haya sido avalado el Presupuesto de Egresos 2024.
El sector patronal, magistrados laborales, abogados y expertos coincidieron en el Parlamento Abierto en que es necesario mejorar el bienestar de los trabajadores porque el país también se beneficiaría de esa condición, sin embargo, los patrones discrepan de los diputados de Morena promoventes de la reforma en cuanto a las implicaciones.
Susana Prieto Terrazas, diputada de Morena y promovente de la reforma, dijo que para proponer dicha reforma escuchó a los trabajadores quienes le dijeron que sus jornadas laborales son extenuantes, que no pueden convivir con sus hijos y que un día de descanso es insuficiente.
“Esta iniciativa no tiene otro objetivo que la justicia social, se la debemos a los trabajadores y las trabajadoras de México. Lo único que podría tener razón la clase empresarial es que se van a elevar un poco sus costos, pero la justicia social va a tener mejores resultados en productividad para ellos”
Susana Prieto Terrazas, diputada de Morena
¿Cuáles son los costos para las empresas por la reducción de la jornada laboral en México?
Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), fue el único de los ocho ponentes que en el parlamento presentó estimaciones del impacto de la reforma en cuanto a costos para las empresas.
Dijo que se calcula que la reducción de la jornada laboral requerirá que se cubran 105 millones de horas semanales que actualmente laboran trabajadores con jornadas mayores a 40 horas.
Lo anterior -agregó- implicaría que se requerirán cuando menos 2,6 millones de trabajadores que laboren jornadas reducidas, además, el costo por concepto de tiempo extra y por concepto de días de descanso laborados tendría un impacto anual aproximado de MXN$360.000 millones.
Santiago Irusteta, abogado laboral para Industrias Bachoco México, dijo que la implementación de tajo de la reforma podría tener muchos impactos en el comercio y principalmente en el producto final, ya que habría incrementos en las nóminas de las empresas, incluso, las inversiones se pudieran llegar a ver frenadas.
Ricardo Barbosa, presidente nacional de la Comisión Laboral de Coparmex, afirmó que no es el momento de aprobar la reforma como está planteada, ya que antes se tiene que disminuir la informalidad y aumentar la productividad.
Consideró que la reforma traerá un aumento de nómina entre 35% y 40% en empresas que son grandes empleadoras. “No hay ninguna empresa que pueda absorber ese costo sin que se vea reflejado en aumento en productos.
¿La reducción de la jornada laboral aumentará el pago de horas extras?
Lorenzo Roel dijo que, debido a las condiciones actuales de empleabilidad, productividad e informalidad, la reforma no generará mayor productividad ni más descansos para los trabajadores como erróneamente se ha verbalizado.
Es decir, la reducción de la jornada laboral impactará en el pago de tiempo extra y días de descanso laborados que incrementarán los costos laborales entre un 25% y un 40% y en algunos de los casos lo que se provocará es un aumento en los precios finales de los productos.
Carlos Ferrán, socio director y fundador de Ferrán Martínez Abogados, hizo votos para que la reforma no afecte a los sectores económicos y prive la responsabilidad, pues no se trata de un juego de vencidas entre sector patronal y legisladores.
Apuntó que un tema a revisar es ver si la reforma que reduce la jornada laboral no va a terminar generando un mayor pago de tiempo extra, esto porque ante un mayor trabajo que se tendrá que compensar podría terminar anulando el espíritu mismo de la reforma y representaría costos laborales.
Héctor Mercado, magistrado integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito Judicial, dijo que para que la reforma sea eficaz se requerirá limitar el fenómeno de las horas extras para evitar las jornadas extendidas.
Es decir, se deberá evitar que suceda un escenario en que el trabajador labore 8 horas y 5 días a la semana, pero que al final tenga que quedarse un día más a laborar (el sábado) con el riesgo de que el patrón no reconozca las horas extras trabajadas y no se las pague.
¿La reforma de reducción de la jornada laboral podría aplicarse de forma gradual?
El magistrado Héctor Mercado consideró que sí es momento de que la Cámara de Diputados apruebe la reforma de reducción de la jornada laboral, por lo que lo único que debe estar a discusión es cómo aplicar la reforma.
El magistrado sugirió a los diputados integrar en el dictamen un artículo transitorio que otorgue a las empresas un plazo de gracia (entrada en vigor) de un año, un periodo que sería para capacitar a los trabajadores en todas las áreas de las empresas para que se incremente la productividad.
María del Rosario Jiménez Moles, magistrada presidenta de la Octava Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, dijo que hay que cuidar a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), entendiendo que una pequeña empresa no tiene más de 30 trabajadores y una mediana más de 60 trabajadores.
En sentido, comentó que la reforma podría dar un año como periodo de gracia para que entre en vigor, a fin de que sea gradual su implementación, pero lo que no es posible -matizó- es que se siga con una jornada amplia cuando hay países que hablan de 32 horas de jornada laboral semanal.
Lorenzo Roel subrayó que, como resultado del dialogo social, se tendría que definir en qué actividades económicas puede y debe reducirse la jornada de forma progresiva, cuando sea apropiado y de acuerdo con circunstancias nacionales y conforme a condiciones de cada sector.
Sofía Ramírez, directora general de México, ¿cómo vamos?, expuso que las MiPymes son esenciales para el empleo y el crecimiento, por lo que toda reforma laboral debe incorporar un dialogo social con los sectores productivos, así como analizar el alcance de los costos y beneficios por tipo de población.
Dijo que es importante revisar quiénes serán los trabajadores beneficiados de la reforma. En ese sentido, indicó que hay alrededor de 15,6 millones de personas que trabajan más de 40 horas en el sector formal y hay 35 millones de personas que trabajan menos de 40 horas o trabajan en la informalidad laboral.
De los 15 millones de persona formales, dijo, alrededor de 7,2 millones son personas en MiPymes y 6,7 millones están en empresas grandes.
